La ultraderecha —representada por partidos como Vox o por plataformas como Hazte Oír— no quiere que ciertos contenidos estén presentes en las aulas. Su herramienta del pin censor, que se empeñan en extender bajo el concepto "pin parental", pretende vetar todos aquellos que tengan que ver con la educación sexual, la igualdad de género, la diversidad o la lucha contra la violencia machista. Los valores constitucionales contra los que lucha la extrema derecha, en definitiva. Sin embargo, distintos organismos internacionales han insistido en la importancia de que esos valores se incluyan en los contenidos educativos. Tal y como recuerda Carlos Sanguino, responsable de educación en derechos humanos de Amnistía Internacional, "hay varios organismos e instituciones que, básicamente, lo que proponen en general es que existan contenidos, programas, asignaturas y actividades que tengan que ver con cuestiones de derechos humanos". Lo ha hecho, por ejemplo, la ONU y el Consejo de Europa.
El Gobierno también se ha mostrado en contra de la aplicación del pin censor y ha insistido en la necesidad de que los alumnos reciban clases sobre ese tipo de contenidos. De hecho, el Ejecutivo ha mostrado su intención de interponer un recurso por la vía contencioso-administrativa si Murcia, la única comunidad que ha puesto en marcha la herramienta, no da marcha atrás y expulsa al "pin parental" de sus aulas en un plazo máximo de un mes. La ministra de Educación, Isabel Celaá, que fue quien lo anunció, se mostró de hecho muy contraria a la aplicación del "pin parental". "Los valores constitucionales pasan a leyes orgánicas que establecen la obligación de ser educado de tal manera que desarrolles tu personalidad en el respeto a la convivencia, a los derechos y libertades", dijo. Unas palabras muy en la línea de lo que defienden los organismos internacionales que apuestan por la inclusión de este tipo de contenidos en el currículo escolar.
La ONU y el Programa Mundial para la educación en Derechos humanos
A finales del año 2004, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Programa Mundial para la educación en derechos humanos, que se puso en marcha un año más tarde y que, todavía hoy, continúa vigente. El objetivo era, tal y como informa la propia institución, "promover el entendimiento común de los principios y metodologías básicos de la educación en derechos humanos, proporcionar un marco concreto para la adopción de medidas y reforzar las oportunidades de cooperación y asociación, desde el nivel internacional hasta el de las comunidades". Se puso en marcha a través de un "documento base" —tal y como explica Sanguino— que asegura que "la educación en la esfera de los derechos humanos es un proceso a largo plazo que se prolonga durante toda la vida".
Se construyó como una sucesión de etapas. Y actualmente el programa se encuentra en el desarrollo de la cuarta, que comenzó, otra vez, con la aprobación de una resolución que reafirmó "el llamamiento que hizo la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993". Un llamamiento que consistió en resaltar y recordar a los distintos Estados "la importancia de incorporar el tema de los derechos humanos en los programas educativos". "La educación debe promover la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones amistosas entre las naciones y todos los grupos raciales o religiosos y alentar el desarrollo de actividades de las Naciones Unidas para alcanzar estos objetivos. Por lo tanto, la educación en derechos humanos y la difusión de información adecuada, tanto teóricos como prácticos, juegan un papel importante", recoge la declaración.
"Son recomendaciones muy amplias y muy genéricas porque así la ONU consigue que los Estados estén de acuerdo. Luego son ellos los que tienen que ver cómo las transforman en leyes", explica Sanguino. "Aquí lo que pedimos siempre al Gobierno es que esto se transforme en leyes educativas y en decretos de desarrollo de la legislación", añade.
Consejo de Europa: respeto a la diversidad desde el aula
Cinco años después de que se pusiera en marcha el programa de la ONU, el Consejo de Europa dictó una recomendación en el mismo sentido a los Estados miembros. Esta institución fue bastante más clara y directa. "Es especialmente concreta", añade Sanguino. A lo largo de 32 páginas, el organismo europeo insistió en la necesidad de respetar la diversidad sexual. "La presente recomendación", comenzaba el texto, "invita a los Estados miembros a que rijan en su legislación políticas y prácticas [...] con miras a proteger el respeto de los derechos humanos de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales y a promover la tolerancia hacia las mismas".
Lo hizo, apuntó el documento, porque se había observado "un alto nivel de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género". "Desde hace siglos, las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales han sido y siguen siendo objeto de homofobia, transfobia y otras formas de intolerancia generalizada y persistente, por motivos de orientación sexual o identidad de género, que llevan a actos hostiles que van desde la exclusión social a la discriminación en toda Europa y en todos los ámbitos de la vida", denunció el Consejo, que tenía claro cuáles eran los pasos que había que dar para frenar esos comportamientos.
Uno clave, recogió en su recomendación, era la educación. "La escuela desempeña un papel crucial, sobre todo en vista de que la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género entre los jóvenes es un factor que contribuye a su aislamiento y malestar general e incluso puede llevar a intentos de suicidio", dice el documento. Por eso, añadió, "los Estados deberían garantizar el derecho de niños y jóvenes a recibir instrucción en un ambiente seguro". "Los Estados deberían abordar la cuestión de la orientación sexual y la identidad de género de manera respetuosa y objetiva en los programas de estudio o en las clases de salud y educación sexual, por ejemplo, y establecer programas de formación y actividades de apoyo y orientación para los maestros".
Pero el organismo especificó más. Según añadió, los Estados "deberían producir y distribuir manuales destinados al personal docente y fomentar la organización de campañas escolares y eventos culturales contra la homofobia y la transfobia". Y además, deberían trabajar para poner los medios necesarios que consigan "satisfacer adecuadamente las necesidades especiales de los estudiantes transexuales". "Por ejemplo, facilitando el cambio de nombre o el género en los documentos escolares", sentencia.
Comité de Derechos del Niño: motivos de preocupación
El Comité de los Derechos del Niño, como organismo de la ONU, visita periódicamente a los países para comprobar si estos respetan las convenciones que Naciones Unidas dicta sobre los derechos humanos de los menores. Y cuando el organismo termina su examen, publica su resultado. La última vez que publicó el de España fue en 2018. Y la nota no fue demasiado elevada. La institución "hizo dos recomendaciones: una sobre la necesidad de adoptar medidas relacionadas con cuestiones de acoso escolar y otra sobre cuestiones de género", recuerda Sanguino. El documento, añade, venía a afirmar que habían detectado "un problema y que, por ello, había que implementar medidas destinadas a solucionarlo".
"El Comité está seriamente preocupado por la persistencia de la discriminación que sufren los niños por motivos de discapacidad, origen nacional y condición socioeconómica. También manifiesta su preocupación porque, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado parte, persiste la discriminación racial y la estigmatización de los niños romaníes y los niños de origen migrante", expresó el Comité, que por ello instó a España "a reforzar las medidas para prevenir y combatir la discriminación contra los niños en todos los sectores de la sociedad".
No fue sólo por esos motivos. El organismo también se mostró preocupado por "la incidencia del hostigamiento y el acoso, incluso por motivos de discapacidad, orientación sexual e identidad de género, en las escuelas", y también por "la persistencia de estereotipos de género en el sistema educativo, incluso en los planes de estudios escolares y los libros de texto".
El Comité, por tanto, no mencionó de manera específica la necesidad de impartir contenidos destinados a frenar los comportamientos discriminatorios pero, tal y como entiende Sanguino, "no tiene mucho sentido que el Comité de los Derechos del Niño diga que existe un problema de este tipo y se pongan trabas a los talleres que pretenden tratar estos asuntos".
Parlamento Europeo: defensa de la educación sexual
El Parlamento Europeo ha sido otro de los organismos que ha mostrado su apoyo a que los contenidos que ahora quiere censurar Vox de las aulas continúen estando presentes. La institución lo hizo en un caso muy concreto. Tal y como recuerdan fuentes del organismo a infoLibre, el pasado noviembre emitió una resolución por la que condenaba un proyecto del Gobierno ultraconsevador polaco. Lo hizo con 171 votos a favor, 128 en contra y 57 abstenciones.
La noticia saltó a la luz el pasado mes de octubre. El partido nacional-católico Ley y Justicia, liderado por Jaroslaw Kaczynski, pretendía prohibir por ley la educación sexual en los colegios. El proyecto se titulaba "¡Alto a la pedofilia!", una denominación muy acorde con el tipo de conceptos que emplea la ultraderecha para criticar estos contenidos y sobre los que pretende verter una connotación que es, directamente, falsa. Pero sus defensores la justificaron por la supuesta necesidad de "proteger a los niños contra la promoción de las relaciones sexuales entre menores de edad". El Gobierno propuso incluso penar la enseñanza sexual con hasta cinco años de cárcel.
Y el Parlamento Europeo se opuso. Tal y como explican sus fuentes, la institución consideró "que las disposiciones del proyecto de ley penalizarían la provisión de educación sexual integral a menores bajo pretexto de prevenir la pedofilia, lo que tendría un impacto en, entre otros, educadores, activistas, personal de atención médica, psicólogos, editores, periodistas e incluso padres o tutores legales". La Eurocámara enfatizó también que "la salud sexual es fundamental para la salud y el bienestar general de las personas, las parejas y las familias, además del desarrollo social y económico de las comunidades y los países, y que el acceso a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, es un derecho humano".
Vox dice que Twitter ha silenciado su cuenta por incitación al odio tras criticar al PSOE por promover la pederastia con dinero público
En torno a 20 países con contenidos de este tipo
Tal y como expone Sanguino, los datos que la Red Eurydice expuso en el año 2016 revelan que hay en torno a una veintena de países que incluyen asignaturas con este tipo de contenidos en su currículum escolar. "Lo hacen sin gran drama ni polémica", dice. En cambio, en España, tal y como recuerda, se generó un debate muy intenso alrededor de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, muy criticada por la derecha, que llegó incluso a llevarla a los tribunales.
La materia fue introducida por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El líder de la oposición de aquel entonces, Mariano Rajoy, centró gran parte de su discurso en batallarla enarbolando la bandera de la libertad individual. Porque los sectores más conservadores aseguraban que la asignatura tenía un contenido "de un sesgo muy determinado". Por eso muchas familias comenzaron a apelar a la objeción de conciencia para pedir que sus hijos e hijas no cursaran la asignatura, que era obligatoria. Pero el Tribunal Supremo dictó que esa figura no cabía en el terreno de la educación.
La ultraderecha —representada por partidos como Vox o por plataformas como Hazte Oír— no quiere que ciertos contenidos estén presentes en las aulas. Su herramienta del pin censor, que se empeñan en extender bajo el concepto "pin parental", pretende vetar todos aquellos que tengan que ver con la educación sexual, la igualdad de género, la diversidad o la lucha contra la violencia machista. Los valores constitucionales contra los que lucha la extrema derecha, en definitiva. Sin embargo, distintos organismos internacionales han insistido en la importancia de que esos valores se incluyan en los contenidos educativos. Tal y como recuerda Carlos Sanguino, responsable de educación en derechos humanos de Amnistía Internacional, "hay varios organismos e instituciones que, básicamente, lo que proponen en general es que existan contenidos, programas, asignaturas y actividades que tengan que ver con cuestiones de derechos humanos". Lo ha hecho, por ejemplo, la ONU y el Consejo de Europa.