Blanca Pou, la periodista de Europa Press afectada por el llamado caso Móviles ha reiterado este martes que no dio su dispositivo de manera voluntaria a la Policía NacionalPolicía Nacional, que se lo incautó --junto a dos ordenadores y diversa documentación-- para investigar el origen de unas informaciones periodísticas publicadas en relación al caso Cursach.
Ante los medios de comunicación, tras declarar este martes como testigo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJIB), Pou ha explicado que en el momento de la incautación protestó y que manifestó que "la incautación" vulneraba su "secreto profesional".
"Nos mantenemos en esa línea y máxime cuando ahora sabemos que hacía meses que la Policía tenía acceso a mis llamadas y a los posicionamientos de mi móvil", ha dicho para luego añadir que "es una clarísima vulneración del derecho profesional periodístico y vamos a seguir en esta lucha para proteger nuestras fuentes".
Pou se ha manifestado de esta manera tras declarar durante unos 40 minutos ante la magistrada que instruye el caso, Felisa Vidal. Después de ella, ha entrado a declarar el otro periodista afectado, Francisco Mestre, de Diario de Mallorca.
Tras ellos, comparecerá como testigo el inspector jefe de la Policía Judicial encargado de la investigación en el Juzgado. Se trata del agente que solicitó las medidas adoptadas por el juez, y que participó presencialmente en la incautación de los equipos.
Además, elaboró un informe a petición de Florit, en el que defendía que los listados de llamadas de los periodistas eran "vitales" para investigar la revelación de secretos en las noticias publicadas sobre el caso Cursachcaso Cursach.
Caso móviles
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La querella se presentó después de que la Policía se incautara, por orden del juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, de los teléfonos móviles de los dos redactores de Europa Press y Diario de Mallorca. También requisaron ordenadores, un pendrive y diversa documentación en la sede de Europa Press.
Este lunes, Florit, que declaró como investigado ante el TSJIB por este caso, señaló que, según su opinión, no vulneró el secreto profesional al ordenar la incautación y el rastreo de móviles de periodistas que cubrían la macrocausa de corrupción policial.
El fiscal Anticorrupción Juan Carrau, que declaró como testigo, también mantuvo que sus actuaciones dentro de esta causa fueron correctas.
Blanca Pou, la periodista de Europa Press afectada por el llamado caso Móviles ha reiterado este martes que no dio su dispositivo de manera voluntaria a la Policía NacionalPolicía Nacional, que se lo incautó --junto a dos ordenadores y diversa documentación-- para investigar el origen de unas informaciones periodísticas publicadas en relación al caso Cursach.