El Congreso de los Diputados ya ha dado el paso fundamental para autorizar a sus señorías desempeñar aquellas actividades que solicitan compatibilizar con el escaño. El pasado jueves, 25 de junio, la Comisión del Estatuto de los Diputados, presidida por la socialista Begoña Nasarre, emitió el dictamen que contiene la autorización de una serie de actividades extraparlamentarias que van de la docencia al ejercicio de la abogacía pasando por la participación en empresas privadas. Este documento, al que ha tenido acceso infoLibre, deberá someterse al escrutinio del Pleno en próximas fechas. Un paso que se considera un mero trámite si se tiene en cuenta que fue aprobado por unanimidad por la citada comisión.
Una de las principales conclusiones que se extrae del análisis de los datos es que 16 parlamentarios han solicitado compatibilizar el escaño con otras actividades en la empresa privada. La galería de funciones a las que sus señorías se dedican más allá de la política es bastante plural: desde la compraventa de petróleo a la energía fotovoltaica pasando por el sector audiovisual y las explotaciones ganaderas.
infoLibre repasa, a continuación, el pluriempleo de quienes se sientan en un escaño de la Carrera de San Jerónimo. Un Parlamento en el que sólo 55 diputados, según el dictamen, declaran no "ostentar ningún cargo ni ejercer ninguna actividad".
Empresa privada
De los 16 diputados que han pedido compatibilizar la actividad legislativa con la empresa privada cinco pertenecen a PP, cinco a Vox, uno a Unidas Podemos, uno a EH Bildu y otro al Grupo Plural, en concreto a Junts.
Partido Popular
Miembro de la Mesa de la Cámara Baja y fichaje estrella de Pablo Casado para las listas electorales, Adolfo Suárez Illana declara que es administrador único de dos sociedades: Suárez & Illana Abogados S.L., –dice de ella que está "sin actividad"– y Suárez & Illana Inversiones S. L. Sobre esta última dice que no participa "en la gestión de sus activos". La Comisión del Estatuto de los Diputados autoriza ambas actividades puesto que "no mantienen relación con ninguna administración pública ni incurren en ninguna de las actividades previstas en el artículo 159.2" de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
En la pasada legislatura, Suárez Illana ocultó al Congreso que es administrador de una empresa con intereses económicos millonarios en Andorra, tal y como desveló infoLibre en julio de 2019. Se trata precisamente de Suárez & Illana Inversiones S.L., de la que es administrador único y que tiene en el Principado una cartera de valores de 7,5 millones de euros y una deuda de 9,5 millones. Los fondos y el préstamo están en Andorra desde 2011. Suárez tenía la obligación de incluir su cargo societario en la Declaración de Actividades presentada al iniciarse la legislatura, pero no lo hizo.
En relación a la pertenencia a órganos de representación y dirección de empresas privadas, el dictamen de la Comisión recuerda que es criterio reiterado que se puede otorgar la autorización para el ejercicio de la citada actividad, siempre que no se incurra en ninguna de las actividades prohibidas expresamente por la LOREG, especialmente las de contratar con el sector público estatal, autonómico o local, no se invoque o haga uso de la condición parlamentaria para el ejercicio de la actividad. Y "sin que en ningún caso el disfrute de la autorización pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias".
Juan Antonio Calleja es alcalde de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), actividad que es compatible por ley siempre y cuando no perciba remuneración por este cargo. Además, declara ser "autónomo en el campo de los servicios odontológicos" y administrador único de la Clínica Dental Ciudad Real Sociedad Limitada Profesional.
Celso Luis Delgado es abogado y, al mismo tiempo, administrador único de la compañía mercantil Delgado Arce Abogados SLNU (Sociedad Limitada Nueva Empresa). El dictamen recoge que se le autoriza sin que pueda percibir remuneración del sector público.
Miguel Ángel Paniagua Núñez declara que es socio al 50%, "sin actividad de consultor", de una firma que se dedica a asesoramiento financiero de Pymes y autónomos. Además, solicita compatibilidad como "administrador de sociedades en las que participa en el capital".
Carlos Rojas señala que es socio –en ningún momento cita que es administrador– de dos empresas. Agrícola Roga S.L. tiene por objeto social la "producción agrícola de productos tropicales y hortalizas". Y 15K Angels, S.L. se dedica a la "inversión y la promoción en emprendimiento que cree empleo y economía circular". El parlamentario conservador señala que en ambas su participación como accionista es "minoritaria".
Vox
Pedro Jesús Requejo Novoa informa a la Cámara de que es socio y administrador solidario de Powerstroom Tres S.L., una empresa dedicada a la producción y comercialización de energía eléctrica fotovoltaica, "sin percibir ningún tipo de ingreso o subvención del sector público".
Víctor González Coello de Portugal es "socio con el 50% de Management Productive Resources, S.L., sociedad familiar de la que es Director General". La firma se dedicada al asesoramiento y mediación en la compraventa de petróleo, sus derivados y materias primas. Además, ha informado al Congreso de que ejerce de "asesor externo" de la empresa Energreen Capital, S.L. Se dedica a la "compra de inmuebles" y no percibe remuneración alguna por esta tarea.
Víctor Manuel Sánchez del Real es socio fundador con el 100% de las acciones de Elocuent, S.L.. "No percibe ningún tipo de subvención pública ni trabaja para ninguna administración pública –renunciará o cederá a terceros los derechos económicos que genere durante su responsabilidad pública–", puede leerse en el documento que la Comisión del Estatuto de los Diputados ha elevado al Pleno. Lo mismo sostiene sobre los derechos económicos que le genere su participación en Blogs Business, S.L. y en Puntos básicos consultoría y servicios S.L.
Andrés Alberto Rodríguez Almeida consigna que administra "sociedades de naturaleza privada", sin especificar la denominación social de las mismas.
Mireia Borrás Pabón es socia al 51% de Goiplug Spain, S.L., una empresa de baterías portátiles. En el dictamen no figura que sea administradora.
PSOE
El socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo ha solicitado al Congreso un amplio listado de autorizaciones de actividad privada. Es administrador "sin percibir retribuciones económicas" de una asesoría fiscal. Participa al 50% en Ganadería Tetir S.L., una "explotación ganadera de caprino," y al 30% en "Quesos Tetir S.L.", donde no ejerce la administración de la empresa. En Promociones Verol S.L., donde participa en el 50%, sí ejerce como administrador. Lo mismo que en Travel Trend Group (participación del 3%) y Tismeca S. L. (participación del 5%).
Herminio Rufino Sancho Íñiguez es socio al 50% de SAT 84 ARA Mezquita de Jarque, firma dedicada a la actividad agrícolaganadera. La empresa recibe subvenciones de la Política Agraria Comín (PAC) y "otras ayudas públicas", puede leerse en el dictamen. Además, aclara que lleva desde septiembre de 2015 "sin percibir ningún tipo de ingreso de la SAT".
Juan Francisco Serrano, alcalde de Bedmar y Garcíez (Jaén), es accionista, al 50% de la sociedad Campos de Mágina, dedicada a la explotación agrícola y ganadera.
Unidas Podemos
Sofía Fernández Castañón ejerce de administradora y socia solidaria de la productora audiovisual Señor Paraguas S.L. "No percibe ninguna subvención de carácter no reglado ni tiene vinculación alguna con el sector público y que actualmente se encuentra en suspensión de actividad", puede leerse en el dictamen.
EH Bildu
La diputada Mertxe Aizpurua es consejera de la empresa editora EHKE S.A. Según se reseña, no percibe remuneración económica alguna por este cargo.
Grupo Plural
El parlamentario Genís Boadella (Junts per Catalunya) ejerce como representante legal del despacho de abogados que lleva sus apellidos: Boadella Esteve Advocats, SLU.
Abogacía
La LOREG establece que la actividad parlamentaria "será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma". Pero hay una serie de excepciones que la Comisión del Estatuto de los Diputados se encarga de analizar, como hemos visto, por ejemplo, en los párrafos anteriores.
El ejercicio de la abogacía ha sido tradicionalmente una de las tareas para la que más compatibilidades han demandado sus señorías. El dictamen de la citada comisión que tiene pendiente llegar a pleno recoge sobre este tipo de actividades –iguales requisitos cita para economistas, médicos, farmacéuticos y veterinarios– que esta actividad es susceptible de autorización "con las limitaciones" de "no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal, autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad" y sin que "pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias".
Para la vigente legislatura han sido 17 los parlamentarios que han solicitado compatibilidad para el ejercicio de la abogacía. Dos de ellos, Celso Delgado (PP) y Genís Boadella (Junts per Catalunya), también están en el listado de los que administran empresas. En el cómputo global, siete son de Vox, cinco del PP, dos del Grupo Plural, uno de Ciudadanos, uno del Grupo Republicano y uno de Unidas Podemos.
En el caso de la extrema derecha han solicitado autorización para ejercer la abogacía Rubén Silvano, Pedro Fernández, Juan José Aizcorbe, Patricia de las Heras, José María Figaredo, José María Sánchez y Francisco Javier Ortega Smith, también concejal y portavoz en el consistorio madrileño.
En el PP, además de Celso Delgado, pretenden compatibilizar el escaño con la abogacía Vicente Tirado, María José García Pelayo, Miguel Ángel Jerez y Jaime Eduardo de Olano.
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En el Grupo Plural coinciden dos parlamentarios que han solicitado la compatibilidad de su labor legislativa con la de abogado, Genís Boadella y Jaume Alonso-Cuevillas, que ha ejercido como letrado de Carles Puigdemont. Ambos son integrantes de Junts.
Gloria Elizo, integrante de la Mesa de la Cámara Baja y parlamentaria de Unidas Podemos, es abogada del Colegio de Madrid. "Letrada del partido político Podemos y representante de la formación a efectos penales, civiles o electorales, sin retribución", figura en el dictamen.
El mismo dictamen se muestra partidario de otorgar la compatibilidad a Sara Giménez (Ciudadanos) y Carolina Telechea i Lozano (ERC).
El Congreso de los Diputados ya ha dado el paso fundamental para autorizar a sus señorías desempeñar aquellas actividades que solicitan compatibilizar con el escaño. El pasado jueves, 25 de junio, la Comisión del Estatuto de los Diputados, presidida por la socialista Begoña Nasarre, emitió el dictamen que contiene la autorización de una serie de actividades extraparlamentarias que van de la docencia al ejercicio de la abogacía pasando por la participación en empresas privadas. Este documento, al que ha tenido acceso infoLibre, deberá someterse al escrutinio del Pleno en próximas fechas. Un paso que se considera un mero trámite si se tiene en cuenta que fue aprobado por unanimidad por la citada comisión.