¿Qué va a pasar con los rescatados por el 'Aquarius'?

Las 629 personas –entre ellas, 123 menores y siete embarazadas– rescatadas por el Aquarius en la noche del sábado cuando navegaban a la deriva en varias pateras procedentes de Libia ya están de camino a España. Lo hacen en el propio barco humanitario que les rescató y en otros dos buques de la Guardia Costera y de la Marina italiana después de que el nuevo Gobierno de la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas cerrara sus puertos a los barcos de las ONG y, en consecuencia, impidiera al Aquarius atracar en suelo italiano. Por este motivo, la embarcación humanitaria ha estado casi tres días parada en alta mar en un punto entre Malta e Italia. 

Tras atracar en València, los rescatados por el Aquarius serán asistidos en primera instancia por la ONG Cruz Roja, que ya tiene preparado un dispositivo, tal y como adelantó este martes la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra. En todo caso, la decisión de en qué situación administrativa quedan estas personas, lo que condicionará si pueden quedarse o no en España, dependerá del Ministerio de Interior, que es quien ostenta la competencia en materia de extranjería y también de asilo. Al margen quedan los menores y las mujeres embarazadas, que están protegidos por la Convención de derechos del niño de la ONU y la ley del menor. 

Para el resto, la opción que defienden las ONG es que el Gobierno incluya a estas personas en el programa de Atención Humanitaria que se implementa con medios propios, a través de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ubicados en Ceuta y Melilla, y a través de ONG que operan con subvenciones que otorga la Dirección General de Migraciones. De esta forma, tendrían acceso a una autorización de residencia temporal y a recibir cierta asistencia durante entre tres y seis meses. Eso sí, pasado el tiempo y siempre que no hubieran podido regularizar su situación o acceder a un estatus de protección, pasarían a estar en una situación irregular y, por tanto, podrían ser expulsados.

Las fuentes consultadas sostienen, no obstante, que estos programas están colapsados porque también se han utilizado para dar una mínima cobertura social a las llamadas personas inexpulsables, que son las que tienen órdenes de expulsión o devolución que, por diferentes motivos, no se pueden ejecutar y que quedan abocadas a la irregularidad administrativa. De hecho, las carencias del sistema se han puesto de manifiesto en Andalucía en las últimas semanas con la llegada de 3.400 personas a sus costas, lo que ha desbordado los centros de acogida y de internamiento y ha propiciado que muchas de ellas hayan sido abandonadas a su suerte. Durante 2017 fueron 29.000 las personas interceptadas intentando acceder de manera irregular a España, según datos de Interior citados por el Defensor del Pueblo. 

Por otro lado, la ley de extranjería también ampararía que los rescatados por el Aquarius fueran internados en alguno de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay en España, pues en su artículo 53 califica de infracción grave "encontrarse irregularmente en territorio español" y este es uno de los supuestos que puede justificar su internamiento. En todo caso, el internamiento es una medida extraordinaria que se toma cuando existen sospechas de que el inmigrante puede suponer "un peligro real para el orden público, presenta riesgo de incomparecencia o dificulta su expulsión". Esta opción es rechazada por las ONG. 

Los CIE, según el reglamento actual que los regula, el Real Decreto 162/2014 de 14 de marzo, funcionan como centros temporales de internamiento, es decir, los inmigrantes a los que un juez ha enviado a uno de estos lugares sólo pueden permanecer en ellos 60 días, durante los que se tramita su expulsión del país, que se produce cuando la persona entró en territorio nacional; o devolución, que tiene lugar cuando el inmigrante no logró entrar en el país; o bien son puestos en libertad. La gestión de estos centros depende de la Dirección General de la Policía, subordinada a la Secretaría de Estado de Seguridad. 

De manera paralela, los que así lo deseen, podrán formular peticiones de protección subsidiaria o asilo. El Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Asilo y Refugio, es el responsable de la tramitación y las decisiones sobre las solicitudes. Esta institución es la encargada de facilitar la llamada "tarjeta roja" que garantiza la protección internacional y reconoce la condición de demandante de asilo o de protección subsidiaria. Con ella pueden estar legalmente en el país y, seis meses después de haberla obtenido, acceder a un permiso de trabajo. Además, si son beneficiarios de asilo pueden acceder a la nacionalidad española a los cinco años de residencia, frente al plazo general que es de diez años.

Mientras, el Ministerio de Trabajo es el que se encarga de financiar los programas y servicios sociales que garantizan la cobertura de las necesidades básicas que les reconoce la ley por su condición de refugiados durante las tres fases que dura el programa de protección (acogida, integración y autonomía). Suelen estar hasta seis meses en los centros de acogida y, durante ese tiempo, se les presta alojamiento, manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria así como ayudas monetarias [las de 2017 se pueden consultar aquí] para la cobertura de gastos personales de primera necesidad, transporte, vestuario, escolaridad... Cuando dejan los centros y si están realizando algún tipo de formación pueden acceder a otras ayudas para facilitar su autonomía que son de alrededor de 595 euros por familia de cuatro miembros.

Los expertos consultados dudan de que todas las personas rescatadas puedan acceder a este estatus de protección, que ampara a quienes han tenido que abandonar sus países de origen por sufrir un temor fundado de ser perseguidos a causa de su etnia, de su religión, de su nacionalidad, de su pertenencia a un determinado grupo social o de sus opiniones políticas, pero no a los llamados migrantes económicos. Por ejemplo, entre los rescatados hay ciudadanos de Senegal o Togo que, en principio, lo tendrían más difícil para documentar estos supuestos. Por otro lado, es importante recordar que al cierre de 2017 había 34.000 solicitudes de protección internacional a la espera de tramitación. 

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Comunidades y ayuntamientos 

Otra cuestión que está por ver es qué papel pueden jugar en la fase de acogida las administraciones municipales y autonómicas que han hecho propuestas de acogimiento en los últimos días. De hecho, antes incluso de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciara, este lunes, que había dado "instrucciones" para que España ofreciera el puerto de València para el desembarco del Aquarius, varias instituciones ya se habían propuesto para atender a parte de estas personas poniendo a su disposición programas y servicios sociales para dar cobertura a sus necesidades más básicas. 

La iniciativa recuerda a la red de ciudades-refugio que impulsó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en 2015, cuando la presión social forzó a los líderes europeos a comprometerse a poner más medios para dar protección a los demandantes de asilo provenientes de Siria, Afganistán, Irak o Eritrea que llevaban meses llegando de forma masiva a las costas de Grecia e Italia o malviviendo en campamentos en Turquía o Líbano. Más tarde se constató el fracaso de esos acuerdos de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas suscritos en 2015, pues apenas se han cumplido el 30% de los cupos acordados por países. Cuando se cumplió el plazo, el pasado septiembre, a España apenas habían llegado el 11,4% de la cifra comprometida: 1.980 de 17.337 previstos.