Más de medio centenar de centros de Servicios Sociales de seis comunidades alertan de las consecuencias que ha tenido la limitación de la atención a domicilio en los últimos meses, especialmente en cuanto al "aumento de vidas precarias y en riesgo de extrema pobreza de muchas familias". También la soledad o la depresión se esconden entre los efectos detectados por los profesionales de estos 52 centros repartidos entre Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla y León, Euskadi y Madrid.
Investigadores de cinco universidades públicas –Complutense de Madrid, Illes Balears, País Vasco, Salamanca y Zaragoza– publican un segundo informe sobre los efectos del covid-19 en los Servicios Sociales, un proyecto financiado por el Instituo de la Administración Pública (INAP). El documento aborda concretamente el impacto de la pandemia en los meses de septiembre, octubre y noviembre. En términos generales, los resultados identifican la llegada de "nuevos perfiles de personas usuarias que hasta el momento nunca habían estado en Servicios Sociales".
Los perfiles que han llegado a partir de la pandemia tienden a ser personas "que se quedan sin ahorros o vinculados a la economía sumergida, personas de origen extranjero y solicitantes de asilo, familias que no reciben respuesta de la solicitud del IMV y personas con situaciones psicológicas severas como consecuencia de la pandemia". Para los trabajadores, "el final de los trabajos temporales, el cierre de la hostelería y la finalización de los ERTE" pueden terminar con la "estabilización de las demandas que se había experimentado en los meses otoñales, trayendo un preocupante aumento de las solicitudes".
Recalcan igualmente la presencialidad como valor fundamental y las limitaciones de la atención virtual, especialmente cuando es necesario valorar la situación de una persona o familia. La "falta de información de los casos, derivada de la falta de observación" es a juicio de los profesionales la consecuencia más destacada. La presencialidad, "de manera controlada y con protección", será clave para poder "reactivar el trabajo social con grupos y comunitario", alegan los trabajadores preguntados.
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En cuanto al funcionamiento de los centros, "es imposible hablar de una vuelta a la normalidad total", ya que pese a la reapertura gradual siguen existiendo "numerosas limitaciones como la imposibilidad de realizar intervención grupal y comunitaria, la recomendación de evitar las visitas domiciliarias o la priorización del seguimiento a las personas usuarias por vía telefónica o por email".
El informe insiste en que la falta de presencialidad "puede traer consecuencias a la hora de valorar situaciones de riesgo" y recuerda que la "compleja situación" en el sistema sanitario y en los Servicios Sociales "hace que los trabajadores sociales se sientan agotados, precoupados y con cierto desconcierto porque advierten que lo que está por llegar va a ser peor". Igualmente, "la presión sostenida de todos los meses anteriores" conlleva un "desgaste" en los presionales "cuyo nivel de implicación y responsabilidad es muy elevado".
Más de medio centenar de centros de Servicios Sociales de seis comunidades alertan de las consecuencias que ha tenido la limitación de la atención a domicilio en los últimos meses, especialmente en cuanto al "aumento de vidas precarias y en riesgo de extrema pobreza de muchas familias". También la soledad o la depresión se esconden entre los efectos detectados por los profesionales de estos 52 centros repartidos entre Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla y León, Euskadi y Madrid.