"Pasar de las palabras a los hechos": organizaciones de derechos humanos exigen al Gobierno reparar ya a las víctimas del franquismo

La memoria histórica ha sido una de las cuestiones principales del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde que llegara a la Moncloa, y con la decisión de exhumar los restos del dictador Francisco Franco como cuestión principal, la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo han ocupado un papel central. Distintas organizaciones lo celebran, pero reclaman pasar de escuchar iniciativas a ver hechos concretos. Así lo han hecho desde la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Rights International Spain, que han firmado un comunicado conjunto reclamando el impulso de las medidas "que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares". El documento, además, ha sido enviado al Ejecutivo, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial, precisamente, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este jueves.

No sólo lo piden estas organizaciones. Según ellas mismas recuerdan, fue la propia ONU la que trasladó "su preocupación por la inacción" que las autoridades españolas han llevado a cabo durante todos estos años. En este sentido, apuntan al informe que el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias emitió en septiembre de 2017 y en el que se constató que las recomendaciones que ya formuló en 2014 continuaran sin ser plenamente implementadas. Meses antes, en mayo, el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, insistió también más en la necesidad de que el Gobierno español atienda "de forma urgente" las exigencias de las víctimas. Recordó, así, que el Estado tiene la obligación de atender estas reclamaciones y poner fin al sufrimiento de las víctimas quienes, a pesar del tiempo que ha pasado, siguen sin saber dónde están los restos de sus familiares. No pueden porque, a juicio de las organizaciones firmantes, se encuentran con no pocos obstáculos. 

1. Deficiente tipificación del delito de desaparición forzada

La reforma del Código Penal que tuvo lugar en el año 2015 introdujo la tipificación del delito de desaparición forzada. Sin embargo, según señaló la propia ONU, continúa sin ser compatible con la Convención para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. ¿Por qué? Según el informe del Grupo de Trabajo, "por omitirse características típicas que definen a las desapariciones forzadas". 

2. No se investiga y los casos se archivan

Por otro lado, la apelación a la prescripción de los delitos o al fallecimiento de los culpables, así como la vigencia de la Ley de Amnistía, ha provocado que no se produzcan investigaciones sobre personas desaparecidas y que, además, muchos de los casos acaben archivados. En este sentido, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas dijo encontrarse "consternado por el hecho de que hasta la fecha no se haya velado por garantizar el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales españoles sobre los delitos de desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura". 

3. Obstaculización al procedimiento argentino

Las autoridades españolas, del mismo modo, han obstaculizado y no han cooperado con la investigación abierta por Argentina sobre las violaciones de Derechos Humanos que cometió España en el pasado. Lo dijo, también, el Grupo de Trabajo de la ONU. Mostró, en este sentido, su preocupación "por la información sobre constantes obstrucciones al procedimiento judicial excepcional llevado a cabo por la justicia argentina". 

4. Ignorancia a las peticiones de nulidad de las sentencias franquistas

Varios grupos parlamentarios lo llevan pidiendo años, pero el Congreso siempre lo ha omitido. Hasta el pasado año, cuando la Cámara aprobó una PNL presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se instaba al Gobierno a anular las sentencias de muerte dictadas durante el franquismo. "No sólo serviría de reparación simbólica, sino para acabar con los efectos legales de dichas sentencias", apuntan las organizaciones firmantes. De momento, el texto aprobado por el Congreso no ha llegado más allá.

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5. Falta de apoyo institucional para exhumar a las víctimas

"El modelo actual de exhumaciones delega la responsabilidad en las víctimas y las asociaciones, alimentando la indiferencia de las instituciones estatales", critican los firmantes del documento. Lo dijeron las víctimas. Desde que se aprobara la Ley de Memoria Histórica, los procesos de exhumación han corrido a cargo de los familiares de las víctimas, sin ningún tipo de apoyo por parte de la Administración. Y esta situación, además, se vio agravada desde 2011, cuando la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa derogó de facto la normativa al dejarla sin dotación presupuestaria. La homologación y oficialización de la verdad, así, se complica, apuntan. 

Frente a esta situación, ¿qué plantean? Un cambio en la legislación –para tipificar correctamente el delito de desaparición forzada y reformar la Ley de Amnistía–, el procedimiento de oficio en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas, la cooperación institucional en el proceso de exhumación de las víctimas y la formación a jueces, fiscales y funcionarios públicos en materia de derechos humanos. Así, opinan, lo que hasta ahora han sido simples palabras y promesas se convertirán en hechos concretos que, de verdad, reparen a las víctimas.