Gobernar cuatro años más. Es a lo que aspira un Pedro Sánchez al que hace escasos meses la derecha ya daba por muerto —políticamente hablando— y que es el único candidato —ya designado por el rey Felipe VI— con posibilidades reales de lograr una mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, el presidente del Gobierno en funciones no quiere ser investido en noviembre para ir a elecciones en junio de 2024 o en enero de 2025. Lo que busca es urdir un gran acuerdo político que le permita completar una legislatura "de estabilidad y progreso", según manifestó este martes en rueda de prensa.
La clave de bóveda para los socialistas está en los Presupuestos Generales del Estado. Están dispuestos a asumir decisiones complicadas —Sánchez ya avanzó que la negociación sería "compleja" aunque se mostró convencido de poder lograrlo si hay "generosidad"— pero antes quieren atar las cuentas. De hecho, en el Ministerio de Hacienda siguen apostando incluso por acordar unos Presupuestos para 2024, aunque su aprobación no llegara hasta principios de enero.
Para lograrlo el propio Sánchez se ha puesto al frente de la negociación y ya ha iniciado su ronda de contactos con los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios, a excepción de la ultraderecha. La primera cita se ha producido este miércoles con la líder de Sumar y vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, tras la que se han emplazado a cerrar un pacto de Gobierno en el mes de octubre. Desde Sumar insisten en que queda mucho por acordar, especialmente en el ámbito social, si se quiere llegar a un acuerdo de legislatura "ambicioso", y ya avanzan que no se daría por satisfechos con un Gobierno "continuista" con las políticas de la pasada legislatura.
Así lo ha trasladado el secretario de Estado de Derechos Sociales y líder del equipo negociador de Sumar, Nacho Álvarez: "El único escenario que concebimos es un acuerdo que de nacimiento a una coalición, pero no cualquier Gobierno vale. Tiene que ser un Gobierno que no se conforme con lo que hemos hecho en esta legislatura", ha subrayado. Al entorno de Díaz le preocupa que el PSOE se escude en que esta legislatura van a necesitar a formaciones más conservadoras como PNV o Junts para sacar leyes adelante y, por tanto, que los utilicen de excusa para impedir cualquier avance en materia social.
Por ese motivo insisten en que cualquier compromiso que tenga que ver con la subida del salario mínimo, con medidas concretas para garantizar la conciliación o avances en materia de vivienda —entre otras cuestiones que Sumar exige que formen parte del pacto de gobierno—debe estar ratificado por escrito antes de dar su sí a Sánchez. Las fuentes consultadas sostienen que, tras superar la legislatura de la pandemia, en la que muchas de las leyes iniciales de la coalición fueron destinadas a paliar sus efectos, hay que dar "más prioridad" la agenda social.
Bildu y PNV apuestan por un acuerdo global antes de la investidura
La batalla vasca se libra entre el PNV y EH Bildu, que mantienen una pugna por asumir la defensa de los intereses de Euskadi en el Congreso, no es ajena a la investidura de Sánchez. Tampoco lo es su estrategia, especialmente si se tienen en cuenta las elecciones autonómicas que tendrán lugar el año que viene. Ambas formaciones coinciden con Sánchez y ven necesario un pacto que mire más allá de la investidura.
Fuentes de EH Bildu aseguran que van a poner "diferentes propuestas" encima de la mesa, además de las medidas sociales que "quedaron en el cajón del olvido la pasada legislatura" también abogan por "abrir y encarar con valentía el debate territorial": "La investidura es solo el inicio. Luego habrá que desplegar todas las medidas durante la legislatura", trasladan, recalcando que abogan por alcanzar ese "pacto global".
El objetivo de los abertzales, liderados por Mertxe Aizpurua en el Congreso, pasa por tratar de romper su perímetro ideológico y disputar al partido de Andoni Ortuzar su tradicional hegemonía como partido más votado, pero también como interlocutor privilegiado con el Gobierno de España. Para lograrlo la pasada legislatura acentuaron su perfil social y de izquierdas en el Congreso, dejando el cuanto peor, mejor en el pasado y acercándose a posiciones más posibilistas.
Por su parte, el PNV busca revalidar el Gobierno vasco, liderado actualmente por Íñigo Urkullu, una batalla que se prevé ajustada no solo con Bildu sino quizás también con los socialistas, que fueron la formación más votada el pasado 23J. Su portavoz en Madrid, Aitor Esteban, aseguró en una reciente entrevista en Onda Vasca que "la dinámica de funcionamiento de la legislatura" estará presente en las negociaciones con los socialistas.
Una de las cuestiones que Ortuzar ha reclamado a Sánchez es "un acuerdo sobre el modelo territorial" con vascos y catalanes para su investidura. Desde un primer momento los peneuvistas rechazaron alcanzar cualquier acuerdo con el PP ya no solo porque Vox estaba dentro de esa ecuación, sino también como muestra de rechazo a las políticas de los conservadores, como se pudo comprobar tras el duro enfrentamiento entre Feijóo y Esteban la pasada semana en el Congreso.
ERC y Junts priorizan la investidura e irán "paso a paso"
La estrategia catalana es distinta, aunque también es fruto de la rivalidad entre Junts y Esquerra Republicana por ser la fuerza hegemónica del espacio independentista. Ambas formaciones negocian exclusivamente la investidura y, a partir de ahí, irán "paso a paso". Se trata del mismo razonamiento que trasladaron cuando dieron sus votos para la configuración de la Mesa del Congreso y para la reforma del reglamento para que se puedan utilizar las lenguas cooficiales.
Así lo trasladan fuentes republicanas, que recuerdan que la pasada legislatura tampoco se llegó a un "pacto de estabilidad" y que las iniciativas se negociaban de manera individual. Insisten en que el PSOE tiene que dejar por escrito sus compromisos para la investidura, aunque en ningún caso eso les obligará, a su modo de ver, a garantizar sus votos a largo plazo: "Primero la investidura, lo otro ya se verá", sintetizan. "
En ERC no quieren perder el foco que tuvieron en la pasada legislatura como socios preferentes de La Moncloa, en tanto que observan como la formación de Carles Puigdemont gana enteros y escenarios mediáticos. El objetivo de ERC pasa por visibilizar que son tan importantes como los posconvergentes e insisten en que Sánchez cometería un error al dar sus votos por garantizados. De fondo, subyace el temor a que sea Junts quien capitalice un eventual éxito electoral si se logra sacar adelante la ley de amnistía.
Referéndum en público, amnistía en privado: ERC y Junts asumen las líneas rojas del PSOE
Los posconvergentes no quieren desvelar sus cartas, pero han dado un giro a su estrategia abriéndose a negociar con los socialistas después de estar años acusando a ERC de renunciar a la independencia por emprender la vía del diálogo con el Estado. Las críticas a la predisposición de los republicanos pactar con el PSOE "a canvi de res" —a cambio de nada— se enmascaran ahora con la negociación de la ley de amnistía, pero en Junts saben que a largo plazo les costará más justificarlo, al menos ante sus bases más acérrimas, tras años despreciando esa estrategia.
El BNG y Coalición Canaria decidirán en función de lo que plantee Sánchez
Ni sí ni no. El diputado del BNG, Néstor Rego, y la de Coalición Canaria, Cristina Valido, decidirán si se suman a esa mayoría "de investidura" en función de lo que les plantee el presidente del Gobierno en funciones. El socialista necesitaría el voto afirmativo de ambos para la investidura en el caso de los diputados de Junts se abstuvieran, una aritmética que, de pasar ese primer trámite, se podría repetir en varias ocasiones.
"A priori no entra en nuestra perspectiva ni nos lo han formulado, pero si lo hacen lo veremos", señalan fuentes cercanas a Rego. "Si negociamos con el PSOE, veremos", subrayan también desde Coalición Canaria. El tercer mandato de Sánchez todavía no ha comenzado, pero los partidos empiezan a marcar sus cartas. Y, una vez más, el secretario general de los socialistas tendrá que ganárselos para seguir en La Moncloa.
Gobernar cuatro años más. Es a lo que aspira un Pedro Sánchez al que hace escasos meses la derecha ya daba por muerto —políticamente hablando— y que es el único candidato —ya designado por el rey Felipe VI— con posibilidades reales de lograr una mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, el presidente del Gobierno en funciones no quiere ser investido en noviembre para ir a elecciones en junio de 2024 o en enero de 2025. Lo que busca es urdir un gran acuerdo político que le permita completar una legislatura "de estabilidad y progreso", según manifestó este martes en rueda de prensa.