El caso contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, sigue sin arrojar nada concluyente doscientos sesenta y nueve días después de su puesta en marcha. La investigación, iniciada a raíz de una querella interpuesta en base a informaciones periodísticas –alguna de ellas falsa– por el colectivo ultra Manos Limpias, ha acabado convirtiendo el Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid en un permanente foco de atención mediática. Por el órgano judicial, que dirige Juan Carlos Peinado, han desfilado durante los últimos ocho meses hasta una veintena de personas, entre testigos e investigados, para ser interrogados en el marco de una causa con mil frentes abiertos. Comparecencias que, de momento, no han permitido al magistrado instructor atar el caso que persigue a la esposa de Pedro Sánchez.
La investigación judicial contra Gómez giraba en un primer momento en torno a dos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y, en concreto, se centraba en una serie de contratos adjudicados por la entidad pública Red.es, adscrita al Ministerio de Transformación Digital, a Innova Next, una de las firmas del empresario Juan Carlos Barrabés, y unas cartas de recomendación aportadas a dichas licitaciones –alguna de ellas suscrita por la propia Begoña Gómez–.
Los investigadores no han encontrado, de momento, un solo indicio sólido de delito en estas adjudicaciones. "No se han hallado que los tres expedientes analizados se hubieran valorado de forma distinta a otros expedientes similares", dijo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en un primer informe. Dos de ellos, dejaron de formar parte de la causa después de que la Fiscalía Europea asumiera su investigación. No así el tercero, sobre el que volvió a pronunciarse en el mismo sentido la UCO: "La preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública".
"Lo que se firmaba no era de apoyo a una empresa"
En su declaración en sede judicial, Begoña Gómez ha negado haber "intervenido" o hecho "gestión" alguna para que esos contratos recayesen en Barrabés. Irregularidades en torno a esas adjudicaciones que el empresario también ha negado en sus comparecencias ante el instructor –primero como testigo y luego como investigado–, en las que precisó que las gestiones de los concursos públicos las llevaba su equipo y que las cartas bajo la lupa no eran de recomendación de su empresa, sino de apoyo "al proyecto". Algo en lo que también insistiría Gómez: "Lo que se firmaba no era el apoyo a una empresa en concreto, sino que se apoyaba la importancia a efectos de innovación del proyecto"
A lo largo de estos ocho meses, el magistrado instructor ha interrogado a varios testigos sobre estas adjudicaciones. Pero de poco le ha servido. A los primeros que preguntó fue a dos periodistas, que no pudieron confirmar que hubiese existido algún tipo de presión para la adjudicación de los contratos bajo sospecha. Y después a Luis Miguel Ciprés, consejero delegado de la sociedad de Barrabés. En una tensa declaración como testigo, en la que Peinado le llegó a preguntar si percibía "algún tipo de oligofrenia en los presentes" al no entender alguna de sus preguntas, Ciprés llegó a restar importancia a las famosas cartas con las que se acudía a las licitaciones.
"No son de recomendación, sino de apoyo, que es distinto", aseguró el testigo, quien dijo que estas misivas se presentaban "en la gran mayoría de concursos". Es más, llegó a asegurar que ante una licitación, era "habitual" que el "equipo" identificase a aquellas entidades que pudieran tener "relación" con el "contenido del objeto" de la misma y les hiciese llegar dichas cartas para su firma. Durante su comparecencia, además, Ciprés detalló que las empresas de Barrabés se habían hecho con contratos públicos desde 2012, si bien a partir de la pandemia los mismos se incrementaron. Y apuntó que el primero que consiguieron de gran envergadura fue uno de más de un millón del Ayuntamiento de Madrid de 2017.
"Entendíamos que el contenido era muy interesante"
Este primer frente de la investigación ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo, mientras se ha ido incrementando el interés relativo a la relación profesional de Gómez con la Universidad Complutense de Madrid. En concreto, el foco está puesto sobre los dos másteres y la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que la mujer del presidente del Gobierno dirigió. Pero por el momento los testimonios que se han ido recogiendo a lo largo de estos ocho meses siguen sin apuntar con claridad hacia una suerte de trato de favor en esta materia.
El rector del centro, Joaquín Goyache, quien tuvo que comparecer como investigado después de que Peinado le cambiase la condición que tenía como testigo, ha negado una y otra vez irregularidad alguna en la creación de la cátedra extraordinaria. Dijo que Gómez se la había ofrecido. Y que luego "simplemente" transmitió al entonces vicerrector de Planificación, Juan Carlos Doadrio, la posibilidad de poner en marcha esa cátedra extraordinaria y el interés que dos entidades tenían en ella. "Y ya delegué en él", completó. Aunque él consideró entonces "importante" lo que se proponía, negó haber presionado a nadie para su creación. "¿Usted influyó, presionó, instigó, sugirió o invitó a crear esa cátedra?", le preguntó su abogado. "No", respondió.
Doadrio también prestó declaración como testigo ante el juez. En su comparecencia, explicó que Goyache le llamó por teléfono y le dijo: "Tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente. ¿Tienes algún inconveniente?". "Si tiene la documentación bien, no tengo inconveniente", respondió. Además, dejó claro que no cobró ningún emolumento por ella y que antes de que se le diera luz verde se revisó su experiencia previa y cualificación, viéndose que "había dado ya un máster" en el centro, que la puntuación que había tenido era "muy buena" y que tenía "relaciones con empresas", algo que iba bien encaminado.
También ha declarado como testigo José María Coello de Portugal, sucesor de Doadrio. Y más recientemente el jefe de servicios jurídicos de la Complutense, que tampoco aportó mucho más al caso. Del mismo modo, han comparecido Ignacio Mariscal y Marc Simón, consejero delegado de Reale Seguros y subdirector de la Fundación La Caixa, respectivamente. Fueron las dos entidades que patrocinaron la Cátedra de Transformación Social Competitiva.
El primero explicó que se reunió con Gómez tras la intermediación de un amigo y que financiaron la cátedra porque tenía "buena pinta": "Entendíamos que el contenido era muy interesante. Y los fines también. Reportaba aliarnos con una universidad de prestigio. Y nos reportaba acceder a un público joven, que nuestro perfil de cliente es mucho más mayor". Simón, por su parte, dijo que dieron el paso porque el proyecto planteado podía encajar con los "fines sociales" de la fundación y dejó claro que las colaboraciones de la misma con universidades son "habituales". Además, señaló que la entidad consideró "satisfactorios" los resultados de las actividades realizadas en el marco de la cátedra.
"Una contratación normal" en el IE
Otro de los múltiples frentes abiertos en el marco de esta causa es el relativo a la relación con el Instituto de Empresa (IE). Pero en estas prospecciones tampoco se ha encontrado, por el momento, petróleo. Diego del Alcázar, presidente de la entidad, contó al juez que se fichó a Gómez como directora del IE África Center no porque fuera la esposa del presidente, sino porque consideraban que tenía un perfil adecuado. Algo en lo que también insistió Juan José Güemes, exconsejero de la Comunidad de Madrid en la época de Esperanza Aguirre y hoy alto cargo del IE, que fue quien dio la orden de contratarla: "Fue un proceso de contratación normal".
Peinado cita como testigos a cargos de cinco empresas y de la Complutense en el caso de Begoña Gómez
Güemes, como Barrabés o Goyache, es otro de esos testigos a los que Peinado ha convertido en investigados en un abrir y cerrar de ojos. En su caso, al entender que el testimonio que había dado entraba en contradicción con algo que realmente nunca dijo la directora de recursos humanos del centro, Blanca Gil. Durante su comparecencia, la responsable vino a decir simplemente que la orden de contratarla se la dio Güemes y que se había firmado por ambas partes una cláusula especial de conflicto de interés motivada porque Gómez era la mujer del presidente del Gobierno. En ningún momento aseveró que se la hubiera fichado sólo por ser la esposa del jefe del Ejecutivo.
Un mes después, Güemes se sentó frente a Peinado. "La directora de recursos humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la razón o la motivación, en concreto, utilizó el término motivación, fue por ser el presidente del Gobierno. ¿Es así o se requiere una diligencia de careo? Dígame, contésteme", soltó el instructor. El testigo confirmó que, como superior jerárquico, efectivamente él dio la instrucción de formalizar el contrato. Ahora bien, dejó claro que el fichaje no venía motivado por ser la esposa del líder del Ejecutivo. "¿Me está usted diciendo que faltó a la verdad la señora Gil de Antuaño?", apuntó el juez. "No, señoría, no conozco el testimonio, se lo estoy transmitiendo", contestó Güemes. Tras esto, la declaración fue suspendida y él quedó imputado.
Comienza el año con más testificales
Han sido ocho meses intensos. Doscientos sesenta y nueve días en los que el magistrado se ha llegado a desplazar hasta Moncloa para intentar recoger testimonio al presidente del Gobierno y hasta ha interrogado a un supuesto monitor de esquí de la familia en base a una carta enviada a la Guardia Civil por un conocido ultraderechista. Pero Peinado no suelta el acelerador en su incisiva y cada vez más extensa investigación. Para este mes de enero, el magistrado ha vuelto a citar para declarar a Doadrio y Coello de Portugal. Y también a representantes de las empresas Indra Sistemas, Google, Fundación Manpower, Arsys Internet y Telefónica para indagar sobre la supuesta apropiación indebida de un software de la Complutense. La enésima derivada del caso.
El caso contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, sigue sin arrojar nada concluyente doscientos sesenta y nueve días después de su puesta en marcha. La investigación, iniciada a raíz de una querella interpuesta en base a informaciones periodísticas –alguna de ellas falsa– por el colectivo ultra Manos Limpias, ha acabado convirtiendo el Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid en un permanente foco de atención mediática. Por el órgano judicial, que dirige Juan Carlos Peinado, han desfilado durante los últimos ocho meses hasta una veintena de personas, entre testigos e investigados, para ser interrogados en el marco de una causa con mil frentes abiertos. Comparecencias que, de momento, no han permitido al magistrado instructor atar el caso que persigue a la esposa de Pedro Sánchez.