La pandemia pone a prueba la fortaleza de un sistema sanitario público mermado por recortes y privatizaciones

El coronavirus pone a prueba la resistencia de un sistema público de salud castigado por los recortes de la crisis, de los que todavía no se ha recuperado cuando le llega un gigantesco problema imprevisto. Los síntomas de desbordamiento se acumulan, especialmente en la Comunidad de Madrid, laboratorio del modelo privatizador aguirrista y a la vez la región más castigada por la expansión de la enfermedad. El pronóstico es que la situación vaya a peor y salten cada día nuevas costuras. A la vista de las evidencias, datos y testimonios reunidos por infoLibre, los síntomas de agotamiento del sistema público no son atribuibles a posibles comportamientos economicistas o insolidarios de la sanidad privada en el actual contexto, que tendrían una incidencia casi anecdótica ante la magnitud del desafío en curso. Lo que sí está dando la cara –y tanto los profesionales como los expertos coinciden en que el problema irá a más– es el debilitamiento de la capacidad de respuesta de lo público, que sí tiene relación directa con los recortes y las privatizaciones. Ante esta debilidad, uno de los recursos de los que se ha dotado el Gobierno es el control de la sanidad privada, efectivo desde el decreto de alarma aprobado el sábado.

Los hospitales privados, concertados y públicos con gestión privada han sido objeto de críticas estos días. No obstante, ninguna autoridad pública ha hecho denuncias sobre su actuación, ni consta que haya expedientes abiertos por incumplimiento de ninguna normativa. El hospital de Valdemoro, público de gestión privada, señalado por derivar casos de coronavirus a otros centros, ha respondido a través de El País que esta política obedecía a una directriz del sistema madrileño de salud. La Vanguardia ha informado de la escasez de pruebas de coronavirus en la sanidad privada de Cataluña, pero tampoco consta denuncia de la Generalitat. Este periódico preguntó al Ministerio de Salud si tenía conocimiento de conflictos entre las autoridades sanitarias públicas y las empresas privadas, sin respuesta. Tampoco ofrece el dato de cuántos pacientes han sido atendidos o están hospitalizados en la sanidad privada, ya que –asegura el ministerio– debe concretarlo cada comunidad autónoma. Es el propio sector, a través de la patronal Aspe, el que ofrece estos datos: hay más de 200 casos positivos atendidos (dato del miércoles). Tanto Aspe (hospitales) como Unespa (seguros) y fundación IDIS (lobby del sector) insisten en un mensaje: los hospitales están cumpliendo los "protocolos".

Vicente Ortún, antiguo decano del Departamento de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y exahustivo conocedor de los procesos de privatización y colaboración público-privada, cree que hay que diferenciar entre la crítica a la privatización, que sí tiene interés en el análisis de esta situación, y la crítica a la conducta puntual de algún centro privado, de escaso o nulo impacto. "He oído decir que los hospitales privados tienen que arrimar el hombro. Eso contribuye a despistar a la gente". A su juicio, más relevante es el desgaste del sistema público, que sí tiene conexión con años de recortes y privatizaciones, especialmente en Madrid. "El porcentaje de financiación pública sobre el gasto sanitario total ha bajado. Estamos como cuando se hicieron los recortes. Tenemos una financiación pública por debajo de los países con los que debemos compararnos", señala.

El profesor cree confuso un análisis que incorpore la idea de que la sanidad privada está "haciendo negocio" con esta crisis, en base a noticias como el cobro de 300 euros por una prueba de coronavirus a pacientes asintomáticos a solicitud de empresas. "Siempre va a haber comportamientos oportunistas. Si una prueba que cuesta 40 euros la cobran a 300, es discutible, pero no es algo que afecte al sistema", señala Ortún.

Marciano Sánchez Bayle, presidente de la presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), cree que los hospitales y seguros privados contribuyen poco a la resolución de crisis como esta. Están incluidos en esa valoración no sólo los privados-privados, sino también los concertados –es decir, hospitales privados que prestan servicios públicos– y los mixtos o concesionados –es decir, los públicos con gestión privada–. "Siempre que pueden, te indican que vayas al hospital público. Por ejemplo, un hospital como Torrejón, que recibe un pago capitativo [pago por cada paciente atendido], no tiene incentivos para atender enfermos de este tipo, no le compensa", señala.

Sánchez Bayle coincide en que la clave está en la "insuficiencia de los medios" del sistema público, "provocada –a su juicio– de manera intencionada durante años, y que hace que la capacidad de respuesta del sistema esté muy tocada". "El sector privado no es sanidad, es asistencia sanitaria. Lo que intenta es hacer negocio. Y ahí no hay nada que criticar. El problema es que se ha explicado que el desarrollo de la privada era lo mejor para la salud de la población, cuando en realidad se está dejando al sistema sin red de garantías y con menor capacidad de respuesta", señala. A su juicio, la presente crisis lo deja al descubierto. 

Privatización y recortes

Hay datos datos ilustrativos del retroceso de la sanidad pública mientras la privada crecía. La crisis del coronavirus se produce en un momento álgido de la sanidad privada en España. El último informe Sanidad privada, aportando valor, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), sobre el ejercicio de 2017, presenta unas cifras de récord. La facturación del sector alcanzó los 6.405 millones de euros, un 3,7% más que en 2016. El crecimiento es fuerte y constante. En 2013 la facturación fue de 5.481 millones. Es decir, ha subido en cuatro años 924 millones, un 16,85%, sin dejar de crecer en ningún ejercicio. La facturación basada en conciertos fue de 1.615 millones, un 25,21% del total. También ha crecido año a año desde 2013.

Todo esto ocurre mientras el gasto sanitario público total, 68.483 millones en 2017, aún no ha alcanzado los umbrales previos al recrudecimiento de la crisis. En 2008 (66.858 millones), 2009 (70.674, techo histórico) y 2010 (69.530) el gasto fue superior. Se completa un fenómeno similar al que se da en el ámbito educativo. Es decir, la concertación sale de la crisis y bate récords, contribuyendo al boyante negocio de los privados, que también tocan techo, todo ello antes de que la inversión en el sistema público recupere el pulso y cure las heridas de la crisis.

Sólo País Vasco, Navarro, Murcia y Castilla y León han alcanzado su pico histórico de inversión sanitaria pública. Las restantes 13 autonomías siguen por debajo de las marcas de gasto consolidado alcanzadas en años anteriores, previos al recrudecimiento del bache presupuestario. El informe realizado por CCOO a partir de los presupuestos autonómicos señala que, si se hubiera mantenido a lo largo de la crisis el pico presupuestario, se habrían invertido 8.000 millones más. CCOO entiende por ello que ha habido más de 8.000 millones en "recortes". Estos ajustes se han realizado rebajando en casi 5.000 el número de camas.

La Fadsp elabora año a año un mapa de la privatización sanitaria, en base a nueve variables. El último, presentado hace algo menos de un año, mostraba que Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias y País Vasco son las comunidades con mayor privatización, pero que es un fenómeno que afecta a todas.

Otros datos del Ministerio de Sanidad apuntan a este drenaje de recursos públicos en favor de la sanidad privada. Entre 2010 y 2017, el personal de los hospitales públicos subió de 471.661 sanitarios a 476.128, sólo un 0,94%. Por contraste, en los privados –incluidos los concertados– subió de 81.107 a 93.905 (15,77%). Los hospitales privados sacan además más rendimiento a sus instalaciones. En sus quirófanos se realizan 908 intervenciones al año, frente a 833 en los públicos. El porcentaje de operaciones que se realizan en los privados con respecto al total creció entre 2010 y 2017 –último periodo comparable con datos homogéneos– del 28,6% al 31,1%.

Seguros y colaboración público privada

Lejos de pensar que el avance en todos estos frentes de la sanidad privada desgasta a la pública y la acaba por dejar escasamente guarnecida para situaciones como la actual, las patronales de la sanidad privada defienden que la privada es un complemento que permite a la red pública mantenerse con menos inversión.

La misma lógica se aplica a los seguros. Ha habido un boom del seguro privado en España, un sector dominado por Segur Caixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV Seguros y Mapfre, que suman el 72% del mercado. En 2018 España superó por primera vez los 10 millones de asegurados. La subida es potente con respecto a 2017: 430.000 asegurados más, un 4,34%. Ha subido 1,32 millones en cuatro años, un 14,6%.

Otra vez se trata de un avance de la sanidad privada a costa de la inversión pública. La propia fundación IDIS, en su último informe de situación, vincula directamente el avance del seguro privado con el retroceso de la inversión en el sistema público. "Determinadas comunidades autónomas que cuentan con una mayor penetración del seguro privado, como Madrid y Cataluña, pueden disponer de un menor presupuesto sanitario público per cápita que la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país", señala el informe.

Además, el alcance de los seguros se revela ahora limitado ante la urgencia del coronavirus, dado que existen cláusulas que excluyen la cobertura de las epidemias, aunque la patronal Unespa intenta transmitir una imagen de colaboración con el Estado e insiste en que las empresas asumirán sus responsabilidades.

Riesgos

En Madrid es donde más fórmulas de penetración del sector privado se han ensayado. Del total de 83 hospitales, 50 son privados, según los datos del catálogo nacional. A esto hay que sumar al menos siete hospitales públicos con gestión mixta. En ellos pone el foco el del Observatorio de la Deuda en la Globalización en su informe sobre colaboración público privada de septiembre de 2019, que señala que esta fórmula provoca en el mercado sanitario "desregulación" y "fragmentación", así como la implantación de la llamada "nueva gestión pública", basada en la aplicación de criterios de la empresa a la administración.

Este informe, que destapó importantes sobrecostes, señala cómo los "riesgos" acaban siempre siendo asumidos por la parte pública. Javier Padilla, médico de familia e investigador sobre el sistema sanitario, autor de ¿A quién vamos a dejar morir. Sanidad pública, crisis e importancia de lo político (Capitán Swing, 2019), coincide en la lógica descrita: "Lo privado sólo corre con los riesgos que puede prever y asumir". Y añade "Las epidemias son imprevisibles".