El periodismo en Europa se mueve entre la regulación de Portugal e Italia y el acceso libre de Alemania y Francia
La habilitación para el ejercicio del periodismo en Europa está lejos de ser homogénea. Los modelos de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal siguen filosofías contrapuestas en términos de regulación y de sanción de las conductas contrarias a la deontología periodística.
Los más parecidos a la situación en España —acceso libre a la profesión sin restricciones y ausencia total de sanciones por incumplimiento de las normas de conducta profesional, más allá de la posibilidad una reprobación sin consecuencias por parte de una comisión dependiente de la FAPE— son Alemania, Francia y Reino Unido. Y los más distantes, Italia y Portugal.
El periodismo alemán, sin apenas regulación, ocupa el puesto décimo en la clasificación mundial de la libertad de prensa que elabora la organización Reporteros sin Fronteras (RSF). El portugués, uno de los más supervisados, está en el séptimo lugar.
infoLibre repasa a continuación, uno a uno, los sistemas que rigen en estos cinco países.
Alemania: hay que publicar las sanciones
La situación del periodismo alemán es muy parecida a la que rige en España. Cualquiera puede autoproclamarse periodista y trabajar como tal. No hay restricciones.
Desde 2018 existe un un carné de prensa, para acreditarse en eventos o identificarse ante la policía en manifestaciones o escenas de accidentes que es emitido por las cuatro principales asociaciones de editores y sindicatos de periodistas y que lleva la firma del primer ministro del respectivo estado federal.
“Es una tarjeta que solo se otorga a periodistas que pueden demostrar que obtienen sus ingresos a través del periodismo como trabajo a tiempo completo”, puntualiza a infoLIbre Sonja Volkmann-Schluck, Asesora de Relaciones Públicas del Deutcher Presserat (Consejo Alemán de Prensa), creado en 1956 y formado por las principales asociaciones alemanas de editores y periodistas.
El Deutcher Presserat (DP) se ocupa sólo de la prensa tradicional y de las publicaciones online. Para la radiodifusión hay otras autoridades responsables (Landesmedienanstalten para la privada; Rundfunkrat para la pública).
“Alrededor del 95% de los grandes editores son miembros de las dos organizaciones de editores BDZV y MVFP” y “reconocen nuestra autoridad comprometiéndose con el código de prensa”, explica Volkmann-Schluck. Desde 2020, los medios nativos digitales están regulados por los Landesmedienanstalten si no están regulados por el DP.
El Consejo Alemán de Prensa se ocupa, entre otras cosas, de examinar las quejas de lectores y usuarios, pero la sanción más dura es la amonestación pública. Eso sí, con obligación de imprimirse en el medio afectado, lo que ya marca una diferencia con el sistema español.
Entre las sanciones publicadas en lo que va de año por el Deutcher Presserat hay reproches a la mezcla de contenidos comercial en un editorial, a llamar “asesino” a una persona todavía no condenada o a la presentación de meras acusaciones como hechos comprobados.
Italia: La mala praxis puede costar la inhabilitación
Para ejercer el periodismo en Italia solo hay que estar en plena posesión de los derechos políticos y civiles, tener un diploma de secundaria —hay una propuesta de reforma para exigir, al menos, una licenciatura universitaria— y elegir una de las dos vías para la inscripción al Ordine dei Giornalisti (Colegio Nacional de Periodistas).
La primera vía es para ejercer como periodista profesional. La segunda, da derecho a a ejercer de forma ocasional y no exclusiva (da cobertura a los colaboradores que no tienen el periodismo como ocupación principal, pero también a los fotógrafos).
Los dos caminos conllevan la inscripción en un registro (el de periodistas profesionales y el de colaboradores) que “es obligatoria para ejercer la profesión”, explica la periodista italiana Paola del Vecchio, presidenta del Círculo de Corresponsales Extranjeros en España.
Para conseguir la inscripción como periodista profesional es necesario acreditar una práctica de al menos 18 meses como periodista en una redacción y cursos de formación profesional organizados por el Ordine dei Giornalisti, después de lo cual hay que superar superar un examen final de idoneidad profesional. O, en su caso, completar dos años de estudios en alguna de las 11 escuelas de periodismo reconocidas por el colegio nacional de periodistas en todo el país.
El examen comienza con una prueba escrita con preguntas sobre el papel y la función del periodista, la deontología y la ética profesional y cultura general, así como técnicas y prácticas de los distintos medios e historia del periodismo.
Una vez superada la prueba escrita, se accede a la oral delante de una comisión nacional de siete miembros, presidida por un magistrado de Corte de Apelación de Tribunal, otro magistrado y cinco periodistas profesionales con al menos 10 anos de experiencia.
Los colaboradores se pueden inscribir como tales si acreditan haber desarrollado actividad periodística retribuida y continuada durante por los menos dos anos. No tienen que hacer el examen final ni la práctica de 18 meses, pero queda a criterio del Ordine dei Gornalisti aceptar la solicitud o rechazarla.
El periodismo italiano no sólo tiene regulado el acceso a la profesión sino las sanciones que conlleva incumplir el Código Deontológico. Una norma aprobada en 1963 establece incluso la posibilidad de perder la inscripción en el registro y con ella el derecho a ejercer el periodismo.
El periodista italiano Mauro Aurelio Bafile cita dos ejemplos en conversación con infoLibre. El de Sergio Versicchio, expulsado por repetidos insultos sexistas contra una árbitra durante una crónica radiofónica., y el del subdirector de Libero expulsado por haber colaborado con los Servicios Secretos italiano y por haber publicado noticias a cambio de dinero.
Francia: el modelo español
En Francia no existe “absolutamente ningún requisito” para ejercer como periodista, confirma Yann Philippin, miembros de la redacción de Mediapart, socio editorial de infoLibre. “No necesitas un diploma específico”. Lo que hace a alguien periodista “es la publicación en un medio”.
El Código del Trabajo francés define al periodista profesional como “cualquier persona que tenga como actividad principal, regular y remunerada, el ejercicio de su profesión en una o más empresas de prensa, publicaciones diarias y periódicas o agencias de noticias y que obtenga de ellas lo más importante de sus recursos”.
De esa norma, del año 1935, se deriva la existencia de una tarjeta de prensa, que se obtiene acreditando que más de la mitad de los ingresos tienen origen en medios de comunicación y en ningún caso del sector de las relaciones públicas, pero no es necesario tenerla para ser considerado periodista. La otorga la Commision de la Carta d’Identité des Journalistes Professionels (CCIJP)
Como resultado, tampoco existen sanciones. Desde el año 2019 existe un organismo, el Conseil de Déontologie Journalistique et de Médiation (CDJM), del que forman parte organizaciones de periodistas, medios y representantes de otras entidades, al que es posible presentar quejas.
El CDJM instruye el caso y determina si el artículo respetó o no la ética periodística, pero sus resoluciones no son vinculantes. Cuando se considera que una información ha cometido una infracción ética, no hay obligación de corregirlo ni de retirarlo. Ni siquiera es obligatorio como sucede en Alemania, publicar la resolución.
Un ejemplo de un caso que cualquiera puede reconocer en España: en octubre pasado, el CDJM consideró fundada una queja contra Le Journal du Dimanche por atribuir sin ninguna base “apoyo a Hamás” a una diputada de Francia Insumisa. El periódico hizo caso omiso, como se puede comprobar aquí.
Portugal: normas exigentes
Para ejercer el periodismo en Portugal hace falta tener el carné de prensa que emite la Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ). “Sin él no puedes ejercer”, explica a infoLibre la periodista Joana Rei.
LA CCPJ considera periodista a “aquel que ejerce, como ocupación principal, permanente y remunerada, con capacidad editorial, funciones de investigación, recopilación, selección y tratamiento de hechos, noticias o opiniones, a través de texto, imagen o sonido, destinados a la divulgación, con fines informativos, a través de la prensa, agencias de noticias, radio, televisión o por cualquier otro medio electrónico de difusión”. La profesión de periodista comienza con una pasantía obligatoria con una duración de 12 meses, en caso de licenciatura en el área de los medios de comunicación o de habilitación con curso equivalente, o de 18 meses en los demás casos.
“Ninguna empresa con actividad en el ámbito de la comunicación social puede admitir o mantener en su servicio, como periodista profesional, a ningún individuo que no esté habilitado” por la CCPJ, según el Estatuto Profesional del Periodista que rige esta actividad en el país.
El incumplimiento de las normas puede ser sancionado por la CCPJ, incluso con la pérdida del carné. Es el caso, por ejemplo, de cualquier periodista que intente compatibilizar su profesión con la publicidad.
En su sus procesos disciplinarios se juzgan desde casos relacionados con la supuesta formulación de “acusaciones sin pruebas” que no respetaban la presunción de inocencia hasta “tratar discriminatoriamente a las personas por razón de ascendencia, sexo, raza, lengua, territorio de origen, religión, convicciones políticas o ideológicas, educación, situación económica, condición social u orientación sexual”.
Reino Unido: a la sombra del ‘informe Leveson’
En el Reino Unido tampoco está regulado el acceso a la profesión, como sucede en España. Cualquiera puede ejercerla. Y el modelo de autorregulación apenas tiene repercusión práctica a pesar de que la supuesta credibilidad del sistema británico saltó por lo aires en 2012 tras el escándalo de escuchas telefónicas ilegales llevadas a cabo por tabloide sensacionalista News of the World.
Un informe redactado por una comisión especial liderada por el juez Brian Leveson evaluó entonces la ética de los medios de comunicación británicos y concluyó la necesidad de imponer una mayor autorregulación, pero todavía hoy sigue sin existir una solución que satisfaga a todas las partes y, sobre todo, que implique a todos los medios.
Leveson descartó someter al sector al control de organismos públicos como Ofcom, la autoridad que regula las cadenas comerciales de televisión. Y certificó el fracaso de la Comisión de Quejas de la Prensa (Press Complaints Commission), el ente supervisor creado precisamente a resultas del anterior informe oficial sobre la prensa (ha habido siete en los últimos 80 años, lo que da idea de lo recurrente que es este debate en el Reino Unido).
El informe propuso una nueva entidad que debía cumplir dos funciones: “Promover altos estándares de periodismo y proteger los derechos de los individuos” para ganarse “la confianza del público”.
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La mayoría de los grupos de prensa —desde los editores del Daily Mail, The Sun, Daily Telegraph y Daily Mirror a los de Hello!, Vogue y muchos más— se adhirieron a la Independent Press Standards Organisation (IPSO), heredera del PCC y creada en 2014, que sólo puede actuar sobre sus miembros y, en la práctica, tiene una fuerte dependencia de las empresas.
Varios periódicos, incluidos el Financial Times, The Independent y The Guardian, se negaron a entrar en la IPSO y en cualquier otro órgsano regulador. Y la principal organización sindical de periodistas, la National Union of Journalists (NUJ), asegura que “la IPSO no es independiente de la industria y su código deontológico es deficiente”.
Existe, además, otro regulador, el Independent Monitor for the Press (Impress), que sí cumple las recomendaciones del informe Leveson pero del que no forma parte ninguno de los grades medios.
