La pandemia pone en evidencia el modelo de los CIE: estuvieron cerrados cinco meses y "España sobrevivió"

El 6 de mayo de 2020 se produjo una imagen histórica. Los siete centros de internamiento de extranjeros (CIE) que operan en España quedaban, por primera vez en tres décadas, totalmente vacíos. Pero la imagen, deseada por muchas organizaciones de Derechos Humanos, no duró demasiado. El Gobierno ordenó su reapertura a finales de septiembre, cinco meses después, y sin garantizar antes protocolos y medidas de contingencia coordinadas que condujeron a contagios, que provocaron aislamientos y que derivaron en situaciones de "ansiedad, angustia" y de hasta "intentos de suicidio". Así lo certifica el Informe CIE 2020 elaborado y presentado este viernes por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que critica la existencia "innecesaria" de estos centros demostrada durante la pandemia. Porque "España sobrevivió sin internamiento de personas extranjeras", sentencia.

La crisis sanitaria que durante los primeros meses de 2020 vivía su momento más grave había obligado al Ministerio del Interior a ir poniendo en libertad a todos los migrantes internos en esas instituciones en un proceso que se demoró hasta el mes de mayo. La explicación no era sólo garantizar la seguridad sanitaria de esas personas, sino que el covid-19 había hecho que estos centros perdieran su sentido como garantes de que se llevaría a cabo la expulsión de los extranjeros. Con las fronteras cerradas, era prácticamente imposible devolverlos a su país de origen. La decisión se basaba, por tanto, en "buenas razones jurídicas", según la organización, que critica sin embargo la "sinrazón política" de la reapertura que vino más tarde. Por el sinsentido de la decisión y por las condiciones en las que se hizo. Y, también, por el momento.

"Lo que denunciamos es que fue una decisión política cosmética. Anunciaron la reactivación de los CIE el mismo día que Ursula Von der Leyen [la presidenta de la Comisión Europea] presentó el nuevo Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo", critica el autor del informe, Josep Buades, en conversación con infoLibre. "Lo reactivaron como gesto, como modo de decir 'estamos alineados con el pacto", denuncia. El nuevo documento apuesta por acelerar los tiempos para las posibles devoluciones y por apostar, de nuevo, por los internamientos en centros que las garanticen. 

"En ese momento las fronteras todavía seguían muy cerradas y había mucha incertidumbre sobre la posibilidad de ejecutar devoluciones. Si el internamiento en un CIE es una medida cautelar para una expulsión, ¿cómo lo reactivan si no está nada claro que se pueda llevar a cabo?", se pregunta Buades. 

En este mismo sentido, otras organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o SOS Racismo también criticaron la reapertura. Para CEAR, hacerlo supuso "una nueva decepción" y la pérdida de una oportunidad para cerrar, definitivamente, estos centros, regidos por un sistema "semipenitenciario" que ha demostrado "ser inútil para los fines que pretende". También lo cree Buades. "Durante los meses que estuvieron cerrados, la verdad, España no se hundió", admite. Y además, los datos demuestran su ineficacia. Según el informe presentado este viernes, de las 1.904 personas devueltas en 2020, sólo 524 lo fueron desde un CIE, el 27,5%. "La mayoría de las personas que son devueltas desde nuestro país lo son en esas primeras 72 horas de detención tras su llegada. Hay un uso y un abuso del internamiento que es innecesario. ¿Por qué tanto empeño en él si no es eficaz ni en tiempos de normalidad? Es un sufrimiento innecesario", denuncia. 

Una devolución, explica, se produce cuando la persona es detenida o bien cruzando la frontera, o bien cuando acaba de desembarcar, o bien cuando entra en España con una prohibición expresa de hacerlo. Las expulsiones, dice Buades, son más complejas porque la persona que tiene una orden en este sentido puede llevar tiempo en España y, por tanto, recurrir alegando que ya tiene un arraigo en nuestro país. 

Las consecuencias del aislamiento por covid en un CIE

Pero fue un sufrimiento aun mayor cuando se reabrieron, todavía en plena pandemia. Según el informe de la ONG, "fue lamentable la falta de coordinación de los protocolos de prevención y de las medidas de contingencia en caso de contagio por parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que tuvieron que elaborar las direcciones de cada centro en diálogo con los juzgados de control". "La Comisaría tenía que haber tenido un papel activo,pero cada director o directora de CIE se ha buscado la vida por su cuenta, siempre contrastando con los jueces de control y con las entidades sociales como apoyo", denuncia Buades. 

Aun así, lamenta el informe, "los protocolos de prevención no evitaron los contagios en los CIE", que impusieron "severas medidas de aislamiento en medio de climas de ansiedad y angustia de los internos, hasta verificarse algunos intentos de suicidio". Fueron, según Buades, dos, aunque ninguno llegó a consumarse. Según el informe, 84 personas fueron aisladas en habitaciones de separación. 

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Las cifras

Según el informe, en 2020 hubo 2.224 personas internadas en CIE y 1.767 de ellas se encontraban allí porque sobre ellas pesaba una orden de devolución. Además, 42 de estas más de 2.000 personas que estuvieron en estos centros fueron identificadas como menores, aunque esta es una "cifra seguramente inferior a la real, puesto que los decretos de determinación de la edad se apoyan en losmárgenes superiores de edad dentro de las horquillas que indican las pruebas de medición ósea, cuya fiabilidad es muy problemática", destaca el informe.

De media, el internamiento duró 30,70 días. Por último, 1.248 personas salieron de estos centros al ejecutarse su repatriación forzosa, mientras que 1.039 fueron puestas en libertad y 367 salieron por otras causas.