ONG ponen deberes a Sánchez contra la pobreza infantil: 100 euros al mes por hijo para familias vulnerables

La creación de un Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que dependerá funcional y orgánicamente del recién investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue recibida con "ilusión" y "alegría" por las organizaciones y expertos que, especialmente en los últimos años, vienen advirtiendo de que la infancia encarna la cara más amarga de la exclusión social en España y de que son las familias con hijos las que de forma más desproporcionada han sufrido las consecuencias del paro y los recortes de los años de crisis.

Las cifras de Eurostat apuntan en esa dirección. El riesgo de pobreza o exclusión social, que es el principal indicador utilizado en Europa para medir el peso de las personas menos favorecidas en una sociedad, alcanzaba en 2016 (últimos datos disponibles) al 32,9 % de la población infantil, cinco puntos por encima del resto de la población (27,9%). El término –también denominado Arope, del inglés, at risk of poverty or social exclusion– se compone de tres variables: riesgo de pobreza, baja intensidad en el empleo o carencia material severa. En términos absolutos son 2.749.000 los menores que están en esta situación, según una estimación de la ONG Save the Children. 

Otro indicador relevante es el de la tasa de riesgo de pobreza, que es uno de los tres indicadores de Arope y mide la desigualdad, es decir, cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población. 2.461.008 menores, el 29,7%, padece una situación de pobreza relativa al vivir en hogares con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana, unos 1.436 euros al mes para toda la familia (dos adultos y dos niños). La situación de 1.329.510 de ellos todavía es peor, pues los ingresos totales de su familia (dos adultos y dos niños) apenas alcanzan los 930 euros al mes. Esto último se conoce como pobreza severa y afecta al 15,9% de los menores residentes en España. Todos los datos citados corresponden a 2016, que son últimos publicados, y han sido recopilados por Save the Children a partir del INE. 

En todo caso, este no es un problema que haya emergido únicamente con la crisis. De hecho, entre 2009 y 2013, la tasa Arope en la infancia se mantuvo en torno al 32%, entre cinco y siete puntos porcentuales por encima de la del resto de la población. En 2014 experimentó el mayor aumento de todos los grupos de edad, llegando al 35,8%. Y en 2015 y 2016 se observó una suave reducción, aunque se ha seguido manteniendo en cotas altas. 

La propuesta, adelantada por la Cadena Ser, ha sido la primera en conocerse del nuevo Gobierno. Gabriela Jorquera, técnica del departamento Sensibilización y Políticas de Infancia de esta Save the Children, confía en que la creación de este alto comisionado contribuya a "sacar del olvido" a la pobreza infantil y logre posicionarla "en un lugar prioritario en la agenda política". "Se está lanzando un mensaje muy potente al incluir esta política entre las que dependerán directamente del presidente del Gobierno", asevera.

"No queremos aventurarnos más allá de la cuenta hasta que veamos en qué consiste, pero en principio es un anuncio estupendo que muestra como algunas de las prioridades que hemos venido poniendo encima de la mesa se han tomado como algo absolutamente prioritario", señala, por su parte, Maite Pacheco, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Unicef España. 

Aunque admiten la imposibilidad de llevar a cabo nuevos desembolsos económicos dado que Sánchez anunció el pasado viernes que mantendrá unos Presupuestos que apenas consagran 346 millones de euros para esta política, las ONG especializadas en la protección a la infancia ya ponen deberes al nuevo Ejecutivo. Ven indispensable aumentar tanto la cobertura como la cuantía de la prestación por hijo a cargo, que actualmente es de 24,25 euros al mes. Tanto Save the Children como Unicef consideran que debería aumentarse hasta los 100 euros al mes y priorizar a las familias que están en situación de pobreza severa. "Las más pobres de entre las pobres", en palabras de Jorquera. 

Pacheco, de Unicef, asegura que según los cálculos de su organización esta medida costaría un 0,22% del PIB. Actualmente, España invierte en el conjunto de medidas dedicadas a la protección social a la familia y a la infancia apenas el 1,3% de su riqueza, un porcentaje que está bastante lejos de la media europea, situada en el 2,4%. "Con estos fondos podríamos sacar de la pobreza a 2,5 millones de niños", asegura. 

Asimismo, desde Save the Children piden a Sánchez que ponga en marcha una certificación a nivel estatal que garantice la protección y seguridad jurídica de las familias monoparentales, en su gran mayoría formadas por mujeres solas que tienen que sacar adelante a sus hijos. "Las tendencias demográficas nos muestran que este tipo de familia está en auge. Habría que empezar con las que tiene perfiles de especial riesgo: las que están en situación de pobreza severa, las que tienen dos o más hijos...", explica Jorquera. Su propuesta es crear un título oficial similar al del que se benefician las familias numerosas y que abre la puerta a descuentos públicos y fiscales. 

Además, incluso en el corto plazo y bajo el paraguas de los Presupuestos de 2018, las ONG consideran que hay políticas que puede ir impregnándose de la "coherencia" de este alto comisionado. "Por ejemplo, si está previsto invertir cierto dinero en la educación de 0 a 3 años, pues sería interesante focalizarlo en los más vulnerables. Ya se puede empezar a dar algunos pasos aunque sea cruzando políticas parciales y buscando la mayor eficacia", señala Pacheco. 

Diagnóstico previo 

Antes de poner en marcha medidas concretas, el sociólogo Pau Marí-Klose, que esexperto en desigualdad e infancia, cree que la principal prioridad es "lograr un diagnóstico compartido sobre la situación y las recetas que mejor pueden ayudar a combatir el problema" en el que estén implicados distintos agentes políticos y sociales, incluyendo entidades y organizaciones de representación sectorial y muy especialmente el mundo académico que, a su juicio, debe jugar un papel destacado. Asegura que este es el camino se siguió en el Reino Unido, donde bajo los mandatos de los laboristas Tony Blair y Gordon Brown se logró avanzar mucho en este terreno. 

De hecho, Marí-Klose sostiene que un organismo de este tipo "no puede nacer con la vocación de resolver el problema en unos meses". "Es un proyecto a medio y largo plazo, pues debe ayudar a impulsar políticas y luego contribuir a evaluar su impacto", señala. "Un proyecto de estas características debe nacer con la vocación de aunar esfuerzos colectivos de diferentes sensibilidades políticas y sociales. En una primera etapa solo puede contribuir a meter el tema sólidamente en la agenda política, tejiendo complicidades. Las necesidades presupuestarias aparecen en años posteriores", añade. 

Y recupera el ejemplo del Reino Unido, donde Blair proclamó en 1999 que la intención era erradicar la pobreza infantil en una generación. "Estuvo diez años en el gobierno para comprobar que sus políticas habían propiciado una mejora sensible en la lucha contra la pobreza y la exclusión infantil, pero evidentemente su objetivo quedó inacabado. Gordon Brown recogió el testigo e incluso hoy, los Gobiernos conservadores han mantenido en buena medida esas políticas", subraya. 

Las fuentes consultadas ven con buenos ojos que el nuevo Ejecutivo vaya articular esta política a través de un organismo que va a depender directamente del presidente. "Si funciona como creemos, lo preferimos a una secretaría de Estado o una dirección general. Entendemos que este organismo tendrá capacidad para generar una coherencia de políticas entre los diferentes ministerios. El hecho de que dependa de Presidencia también indica un cierto nivel de voluntad política y de priorización", dice Pacheco, de Unicef. 

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Marí-Klose, que también es profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza, cree que es una figura "interesante" que, a su juicio, busca desplegar una política trasversal, que requiere la implicación y compromiso de muchos ministerios y diálogo con la sociedad civil. "Representa una nueva forma de hacer política que persigue impulsar iniciativas públicas ambiciosas  superando trabas institucionales derivadas de la compartimentalización de la política en espacios estancos que corresponden estrictamente a jurisdicciones ministeriales. El hecho de alojarlo en Presidencia le otorga una preeminencia institucional evidente, al comprometer directamente al presidente en su éxito", subraya. 

También coinciden los expertos consultados en la importancia de afrontar con "urgencia" esta situación también por la repercusión que tiene en el futuro. "No es algo coyuntural, lo niños que ahora se quedan atrás siempre irán rezagados, lo que se traducirá en menos oportunidades cuando sean adultos", señala Pacheco. 

Marí-Klose, por su parte, recuerda que "existe evidencia que demuestra que los recursos que se invierten en infancia, particularmente la más vulnerable, además de equitativas al beneficiar más a los colectivos más desfavorecidos, resultan rentables porque permiten capitalizar el talento natural de niños pobres, que de otra manera se hubiera echado a perder". "Los niños que han podido desarrollar todo su potencial gracias a la protección pública terminan convirtiéndose en adultos productivos que realizan contribuciones a su sociedad en forma de mayores cotizaciones, que permiten sostener el gasto público, y mayor potencial para innovar y aportar creatividad en la economía", sentencia.