La solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para reabrir las investigaciones sobre la llamada caja b del PP o pieza de los papeles de Bárcenas, que a día de hoy se encuentra ya cerrada en espera de fecha para juicio, ha venido a complicar el horizonte judicial del partido en vísperas de su congreso y cuando sus dirigentes ya daban por amortizado el caso Gürtel y su ramificación de mayor calado político: aquella en cuyo auto de apertura de juicio el juez sostiene que entre 1990 y al menos 2008 el PP "habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal".
Precedida de la que formularon dos acusaciones populares -IU y la asociación de abogados Adade-, la petición de la Fiscalía se sustenta en el relato hecho por Francisco Correa durante su declaración en la vista sobre la primera época de la trama Gürtel. Ese día, 14 de octubre de 2016, Correa colocó el foco sobre la financiación del PP al asegurar que durante años había funcionado un sistema por el que quienes querían obtener a toda costa contratos públicos pagaban a cambio un 3% del importe adjudicado.
Aunque todas las fuentes consultadas este viernes creen que la reapertura no tiene ya marcha atrás, nadie se atreve a aventurar si esta segunda fase de la instrucción judicial se limitará a cubrir el expediente o si, por el contrario, acabará provocando algún terremoto. Bárcenas, asegura su entorno, está tranquilo. De momento, nadie ha pedido que declare si el caso se reabre. ¿Desfilará finalmente otra vez por la sala de interrogatorios de la Audiencia Nacional y qué hará si finalmente llega ese momento? ¿Emergerá algún nuevo elemento que obligue a la Fiscalía a modificar las conclusiones que la llevaron a pedir -y a conseguir- la exculpación de todos los empresarios investigados en aquella primera fase bajo el argumento de que nada permitía vincular donaciones y contratos? Nadie tiene la respuesta aunque observadores que conocen el caso de cerca se muestran especialmente cautos. Especialmente, a la vista de qué pide exactamente el fiscal.
Porque a tenor de lo que ha trascendido este viernes, el fiscal solo pide que tras la reapertura declaren como investigados un empresario que días antes de que hablara Correa ya había ratificado en el juicio el pago de comisiones a cambio de contratos, Alfonso García Pozuelo, expresidente de Constructora Hispánica; y un comisionista -Plácido Vázquez- a quien el considerado jefe de la trama Gürtel señaló como intermediario con las empresas que se declaraban dispuestas a pagar.
Pero, por encima de Vázquez y García Pozuelo, a quien Correa también incluyó en su declaración, el don vito de la Gürtel mencionó a tres gigantes de la economía española como partícipes en el sistema del 3%: ACS, Dragados -desde 2002 filial de la anterior- y OHL. Las empresas señaladas niegan haber pagado ninguna mordida. Y en cuando Correa acabó su declaración anunciaron una querella.
El fiscal no pide la declaración de los máximos responsables de ambos grupos, Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir. Pero si la instrucción se reactiva ambos o, al menos, Villar Mir, puede terminar viéndose obligado a desfilar ante el juez. De momento, la declaración del presidente de ACS y del Real Madrid no la ha requerido nadie. La de Villar Mir, de OHL, sí: las dos acusaciones populares. Villar Mir, además, ya tiene ante sí una situación complicada por una investigación que, no procesalmente pero sí cuanto a su fondo, aparece conectada a esta: la del supuesto -y finalmente abortado- amaño en la adjudicación del mayor hospital de Baleares, Son Espases, en favor de OHL, a cambio de dinero para el PP, caso que investiga en Palma el juez José Castro.
De las tres empresas citadas por Correa, OHL es la única que consta en los papeles de Bárcenas, aquella colección de "anotaciones extracontables" donde entre 1990 y 2008 el extesorero fue reflejando las entradas y salidas de dinero opacas. Es decir, la presunta contabilidad secreta y paralela del PP cuya investigación judicial se saldó con seis acusados -Bárcenas y su antecesor en la tesorería, Álvaro Lapuerta, a la cabeza- y con el PP como presunto responsable civil subsidiario por el supuesto delito fiscal que los implicados habrían cometido en relación a la reforma de la sede central del partido.
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Ningún responsable de ACS aparece en cambio en la que presumiblemente era la contabilidad B del PP. El nombre de ACS sí consta en otro manuscrito que Luis Bárcenas entregó al juez Pablo Ruz en julio de 2013. Según el extesorero, ese documento registraba los pagos efectuados por distintas empresas para financiar la campaña electoral gallega del PP en 2001. Los apuntes consignaban el pago de 30.000 euros por parte de ACS, que se habría comprometido además a desembolsar un millón de euros.
El día en que Correa soltó la bomba ante el tribunal que le juzga, fuentes conocedoras de esa supuesta contabilidad secreta del PP aseguraron a infoLibre que ACS "jamás" aportó fondos para el PP nacional. En conversación con infoLibre, las mismas fuentes añadieron, aunque sin precisar fechas ni cantidades, que sí lo hizo Dragados. Y que del nombre de la compañía no quedó rastro en los papeles de Bárcenas porque sus fondos siempre llegaron al partido "a través de la cuenta de donativos anónimos".
La solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para reabrir las investigaciones sobre la llamada caja b del PP o pieza de los papeles de Bárcenas, que a día de hoy se encuentra ya cerrada en espera de fecha para juicio, ha venido a complicar el horizonte judicial del partido en vísperas de su congreso y cuando sus dirigentes ya daban por amortizado el caso Gürtel y su ramificación de mayor calado político: aquella en cuyo auto de apertura de juicio el juez sostiene que entre 1990 y al menos 2008 el PP "habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal".