'No dejar a nadie atrás': ¿cómo cumplen las ciudades españolas con la petición de la ONU para el Día Mundial del Agua?

Río de Janeiro, Brasil. Junio de 1992. Políticos, diplomáticos, científicos, periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) de 179 países se reúnen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). Durante el encuentro, denominado también 'Cumbre de la Tierra', se recomendó la creación de un día internacional dedicado al agua. Y lo aprobaron: designaron el 22 de marzo del año siguiente como el primer Día Mundial del Agua. Pero meses antes de llegar a esa fecha, la Asamblea General de las Naciones Unidas ya aprobó que no sólo se celebraría en 1993. Todos los 22 de marzo serían Día Mundial del Agua. Este viernes es el vigésimo sexto.

Se celebra, como todos los años anteriores, en torno a un lema: "No dejar a nadie atrás" es el de 2019. "Se trata de una adaptación de la promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: todo el mundo debe beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible", según explica la propia ONU. Y es que una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible consiste en "garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos de aquí a 2030". "Por definición, eso significa no dejar a nadie atrás", dice la institución.

 

Porque hay gente atrás. Según el informe Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene, realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, 2.100 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares. Además, una de cada cuatro escuelas primarias en todo el mundo carece de abastecimiento de agua potable, y los alumnos consumen agua de fuentes no protegidas o pasan sed —tal y como evidenció Unicef. Por otro lado, más 700 niños menores de cinco años mueren todos los días de diarrea causada por agua insalubre —también según Unicef. Y alrededor de 4.000 millones de personas padecen una escasez grave de agua durante, al menos, un mes al año —tal y como recogió un artículo en Science Advances.

Podríamos estar enumerando datos similares varios párrafos más. Y eso es una mala señal. Significa que, evidentemente, la desigualdad está presente hasta en lo más básico. Y que haya una desigualdad hidrológica es, en el fondo, un atentado contra un derecho humano. Así lo calificó la ONU en el año 2010, cuando reconoció que "el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".

 

Imagen de la campaña del Día Mundial del Agua 2019. | ONU

Pero hay una causa que explica que haya personas a las que se deja atrás. Según la ONU, algunos de los "motivos de discriminación" por los que ocurre son el sexo y el género, la raza, la etnia, la religión, la nacionalidad, la discapacidad, la edad, el estado de salud, la tenencia de bienes, el lugar de residencia y la situación económica y social. "Otros factores, tales como la degradación del medio ambiente, el cambio climático, el crecimiento demográfico, los conflictos, los flujos de migración y los desplazamientos forzosos, también pueden perjudicar de manera desproporcionada a los grupos marginados por las repercusiones que tienen en el agua", añade Naciones Unidas. 

¿Y en España? También hay grupos marginados. Por ello, algunas de las entidades que gestionan el agua en ciudades españolas han puesto en marcha programas especiales para personas vulnerables. Pero solo tres garantizan a sus vecinos el suministro de un mínimo vital: Cádiz, Córdoba y Sevilla. Así lo pone al menos de manifiesto un informe elaborado por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) al que ha tenido acceso infoLibre. [y cuyo resumen se puede consultar en este enlace]. Estas son las únicas tres ciudades españolas que consideran el acceso al agua como un derecho humano, explica Luis Babiano, autor del estudio. 

150.000 hogares españoles se acogen a mecanismos de ayuda social

El lema escogido por la ONU para este Día Mundial del Agua, fácilmente se puede extrapolar a España. Y es que, en nuestro país, cerca de 150.000 hogares están sujetos a algún mecanismo de acción social para garantizar su acceso al agua potable. De estos, el 77% recibe ayudas a fondo perdido. Y de este porcentaje, el 4% lo hace para financiar los pagos sin intereses, según la Guía para la aplicación de mecanismos de acción social en la gestión del agua, consultada por este diario [se puede ver aquí] y elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS). 

El documento aboga, precisamente, por lo que han implantado Cádiz, Córdoba y Sevilla: el agua es un derecho humano fundamental y, como tal, no debe ser "de ninguna de las maneras arrebatado por cuestiones meramente económicas". 

Además, recuerda que cada vez más operadores de servicios de agua urbana aplican diferentes mecanismos. Y lo necesario es que esto se extienda en el resto del territorio. En total, según informó Europa Press, los operadores de suministro de agua cubren el servicio a más de 16 millones de ciudadanos y destinan casi 8,5 millones de ayudas a hogares con dificultades económicas, mediante bonificaciones, fondos de solidaridad, etc. 

infoLibre ha querido saber, exactamente, de qué manera funcionan estas ayudas. Para ello, se ha puesto en contacto con las operadoras de distintas ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla, València, Bilbao, A Coruña, Zaragoza y  Vigo. Ni este municipio gallego ni Emivasa, la operadora que gestiona el agua en València, contestaron a las preguntas formuladas. El resto, sí. ¿Cómo funcionan las ayudas a personas en riesgo de vulnerabilidad en las grandes ciudades españolas?

  Madrid: 49.616 contratos bonificados en 2018

El agua de casi la totalidad de la Comunidad de Madrid es gestionada por la empresa pública Canal de Isabel II. Fuentes oficiales explican que, efectivamente, disponen de "tarifas bonificadas que se aplican a distintos colectivos". El objetivo es intentar que ningún madrileño ni ninguna madrileña tenga dificultades para disponer de agua potable en casa por motivos meramente económicos. Así que el Canal aplica estas tarifas en tres bloques: "por exención social, por familia o vivienda numerosa y, desde enero de 2019, también por pensión de viudedad". 

De este modo, se bonifica parte del importe de la tarifa del agua a los perceptores de estas prestaciones, a las familias y viviendas numerosas y, por exención social, a las "entidades sin ánimo de lucro titulares de viviendas comunitarias o pisos tutelados", a los beneficiarios de una pensión no contributiva, de la Renta Mínima de Inserción o de la Renta Activa de Inserción "y a todas las personas en situación de especial exclusión que cuenten con un certificado de un trabajador social". A todas las personas cubiertas por motivo de exención social se les bonifica el 50% de la cuota fija. 

Pero no siempre ha funcionado así. Las bonificaciones a familias numerosas comenzaron en 1996, pero hubo que esperar diez años más, hasta 2006, para que las viviendas numerosas y la categoría de exención social percibieran algún tipo de ayuda. A partir de ahí, cada año, afirman las fuentes de la entidad, se han intentado ampliar a más colectivos. "Se han ido ampliando cada año para acercarse a las necesidades y, sobre todo, para facilitar los trámites", aseguran desde Canal de Isabel II. 

De este modo, las bonificaciones han crecido: tanto en el número de contratos beneficiados como en el importe. En diez años, el número de contratos bonificados han crecido en un 199%, pasando de ser 16.579 en 2009 a 49.616 en el año 2018. El importe, del mismo modo, pasó de ser de 749.885 en 2009 a 2.815.815 en el pasado año. 

  Barcelona: Fondo de Solidaridad creado durante la crisis

Aigües de Barcelona, la operadora que gestiona el agua en la ciudad Barcelona y en su área metropolitana, ha elaborado su propio lema para este viernes. Y sigue, con él, la línea de la ONU: Nadie sin agua. Según explican en la empresa, han intentado llevar esas tres palabras a la práctica. Lo han hecho, especifican, mediante "diferentes ayudas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad: el Fondo de Solidaridad, la tarifa social, las bonificaciones a los hogares en los que habitan más de tres personas y los hogares con personas discapacitadas y dependencia reconocida". 

Pero lo que destacan desde la entidad es, precisamente, el Fondo de Solidaridad. Se creó, según explican, en el año 2012, en plena crisis económica. Y es que su función era paliar, precisamente, los efectos de la recesión. "Conscientes de nuestra responsabilidad como prestataria de un servicio de primera necesidad", Aigües de Barcelona "creó en el año 2012 un Fondo de Solidaridad pionero en el sector para atender la situación de las familias vulnerables, aquellas que, debido a la crisis económica, no se podían hacer cargo del pago del recibo del agua". 

Consiste, concretamente, en un acuerdo con los servicios sociales de los ayuntamientos para que no se corte el suministro de agua a ninguna familia que no pueda pagar el recibo. Se han firmado, en concreto, convenios con 22 municipios del área metropolitana. Además, se ha condonado la deuda por los recibos atrasados. "Se trata de la deuda que acumularon desde que dejaron de pagar hasta que los servicios sociales de ayuntamiento los declaró en situación de vulnerabilidad y, por tanto, entraron a formar parte del Fondo de Solidaridad", informan. Desde que se puso en marcha, 24.922 familias —7.000 en la ciudad de Barcelona— dejaron de abonar el importe del recibo del agua correspondiente al consumo y 9.296 familias vieron condonada su deuda.

Pero las bonificaciones de Aigües de Barcelona no acaban en el Fondo Social. Según explican, en 2014 se creó una tarifa social que reduce el 25% el importe del servicio del agua sobre la tarifa doméstica de las personas en paro, jubiladas, viudas, las que perciben una pensión mínima contributiva por incapacidad permanente y los perceptores de la renta mínima garantizada. Esto ha beneficiado a 13.781 familias. 

"Desde hace años se promueven las bonificaciones para hogares de más de tres personas y se han impulsado otras medidas como los aplazamientos y flexibilidad de pago de las facturas para familias con dificultades", añaden.  Se han beneficiado, de esto último, 2.608 familias. 

  Bilbao: recibos bonificados en un 80%

En Bilbao, el agua es gestiona por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Es la entidad responsable del abastecimiento de agua potable y del saneamiento de las aguas residuales de, aproximadamente, un millón de habitantes de Bizkaia. Está integrado por ochenta municipios, además de por la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco. Y, al igual que ocurría en Madrid y Barcelona, es una entidad con programas especiales destinados a personas en situación de vulnerabilidad. 

Se decidió en el año 2016. Y el objetivo fue "posibilitar que las familias que se encuentran en una situación económicamente desfavorecida puedan realizar el pago de las facturas por los consumos domiciliarios, tratando de minimizar el impacto en su economía familiar". Así, desde el 1 de enero de 2017, las familias receptoras de la Renta de Garantía de Ingresos pueden acceder a una bonificación de la tasa de saneamiento. En ese momento, se estableció que se bonificaría en un 30%. Pero "a mediados del mismo ejercicio 2017 se incrementó notablemente el importe bonificado, estableciéndose en un 80%". Y ahora, desde el 1 de enero, funciona de este modo. 

En 2017 benefició a 981 facturas. Un año más tarde, a 1.755. Ahora, en 2019, el Consorcio prevé que se eleve hasta las 3.996. 

Por otro lado, el Consorcio también posibilita el pago fraccionado y su adecuación a las posibilidades del usuario "sin establecer recargos o intereses de demora". 

  Sevilla: el agua como un "derecho humano" básico

La empresa pública de agua del Ayuntamiento de Sevilla y de 11 municipios del área metropolitana, Emasesa, abastece, en la actualidad, a más de un millón de personas. Según informa la compañía, dispone de un "amplio programa" de medidas sociales que, además, se revisa año a año. Hasta aquí, es lo mismo que destacaban el resto de entidades públicas analizadas. Pero hay una diferenciación fundamental. En Emasesa consideran el acceso al agua un "derecho humano fundamental" que en ningún puede ser vulnerado. Menos por dificultades económicas. Así que, con el objetivo de protegerlo, dicen, "Emasesa, en colaboración con los servicios sociales municipales, viene desarrollando distintos programas de medidas sociales para garantizar que no se produzca ninguna suspensión de agua a quien no pueda pagarla. 

La consideración del acceso al agua como un derecho humano, no obstante, es reciente. Data del año 2017, cuando la normativa reguladora de Emasesa incluyó que "en ningún caso procederá a la suspensión del suministro para uso doméstico a aquellas personas usuarias que estén en situación de emergencia social válidamente acreditada por los servicios sociales municipales". Además de no hacerlo, dicen, se guía al usuario del procedimiento necesario para acceder a la ayuda necesario. Pero en ningún caso se le cortará el suministro. 

No obstante, las ayudas para personas en situación de vulnerabilidad vienen de antes. Comenzaron, en concreto, en el año 2015. ¿Y cuáles son? Por un lado, los pagos pueden adaptarse a las necesidades puntuales de los usuarios. Así, estos podrán fraccionarlo o aplazarlo total o parcialmente. Además, también dan la posibilidad de financiar hasta cuatro facturas consecutivas e individualizar los contadores con una obra financiada. 

Pero las ayudas han cambiado con los años. La normativa, según explican las fuentes de la entidad, ha incrementado los importes, ha cambiado las condiciones de financiación, etc. De este modo, las personas beneficiadas han aumentado, año a año, desde 2015. En ese momento, 1.319 personas se acogieron a los programas de ayudas. En 2017 ya fueron 7.799. Pero ahora, en 2018, descendieron hasta las 5.257.

Zaragoza: ayudas en función de los ingresos

En Zaragoza, el propio ayuntamiento elabora y gestiona ayudas relativas al consumo de agua. Estas, según explican sus fuentes, existen "desde hace muchos años". Pero eso sí, han cambiado. Antes solo existía una tipología de hogares en función de los ingresos pero, con la crisis, se añadieron dos más. Son lo que la institución llama "hogares tipo 1", "hogares tipo 2" —creados en 2009— y "hogares tipo 3" —estos últimos introducidos en 2017.

¿En qué se diferencian? En los ingresos. El propio ayuntamiento elabora unos tramos que, si no son superados, dan derecho a obtener la ayuda. La bonificación del consumo de agua puede llegar, en algunos casos, al 100%. 

Los "hogares tipo 1", los que menos ingresos anuales tienen, son también los mayoritarios. No obstante, sus beneficiarios se han mantenido prácticamente intactos desde hace diez años. En 2009 había 3.234 beneficiarios. En 2015 —último aportado por el Ayuntamiento—, 3.343. La evolución, por tanto, ha sido mínima, aunque mayor desde el año 2012, cuando los efectos de la crisis comenzaron a notarse con mayor crudeza. 

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En A Coruña, la empresa municipal de aguas, Emalcsa, también bonifica a las personas en situación de vulnerabilidad. Tal y como explican sus propias fuentes, existe un bono social con descuentos en la tarifa para personas en riesgo de exclusión social. Pero son muy recientes. Comenzaron en el año 2015 "como respuesta a la emergencia social causada por la crisis", por lo que el número de hogares beneficiado fue mínimo. En los dos años siguientes, sin embargo, crecieron: en 2017 hubo 213 viviendas que solicitaron la ayuda; en 2018 la cifra se situó en las 488. 

Y es que el bono social hidráulico se ha dado a conocer poco a poco. Como los de casi todas las demás entidades, está dirigido a cualquier cliente cuya mala situación económica haya sido acreditada previamente por los servicios sociales municipales. Una vez solicitado, si se concede, todas estas personas tendrán descuentos en su factura.

Aunque estos varían. "Los hogares que dependen de subsidios como la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA) de la Xunta o la Renta Social Municipal del Concello de A Coruña no pagan nada por el agua. Tienen cuota cero", explican las fuentes de la entidad. Por otro lado, reciben un descuento del 75% en la factura los hogares en los que los ingresos sean iguales o superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) —que en 2018 se situó en 537,84 euros por persona y mes. Por último, los que sus ingresos se sitúen entre el 101% y el 150% del IPREM pueden obtener un descuento del 50%.