La ONU ha instado al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden "invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista", según ha informado Europa Press.
Así lo han expresado tres relatores de Naciones Unidas en un informe en el que han dado respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas "leyes de concordia" que han sido tramitadas en tres de los territorios donde PP y Vox gobiernan en coalición. El Ejecutivo central elevó la cuestión a la ONU al considerar que estas normas son "contrarias" a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura.
"Las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos", se lee en el documento de la ONU.
Después de analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en dichas comunidades autónomas, los tres relatores han instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que adopte "todas las medidas necesarias" para garantizar "el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórico de "las graves violaciones de derechos humanos".
Según explican, estas leyes "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica" y pueden "acarrear límites al acceso a la verdad" sobre el destino o paradero de "las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos" y también pueden "invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen".
También apuntan a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalan que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil "a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España", quitándole así el reconocimiento a "las centenas de miles" de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.
Por este motivo, han recordado que es deber de "todos los poderes del Estado", incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de "todas las entidades de Gobierno" a nivel nacional, regional o local, "cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos".
"Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación", esgrime el informe.
Los firmantes del documentos son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz. Con este informe, Naciones Unidas responde a la denuncia presentada por el Gobierno contra las leyes de concordia aprobada por PP y Vox en Aragón y que están en trámite en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana.
Torres convocará la Comisión Bilateral con Aragón tras el "contundente" informe de la ONU
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno de España convocará previsiblemente la próxima semana la Comisión Bilateral con Aragón tras el "contundente" informe de la ONU. Así lo ha dicho este viernes en unas declaraciones a los medios de comunicación para valorar la respuesta remitida al Gobierno de España por parte de los relatores de la ONU, donde agregó que por el momento sólo se convocará a Aragón por ser la única que ha aprobado dicha ley.
Torres explicó que el objetivo de la bilateral es que el texto "entre" en lo que es el respeto a los derechos humanos y vuelva al cauce "de la defensa de las condenas del totalitarismo y de la dictadura". De igual modo, apuntó que si el Gobierno de Aragón no se quisiera sentar con el Gobierno de España o que si no se pudiera llegar a una acuerdo, el Estado iría al Tribunal Constitucional.
El Gobierno de Aragón espera hablar con los relatores de la ONU para "contradecir las falsedades"
Por su parte, el Gobierno de Aragón está "a la espera" de hablar con los relatores de la ONU para "contradecir todas las falsedades" que, ha dicho la portavoz, Mar Vaquero, contiene este informe, lo que ha atribuido a "la política de trinchera" del presidente Sánchez. En rueda de prensa, la también vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón ha expresado su "sorpresa y perplejidad" porque el Ejecutivo ha conocido este informe a través de los medios de comunicación, y se ha quejado de que "nadie se ha puesto en contacto con nosotros".
Los "graves errores" que contiene el informe "están provocados de forma consciente e intencionada por el Gobierno de España", en alusión a "las informaciones sesgadas, partidistas e interesadas, una vez más con la única intención de seguir haciendo una política de trinchera, de seguir confrontando con las comunidades que no son las palmeras de Sánchez, y refleja su política de 'conmigo o contra mí".
Entre "los bulos" del informe, Vaquero ha indicado que en Aragón no se ha aprobado una ley de concordia, sino una ley para derogar la Ley de Memoria Democrática, "que divide, es fracturadora y deja a un lado a buena parte de los aragoneses".
Ha avanzado que antes del próximo verano "estará disponible" un Acuerdo de Concordia "basado en el espíritu de la Transición" y cuyo objetivo será que "todos los aragoneses que tienen familiares víctimas de la violencia durante la segunda república, la guerra o la dictadura puedan localizar a sus familiares en fosas o cunetas y darles una digna sepultura".
Vaquero ha tildado también de "bulo" que se haya eliminado el mapa de fosas, haciendo notar que es previo a la Ley de Memoria Democrática, añadiendo que tampoco se ha suprimido la web, que "todavía está". Ha lamentado "el interés del Gobierno de España de provocar este tipo de errores".
Mazón: "Ni se habrán leído la ley valenciana"
El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha destacado que desde que asumió el cargo ha firmado 422 exhumaciones de víctimas provocadas por la violencia de la "horrible dictadura franquista" y ha defendido que la ley de concordia "consolida" los derechos de estas víctimas. Por ello, ha considerado que quien firma el informe de la ONU "ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la Comunitat Valenciana". Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios este viernes, donde ha dicho no conocer ningún informe de la ONU sino "la noticia de una posible filtración de un posible informe" y entiende que "si hay alguna referencia, en ningún caso es sobre la ley valenciana ni el caso valenciano".
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Para Mazón, la ley de concordia propuesta por PP y Vox que tramitan Les Corts en estos momentos "no solo consolida los derechos de las víctimas de la dictadura franquista, sino las de las víctimas de toda violencia política" que cree que "también tienen derechos". En este sentido, ha incidido en que se han iniciado bajo su Consell 422 procesos de exhumación y ha remarcado: "Obras son amores". Por ello, ha remarcado que busca "reconocer, desarrollar y blindar derechos de las víctimas del franquismo así como de las otras víctimas de violencia política". "Esto es la concordia", ha manifestado.
Mañueco afirma que es una "prioridad" el cuidar a todas las víctimas "sin distinción"
Por su parte, el Presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que en la comunidad es una "prioridad política" el "tratar siempre bien a las víctimas, a todas las víctimas, sin distinción". "Esa es nuestra principal preocupación", ha proclamado el líder conservador durante su visita este viernes al Mercado Central y la zona comercial de Reus con motivo de las elecciones catalanas, en la que ha estado acompañado por el candidato del partido por Tarragona, Pere Lluís Huguet.
Allí, Mañueco ha asegurado desconocer el contenido del informe de la ONU, si bien ha señalado que el documento se leerá con "detenimiento" para ver quién lo ha pedido y se analizará qué es lo que el PP está dispuesto a hacer. En relación con esta cuestión, el presidente del PP de Castilla y León ha puntualizado que en la Comunidad es una "prioridad" el apostar por los servicios públicos y en especial por la educación, pero también el cuidar de las víctimas.
La ONU ha instado al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden "invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista", según ha informado Europa Press.