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El Gobierno rechaza, al menos a corto plazo, plantear iniciativas legislativas que afecten a la Casa del Rey en un momento en el que los escándalos que afectan a Juan Carlos I se suceden. El último tiene que ver con la regularización ante la Agencia Tributaria de 678.393,72 euros, cantidad que se correspondería con los impuestos, más recargos, que habría dejado de pagar durante unos meses de 2016 y los ejercicios fiscales completos de 2017 y 2018 por las cantidades recibidas del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Las fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre coinciden en que no es el momento de abrir un debate legal de amplio calado, como sería el que afecta a la institución monárquica. Y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no está en ello ni tiene en la mesa como asunto prioritario una ley de la Corona. El miércoles, después de que los abogados del emérito hicieran público su pago para ponerse al día con el fisco, el jefe del Ejecutivo concedió una entrevista a Informativos Telecinco en la que defendió que este asunto debe tratarse con la máxima "transparencia" y la investigación debe llegar "hasta el final". Pero también insistió en que "la Monarquía no está en peligro" en España y en que se está juzgando "a personas", no a la "institución", en alusión a las investigaciones que afectan a Juan Carlos I.
No quiso ir más allá el presidente y dejó en manos de la Casa del Rey la respuesta a si Felipe VI debe abordar en sus próximos discursos las polémicas que afectan a la Corona o pronunciarse sobre si el emérito podría volver a España para estas fiestas, unos rumores que se han disparado sobre todo ahora que se han conocido sus pagos a Hacienda.
Más exigentes con Felipe VI, al ser la demanda de explicaciones más expresa, han sido desde Unidas Podemos, formación que integra el Gobierno de coalición. Para los morados la monarquía está "en riesgo de implosión". Así lo mantuvo este jueves en rueda de prensa el diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de la formación, Rafa Mayoral. La prioridad para ellos, dijo, no está en legislar sobre la Casa del Rey. "No queremos legislar sobre la Corona, queremos urnas para que la gente decida sobre la forma de Estado", un planteamiento que choca evidentemente con el del Partido Socialista y que Mayoral no obvió. Para el dirigente de Unidas Podemos no es novedad que Sánchez haya dicho que la monarquía "no está en riesgo" porque mientras que ellos son republicanos, el PSOE "no lo es".
En el principal partido de la oposición las reformas para abordar lagunas legislativas que afectan a la Casa del Rey nunca han sido una prioridad. Ni en lo que tiene que ver con una ley de la Corona y, mucho menos, si se requiere tocar la Constitución. De hecho, la ley de transparencia, aprobada en la primera legislatura de Mariano Rajoy, con el Partido Popular con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, pasó muy de puntillas por la institución.
La reacción oficial de los conservadores consiste en circunscribir la regularización fiscal del emérito a la esfera de las "decisiones individuales".
"Eso entra dentro de las decisiones individuales de la persona a la que usted se ha referido. Por lo tanto, yo no tengo nada que decir", respondió Ana Pastor en rueda de prensa en la Cámara Baja cuando fue cuestionada por la regularización fiscal del emérito. Ese "a la persona a la que usted se ha referido" en boca de Ana Pastor sonó a aquella ocasión en la que Mariano Rajoy se refirió al extesorero del PP Luis Bárcenas, ahora en prisión, como "esa persona de la que usted me habla". Y, consciente de la polémica generada, después recurrió a su perfil de Twitter "para que no haya ninguna duda". "Frente a todos aquellos que quieren erosionar nuestro modelo de convivencia, quiero trasladar hoy, de nuevo, mi apoyo a la monarquía y mi reconocimiento a la labor del rey Juan Carlos por su papel trascendental en nuestra democracia", escribió Pastor.
"A cada institución del Estado le corresponde una función; a nosotros la Legislativa y el control al Gobierno, y, por lo tanto, nada que opinar al respecto de lo que hacen otras instituciones", dijo la expresidenta del Congreso y ahora integrante de la Mesa de la Cámara. En todo caso, aprovechó la coyuntura para destacar la "lealtad" del PP al rey Felipe VI y a la monarquía parlamentaria, "la mayor garantía de la unidad y de la fortaleza de esta gran Nación que es España", dijo.
¿Reforma de la Constitución? ¿Ley de la Corona?
Hasta el momento, el presidente del partido, Pablo Casado, no se ha pronunciado sobre la última polémica de Juan Carlos I. El domingo, en los actos del día de la Constitución, cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de que presentase una regularización fiscal, el líder del PP reivindicó el "legado" del emérito y declinó hacer más valoraciones.
No hace mucho, el pasado julio, el Partido Popular esquivaba el debate sobre los aforamientos y la inviolabilidad del rey abierto por Pedro Sánchez en una entrevista concedida a infoLibre y elDiario.es. "Los aforamientos de cargos públicos deben circunscribirse a su actividad y defiendo lo mismo para el rey", dijo el jefe del Ejecutivo al tiempo que añadía que "evidentemente, la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades".
La respuesta del PP de Casado fue acusar a Sánchez de hacer un "uso electoral" de este debate. Quedaban días para las elecciones autonómicas gallegas y vascas. "Cualquier cambio en la Constitución debe hacerse con las mayorías que la alumbraron", advertían desde la dirección nacional del PP.
Quien desde dentro de las filas conservadoras, a título personal, no ve con malos ojos que se regule la monarquía para "ordenar y transparentar las cosas", especialmente en lo que tiene que ver con las "instituciones medulares" españolas, es el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. "No es un mal planteamiento", reconoció Feijóo en una entrevista en Antena 3. En todo caso, alejó la posibilidad de que esto se pueda hacer realidad al poner en duda que este Gobierno sea el "adecuado" para acometer esta reforma, dado que "al menos la mitad pretende derrocar la monarquía constitucional". "No parece el Gobierno más objetivo y más neutral que hayamos podido tener con la institución de la Corona", añadió.
"No está en la cartera" de Justicia
Campo pide "prudencia" en el debate sobre la Corona: "Es el arco de bóveda del modelo de Estado y si se quita una pieza se puede derrumbar todo"
El pasado 30 de octubre, en una entrevista concedida a Onda Cero recogida por Europa Press, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dejó claro que "no" está "en la cartera de su departamento" una reforma de la Constitución para modificar la inviolabilidad de Juan Carlos I.
Existe otra vía que sería la del desarrollo del título II de la Constitución española mediante una ley de la Corona. Para sacarla adelante, el Ejecutivo necesitaría mayoría absoluta, unos números que, en principio, podría tener a su alcance si Pedro Sánchez logra reunir los mismos apoyos de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados, cuando superó en más de diez escaños la mayoría absoluta (176). En este texto legislativo se podrían concretar aquellas cuestiones en las que el monarca es inviolable. Tanto en el partido como en el Grupo Parlamentario Socialista coinciden con el Gobierno en que no están en esto. En que hay otras "prioridades" y en que el "clima político" no es el adecuado.
De forma paralela, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, consideró en una entrevista concedida a Antena 3 que si se plantea la creación de una ley específica relacionada con la Casa del Rey "sí que es importante saber qué piensa la opinión pública".
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