Pocos parlamentos pueden presumir de contar con un diputado como Pedro Arrojo (Madrid, 1951) en sus filas. El profesor de la Universidad de Zaragoza, cuya investigación se centra en la economía del agua, es una eminencia a nivel mundial en la gestión de los recursos hídricos, cada vez en más titulares por la amenaza del cambio climático. Fue galardonado con el premio Goldman, considerado el Nobel del medioambiente, en 2003 por “encabezar una nueva ola de activismo cuyo objetivo es poner fin a la fracasada política de gestión hidrológica basada en la construcción de presas y el trasvase de aguas”, afirmó el jurado. 15 años después, esa sigue siendo su lucha: empezó ejerciéndola desde la creación de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) en Zaragoza, y ahora la ejerce como parlamentario de Unidos Podemos.
Arrojo, en una entrevista con infoLibre, defiende que el concepto de nueva cultura del agua sigue más vigente que nunca, desde aquellas movilizaciones de principios de siglo contra el Plan Hidrológico Nacional de Aznar hasta ahora, donde el envite del cambio climático pone en riesgo, y en duda, la gestión hídrica al completo de nuestro país. Para el diputado, se puede definir enunciando una transición: pasar “de la vieja demagogia del hormigón y el productivismo subvencionado a la nueva racionalidad económica”. El diagnóstico que hace asusta, no tanto por la gravedad de la situación, sino por la falta de medidas para afrontarla.
En España, considera, se ha gestionado el agua como si fuera un bien infinito. Se han defendido grandes infraestructuras para almacenar el recurso o trasladarlo de una región a otra, lo que es, a su juicio, “como regalarle un monedero a un pobre”: el problema, en realidad, son unas expectativas de consumo y de crecimiento irreales. “Teniendo ecosistemas en mal estado y ante la perspectiva del cambio climático, no podemos aspirar a gastar más agua. Eso es suicida. Eso es pena de muerte en las siguientes sequías”, considera.
La gestión del agua en España volvió a primera plana durante la dura sequía vivida en 2017 y principios del 2018, que dejó los embalses en mínimos históricos. Las tensiones afloraron en una región especialmente sensible a la carencia: el Levante español, donde durante décadas se ha construido un imperio del regadío que necesita un agua que casi nunca cae del cielo. Los políticos conservadores de regiones como Murcia y las grandes comunidades de regantes no pidieron, ante la falta de lluvias, un replanteamiento de los recursos hídricos y su aprovechamiento. Pidieron más transvases, activarlos más a menudo: pidieron más infraestructuras y más agua. “A través de esas estrategias se está dando una expectativa de malversación de fondos públicos. Frente a un escenario de futuras sequías más prolongadas e intensas, los transvases son inútiles”, sentencia Arrojo. Pero tiene una alternativa, y la ha llevado al Congreso.
El miércoles 13 de diciembre del pasado año, el pleno del Congreso dio luz verde al dictamen sobre agua y cambio climático aprobado en la Subcomisión de Política de Aguas, que recoge las medidas y estrategias clave de adaptación al cambio climático. El documento salió adelante a pesar del rechazo de PP y Ciudadanos. La iniciativa y las negociaciones estuvieron comandadas por Pedro Arrojo. “Es el primer documento que se debate y se aprueba en sintonía con una nueva cultura del agua”, resume el diputado. Para el experto, la diferencia con lo redactado en sede parlamentaria en otras ocasiones es que, en esta ocasión, el factor del cambio climático se incluye como una obligación legal, en vez de como una recomendación de prudencia. “Ya nadie discute que el cambio climático tiene como vector principal el energético, y ya nadie polemiza con respecto a la necesidad de que las políticas de mitigación estén presididas por la necesaria transición energética. Lo que dije al principio de mi intervención es que en materia de impactos socioambientales el vector principal es el vector agua. Y que en materia de políticas de adaptación la clave es la transición hidrológica. Ahora empezamos a entenderlo”, asegura. La falta de agua, la disminución de las precipitaciones y la evaporación intensa, las sequías prolongadas, serán uno de los principales problemas en un escenario de calentamiento global intenso. Y hay que abordarlo ya porque vamos con retraso, asegura.
Arrojo no disimula su decepción por el rechazo de PP y Ciudadanos, dado que hubo cierta sintonía en el trabajo previo de la subcomisión. Considera que los diputados que se han negado a apoyar el dictamen tienen que vender a sus superiores y al electorado discrepancia en vez de consenso, ante un escenario político polarizado en el que la derecha busca sacar tajada. Y se han agarrado al elemento del cambio climático y la adaptación necesaria a sus efectos como elemento de divergencia. El documento llama a actuar ante la urgencia climática y PP y Ciudadanos esgrimieron el “pesimismo” de las actuaciones dirigidas a evitar los peores escenarios. “Consiste en no disculpar la inacción por que haya incertidumbre. No es un tema de optimismo o pesimismo. Es como decir que corro a 180 con el coche porque soy optimista y no creo que me vaya a matar porque conduzco bien. Lo que eres es un temerario”, explica. Lo vivido en la esfera internacional, considera, le da la razón: a día de hoy se considera inviable, en muchos círculos, cumplir la meta del Acuerdo de París.
La alternativa consiste en frenar la creación de nuevas hectáreas de regadío, apostar de verdad por las desaladoras como alternativa viable en determinadas zonas, alimentadas con energías renovables, cuidar los caudales ecológicos (el mínimo de agua que debe llevar un río para mantenerse sano) y los acuíferos, presas naturales con mucha más capacidad que las artificiales, ahogados en la actualidad por la contaminación y los pozos ilegales, “una vergüenza nacional, pero cerrarlos no da votos”, lamenta. ¿Y los transvases? “El documento no prohíbe nada. Lo que sí dice es que frente a los escenarios de cambio climático, las políticas trasvasistas y de grandes presas son, de entrada, ineficaces”.
Y si se decide invertir en grandes infraestructuras, matiza Arrojo, siempre mediante un estudio concienzudo de los riesgos, las posibilidades y los costes. “No puede haber ningún nuevo proyecto hidráulico que no tenga una campaña de información sobre los costes económicos que va a suponer para los usuarios y una aceptación de los costes para esos futuros usuarios. Para no tener desaladoras que no se pueden pagar porque los usuarios no quieren pagar tanto. Presas que están acabadas y que no se usan porque nadie quiere pagar tanto. Transvases que si se cobran lo que realmente costaran no saldría rentable”. En este país, asegura el diputado, “la práctica sistemática es ofrecer agua sin decir cuánto cuesta. Solo queda subvencionarlo masivamente cuando se pone en marcha. No podemos seguir construyendo un productivismo subvencionado sin un criterio social y ambiental riguroso. Una gestión de aguas basada en la sostenibilidad de los ecosistemas, nuestras infraestructuras naturales, y en la racionalidad económica”.
No es una cuestión de ecologismo
Una gestión de aguas basada en la sostenibilidad, contrariamente a lo que suena, no es ninguna medida ecologista. Al menos, así lo defiende Arrojo. O no solo ecologista: es de sentido común. El dictamen que aprobó el pleno del Congreso es coherente, asegura, con la Directiva Marco del Agua (DMA), el modelo europeo de gestión hídrica que España está obligada a transponer y aplicar desde hace décadas. La abreviada DMA pone por encima de todo el buen estado de los ecosistemas y el mantenimiento de los caudales ecológicos. ¿Por puro y duro amor a la Naturaleza? No: por no matar a la gallina de los huevos de oro. “Cuando explico lo que dice la directiva me contestan… “Pero es que los guiris, estos ecologistas, están locos… Pero no son ecologistas. El grupo verde tiene el 10% del Parlamento. Ecologistas no son. ¿Entonces, cómo lo han hecho?”, se pregunta, divertido, el diputado.
Ante un recurso natural finito, sobreexplotarlo es “un buen negocio a corto plazo para el que lo disfruta y un desastre económico para el país que lo permite”
Arrojo alude al “pragmatismo economicista anglosajón” que opone al pensamiento latino. Saben que ante un recurso natural finito, sobreexplotarlo es “un buen negocio a corto plazo para el que lo disfruta y un desastre económico para el país que lo permite”. “La gallina les importa un huevo”, bromea, “pero han entendido que es mejor cuidar al bicho que abrirle las tripas”. Este principio es, probablemente, uno de los únicos puntos en los que se pueden encontrar el neoliberalismo y el conservacionismo, y es una máxima incuestionable en países como Estados Unidos, relata. “Cuando voy a dar charlas me preguntan, sorprendidos: ¿Pero aún estáis con esto?”
En España, y en especial en el Levante español, donde se pueden producir las rupturas y las necesidades más importantes, el pragmatismo es pedir más agua. Pero la “demagogia del hormigón” impera, asegura Arrojo, en ambas trincheras del principal conflicto: entre los regantes de Murcia, Almería y la Comunitat Valenciana y los que disfrutan del agua de cuencas como la del Tajo (con un transvase en funcionamiento) y la del Ebro (sobrevolando desde hace décadas, pero nunca convertido en realidad). “Me tengo que pelear con los demagogos de Aragón cuando cae una gota fría en el Levante y dicen: '¿No tenéis agua? ¡Embalsadla!' O los del Levante, si caen precipitaciones en Zaragoza, dicen: 'Tiráis el agua en vez de mandarla pa’cá'. ¡Si por un canal de transvase no cabe ni la doscientasava parte de lo que está cayendo!”, señala. Matiza: sí se puede construir una megapresa para recoger todo ese recurso hídrico “perdido”, pero… ¿estaríamos dispuestos a pagar el precio de construcciones faraónicas esperando una gran lluvia que cae de cuando en cuando?, se pregunta. “Es como poner tejados de uralita a todo el campo por si graniza”, señala.
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Transición hidrológica justa
El diputado es consciente de que, al igual que en la transición energética, es necesaria una transición hidrológica justa, que no deje a nadie sin trabajo y que no afecte con más intensidad a los sectores más vulnerables. En provincias volcadas en el negocio del regadío, es todo un reto. Para Arrojo, parte de la solución se encuentra en incluir el regadío, y no solo el secano, en los seguros por sequía ya existentes. Algo problemático, reconoce, porque “las aseguradoras se fían de la meteorología, pero no de las eléctricas o de las comunidades de regantes”, que miran por su propio beneficio al desembalsar el agua o gestionarla. Las subvenciones estatales, además, deben incluir criterios de sostenibilidad y buen uso del agua. La alternativa actual, regalar agua ante la necesidad, favorece su derroche y la ventaja de las grandes explotaciones agroindustriales, que siempre pueden venderla. El sistema, defiende, “está marcando el camino de salida” al pequeño agricultor en base al libre mercado de agua.
El profesor de la Universidad de Zaragoza lleva defendiendo ideas similares más de una década. La diferencia es que, a día de hoy, el cambio climático ha convertido una cuestión de aprovechamiento de los recursos, justicia social y prevención en una necesidad inaplazable: en el marco de unas tensiones políticas que irán cada vez a más. Sus argumentos, sin embargo, buscan también seducir al regante, al agricultor y a los eslabones más débiles de la transición hidrológica. “Mantener la lógica de la explotación es abocarnos al desastre de la pérdida de los puestos de trabajo. Es un principio económico inteligente, no social”, concluye.
Pocos parlamentos pueden presumir de contar con un diputado como Pedro Arrojo (Madrid, 1951) en sus filas. El profesor de la Universidad de Zaragoza, cuya investigación se centra en la economía del agua, es una eminencia a nivel mundial en la gestión de los recursos hídricos, cada vez en más titulares por la amenaza del cambio climático. Fue galardonado con el premio Goldman, considerado el Nobel del medioambiente, en 2003 por “encabezar una nueva ola de activismo cuyo objetivo es poner fin a la fracasada política de gestión hidrológica basada en la construcción de presas y el trasvase de aguas”, afirmó el jurado. 15 años después, esa sigue siendo su lucha: empezó ejerciéndola desde la creación de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) en Zaragoza, y ahora la ejerce como parlamentario de Unidos Podemos.