1.558. Esa es la cifra de personas vinculadas con España que controlan sociedades registradas en Luxemburgo, país que gracias a sus ventajas fiscales y su opacidad se ha convertido en uno de los destinos favoritos para las inversiones de multimillonarios de todo el mundo, pero también para el dinero sucio de miembros de organizaciones criminales o de políticos y funcionarios corruptos. La identidad de esas 1.558 personas ha quedado desvelada ahora gracias al proyecto OpenLux, impulsado por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que han elegido a infoLibre como medio colaborador en España.
Luxemburgo estableció en 2019 lo que se conoce como Registro de Titularidades Reales, cuyo acceso es libre y gratuito, pero que tiene una laguna fundamental: solo permite realizar búsquedas por el nombre de una empresa, pero no por el nombre de una persona física. Ello dificulta enormemente cualquier investigación periodística.
Sin embargo, Le Monde consiguió extraer del sitio web del Registro 3,3 millones de documentos de las más de 124.000 empresas operativas en Luxemburgo en 2020, incluidos los que aportan información sobre los verdaderos dueños de cada sociedad. El periódico francés compartió esos documentos con el OCCRP, cuyos equipos de datos y tecnología los procesaron para facilitar su consulta. OCCRP facilitó posteriormente el acceso a la base de datos a una docena de medios de todo el mundo [puedes consultar aquí una información con las preguntas y respuestas clave sobre OpenLux].
¿Quién está en Luxemburgo?
infoLibre publicará una serie de reportajes en los dos próximos meses con las informaciones más relevantes obtenidas tras investigar quiénes son y qué sociedades tienen las 1.558 personas vinculadas con España. La mayoría son ciudadanos españoles, aunque en la base de datos también figuran extranjeros que residen en España o que ocupan cargos en sociedades domiciliadas aquí.
Decenas de empresarios que figuran en la lista de los más ricos de España controlan en el Gran Ducado sociedades que en conjunto disponen de miles de millones de euros en activos. Pero también hay personas implicadas en grandes escándalos de corrupción. De hecho, en la primera entrega de la serie, se desvelan la conexiones entre Rodrigo Rato y el famoso traficante de armas Abdul Rahman El Assir en una sociedad luxemburguesa denominada Wheelerdale Corporation Sàrl, con unos activos de 77 millones de euros, que la Fiscalía Anticorrupción española vincula al patrimonio oculto en el extranjero del exvicepresidente del PP.
Esas 1.558 personas se pueden clasificar en tres grandes grupos.
En el primero están los nombres conocidos, personajes públicos que son los que tienen interés informativo y que centrarán los reportajes de este periódico.
En el segundo se encuentran ejecutivos del sector financiero, especialmente de fondos de inversión y sociedades gestoras de patrimonio. Muchas de estas compañías, aunque tengan su sede en España, montan empresas en Luxemburgo para gestionar desde allí las inversiones de sus clientes.
En el tercero figuran personas sin proyección pública o españoles que residen en el Gran Ducado, y que tienen allí un negocio o pertenecen a la directiva de una asociación o al patronato de una fundación.
Las razones que atraen al capital
Luxemburgo es un pequeño país de poco más de 2.500 kilómetros cuadrados –la mitad de la provincia de La Rioja–, que se ha convertido en el segundo destino más importante del mundo para el capital extranjero. En diciembre de 2019, se acumulaban en el Gran Ducado 5,06 billones de dólares en inversiones de cartera, más que en Japón, Alemania o Reino Unido. Y estaban registradas allí 124.045 empresas, un 90% de ellas controladas por no luxemburgueses. Al menos 266 miembros de la lista de multimillonarios de Forbes tienen sociedades en el país (ninguno de ellos es autóctono). Alrededor del 40% de las compañías se crearon simplemente para conservar activos, sin generar ninguna otra actividad económica.
Hay dos grandes razones que explican estos datos: las ventajas fiscales y la opacidad que Luxemburgo proporciona a las empresas.
Los activistas en temas de transparencia lo consideran uno de los sistemas financieros más opacos del mundo, y durante años ha sido un semiparaíso fiscal, acusado de formar parte de un "eje de evasión fiscal" en Europa. Todo ello, combinado con la estabilidad derivada de estar en el corazón de la Unión Europea, convierte al Gran Ducado en un imán para los inversores de todo el mundo.
Los extranjeros que abren empresas en Luxemburgo suelen buscar "desconectarse de sus propiedades", explica al OCCRP Gabriel Zucman, profesor asociado de la Universidad de California en Berkeley especializado en el estudio de los paraísos fiscales. "Ese es el servicio clave que presta este segmento de la industria financiera: desconectar a la gente de sus activos, crear opacidad financiera, dificultar la investigación de las autoridades en casos de corrupción, fraude o evasión fiscal", señala.
Zucman también destaca una ventaja de Luxemburgo frente a otros territorios fiscalmente opacos: la amplitud de los servicios financieros que presta. Las Islas Vírgenes Británicas o Panamá son lugares donde es posible crear empresas ficticias de forma rápida y barata, Suiza está especializada en la gestión de patrimonios privados almacenados en cuentas bancarias offshore y las Islas Caimán son las preferidas para constituir fondos de inversión. "Luxemburgo está presente y activo en todos estos ámbitos: desplazamiento de beneficios por parte de empresas multinacionales, constitución de fondos de inversión, gestión de patrimonios privados, creación de empresas ficticias, etc. Eso es lo que hace que Luxemburgo sea único", sostiene este investigador.
¿Para qué se utilizan las sociedades?
Muchas empresas luxemburguesas cumplen plenamente la ley y existen por razones legítimas. Sin embargo, otras son propiedad de personas con exposición política, funcionarios corruptos e incluso grupos criminales organizados.
Pero, ¿para qué se utilizan las empresas de Luxemburgo? El OCCRP y sus socios analizaron la actividad de las empresas de personas políticamente expuestas o con antecedentes penales y descubrieron dos grandes pautas.
La primera es el uso de Luxemburgo como puerta de entrada en la UE de activos que se habían mantenido en paraísos fiscales más tradicionales, a menudo en el Caribe. "Luxemburgo tiene una importante función de conexión de las empresas no europeas con los mercados europeos", indica al OCCRP Markus Meinzer, investigador de Tax Justice Network. "Los inversores extracomunitarios pueden invertir dinero sucio en la UE a través de Luxemburgo, libre de impuestos, de forma oculta".
Un porcentaje sorprendente de empresas registradas en Luxemburgo son filiales de otras compañías con sede en paraísos fiscales: las Islas Caimán ocupa el sexto lugar en la lista de países cuyas empresas tienen filiales en Luxemburgo, las Islas Vírgenes Británicas el 10º, Panamá el 16º y Chipre el 17º.
Un ejemplo lo constituyen los llamados bolichicos –un grupo de empresarios que se enriquecieron gracias a contratos con el Gobierno venezolano–, que supuestamente transfirieron activos multimillonarios desde Barbados a Luxemburgo. Posteriormente, sociedades luxemburguesas de los bolichicos movieron grandes cantidades de dinero, ya sea en forma de inversión o de préstamos a otras compañías, con destino a España y a Gibraltar.
La segunda gran pauta es constituir una sociedad en Luxemburgo para invertir en bienes inmuebles en otros países, especialmente en Francia. Esto se hace en parte para mantener el secreto y en parte para minimizar los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria en otros países europeos, que pueden tener enormes diferencias fiscales con Luxemburgo.
Los ejemplos descubiertos por el OCCRP son múltiples. La familia de Oleg Toni, jefe adjunto de la compañía ferroviaria estatal rusa, controla un imperio inmobiliario en toda Europa a través de empresas luxemburguesas. Mohamed Najib Mikati, ex primer ministro libanés, implicado en varios casos de corrupción, es beneficiario de varias sociedades luxemburguesas cuyo único objetivo es poseer bienes inmuebles en Francia. Sukanto Tanoto, un magnate indonesio que ha sido calificado como el principal impulsor de la deforestación en el mundo y está acusado de fraude fiscal, compró en secreto un edificio histórico en Múnich por casi 350 millones de euros a través de una empresa registrada en Luxemburgo.
Las lagunas del Registro de Titularidades Reales
En 2019, para cumplir con la V Directiva Antiblanqueo de la UE, Luxemburgo creó el denominado Registro de Titularidades Reales, que exigía a las 124.045 empresas registradas allí identificar a sus beneficiarios últimos; es decir, a las personas físicas que controlan realmente una compañía.
Luxemburgo fue uno de los primeros países de Europa en establecer ese registro público y los defensores de la lucha contra la corrupción lo consideran un gran paso adelante. Sin embargo, tal y como se ha implementado, la base de datos tiene al menos tres limitaciones importantes.
La principal es que sólo se pueden realizar búsquedas por el nombre de la empresa o por el número de identificación de la sociedad, pero no por el nombre de una persona física. Ello complica enormemente cualquier investigación ya que para saber si una persona concreta tiene sociedades en Luxemburgo es necesario previamente conocer cómo se llama dicha compañía.
Un segundo problema es que la base de datos está incompleta. En buena medida ello se debe a que sólo existe la obligación de identificar a una persona física como beneficiario último cuando controla al menos el 25% de la empresa. Si nadie llega a ese umbral, en el Registro de Titularidades Reales figuran los administradores de la compañía, algo que es un agujero evidente puesto que no siempre coinciden éstos con los beneficiarios últimos.
Transparencia Internacional sostiene que este tema es especialmente crítico en Luxemburgo debido al gran número de fondos de inversión existentes en el país. El concepto básico de un fondo de inversión es que los individuos que invierten en él, y se benefician financieramente, no son los mismos que quienes controlan el fondo y toman las decisiones sobre las inversiones. Como resultado, "los delincuentes pueden estratificar o integrar las ganancias del delito invirtiendo dinero sucio en diferentes fondos de inversión, permaneciendo en el anonimato mientras su inversión esté por debajo del umbral de notificación".
Según el análisis realizado por Le Monde de los datos del Registro, un año después de su creación sólo el 52% de las empresas ha declarado quién es su verdadero propietario (las autoridades luxemburguesas niegan esta cifra y afirman que la real es del 88%). Lo cierto es que unas 40.000 sociedades no están obligadas a hacerlo, ya que nadie posee más del 25% de la compañía, mientras que otras 26.000 están incumpliendo la obligación legal de facilitar al Registro el nombre de su beneficiario último.
Le Monde y el OCCRP también identificaron decenas de casos donde los titulares reales declarados eran niños, personas fallecidas o testaferros evidentes.
De la Joya, empresario de la 'jet' y socio de Villarejo, tiene una sociedad con más de un millón en activos
Quizá el ejemplo más flagrante de esto último sea el de Prestigestate, la empresa propietaria de la casa más cara del mundo: Château Louis XIV. Con una extensión de 50.000 acres en las afueras de París y construida con materiales lujosos para evocar un Versalles de los últimos tiempos, la finca de 300 millones de dólares fue noticia en todo el mundo cuando se terminó de construir en 2011. Entre sus instalaciones se encuentran una sala de meditación bajo el agua y un club nocturno con obras de arte de valor incalculable. El castillo es formalmente propiedad de una empresa registrada en Luxemburgo cuyo verdadero dueño es el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman. Sin embargo, en el Registro figuran como titulares reales tres saudíes cercanos al príncipe.
Un tercer problema es que Luxemburgo no mantiene ningún registro histórico de los beneficiarios últimos. Cuando una empresa se liquida, la identidad de quienes han sido sus propietarios se elimina de inmediato. "Es una laguna enorme que la información pueda desaparecer de un día para otro", explica Thom Townsend, director ejecutivo de Open Ownership, una ONG británica que aboga por la creación de registros abiertos de beneficiarios últimos. "Desde una perspectiva de investigación, los registros históricos son fundamentales en la cadena de pruebas. Lo que hemos visto en los Papeles de Panamá es que las entidades corruptas cambian de propietario con bastante regularidad, para evitar que una persona sea rastreada", destaca Townsend.
Y cerrar una compañía ya no es algo extraño en Luxemburgo. En 2020, el año siguiente a la puesta en marcha del Registro de Titularidades Reales, aumentó de forma drástica el número de empresas liquidadas. Por primera vez en la historia del país, se eliminaron más sociedades de las que se crearon. Una prueba más de la alergia que tienen a la transparencia muchas de las personas que eligen el Gran Ducado para constituir una compañía.