Un pionero en enjuiciar la corrupción balear presidirá el tribunal de Urdangarin y la infanta

Juan Pedro Yllanes, el magistrado que enjuició y sentenció la primera gran causa por corrupción en Baleares –la del exalcalde del PP de Andratx, 2008-, presidirá el tribunal del caso Nóos, el terremoto que acabó provocando la abdicación de Juan Carlos I tras pulverizar la antaño idílica imagen de su hija Cristina de Borbón y su yerno, Iñaki Urdangarin.

Ambos encabezan la lista de los 18 procesados que han de ocupar el banquillo en un juicio que se prevé largo y que, en el mejor de los casos, no comenzará antes de diciembre. Pero la defensa de la infanta, que salvo giro copernicano contará con el apoyo del fiscal anticorrupción, intentará hasta el último segundo librarla del banquillo con la doctrina Botín como palanca.

Yllanes y las otras dos magistradas de la Sección Primera de la Audiencia de Palma que completan el tribunal –Samantha Romero, recién aterrizada desde la Audiencia de Tarragona y designada ponente, y Eleonor Moyá, que ingresó en la judicatura en 2011- tienen la decisión en sus manos.

Y muy probablemente el primer paso de envergadura que afronte el tribunal pase por resolver una disyuntiva: la de si, días o semanas antes de que comiencen los interrogatorios del juicio pero con separación visualmente nítida, debe celebrarse una vista para analizar y resolver las llamadas cuestiones previas, que aquí adquieren un calado muy superior al de la mayoría de los procesos. La principal y más conocida lleva de antemano el sello de la defensa de Cristina de Borbón, que invocará la llamada doctrina Botín en su intento por mantenerla en el banquillo solo un día –el de la vista de cuestiones previas- y librarla del juicio.

La otra alternativa –la habitual en procesos de menor complejidad- radica en que esas cuestiones previas se analicen el primer día de la vista y en que el pronunciamiento sobre ellas se postergue hasta el momento de la sentencia. O sea, sin que el señalamiento de las sesiones posteriores quede diferido en el tiempo.

A priori, esa segunda hipótesis se perfila menos probable dada la complejidad y delicadeza de una causa donde básicamente se juzga el trasvase de seis millones de euros públicos desde las arcas de Baleares, Valencia y Madrid a las cuentas de Urdangarin y su mujer y a las de Diego Torres y la suya.

Un caso donde la panoplia de delitos abarca del blanqueo a la prevaricación pasando por el delito fiscal, el fraude a la Administración, la malversación, la estafa y la falsedad en documento. Para Urdangarin, la Fiscalía pide 19,5 años de prisión y Manos Limpias, 26,5. Para la infanta, Manos Limpias reclama ocho años de cárcel como cooperadora en dos delitos fiscales.

En efecto, aquí todo es complejo, desde la magnitud física del caso -100 tomos y más de 76.000 folios entregados ayer en formato digital y que en papel llegarán este miércoles a la Audiencia de Palma- a la identidad de los acusados, entre los que junto con las parejas Urdangarin-Borbón y la formada por su antiguo socio Diego Torres y su mujer, Ana Tejeiro, figuran, entre otros, antiguos altos cargos de los Gobiernos balear y valenciano, con Jaume Matas en cabeza.

Salvo sorpresa final, el fiscal anticorrupción apoyará la tesis de los abogados de la infanta. Pero nadie se atreve a predecir si el tribunal compuesto por Yllanes y que completan las magistradas Samantha Romero –designada ya ponente- y Eleonor Nora Moyá se pronunciará sobre la marcha o pospondrá su dictamen hasta el momento de la sentencia.

En resumen, la doctrina Botín –denominada de ese modo por el ya fallecido banquero Emilio Botín- sostiene que un procesado por delito fiscal no irá al banquillo si solo la acusación popular y no la Fiscalía y/o los perjudicados mantienen la acusación, como ocurre en este caso.

Pero la resolución de la Audiencia que consagró la imputación de la infanta y dio vía libre al juez instructor, José Castro, para incorporar a la hermana del rey a la lista de procesados en su auto de apertura de juicio, introducía un “matiz” esencial sobre la materia. Y así lo reconoció en noviembre el propio fiscal del caso, Pedro Horrach. “El auto –señaló entonces en declaraciones a infoLibre- crea una nueva doctrina que no es ni la Botín ni la Atutxa al introducir lo que denomina como matiz: que la Fiscalía sí acusará de delito fiscal en la causa, aunque sea a otros acusados y no a la infanta". 

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Hasta la apertura material del juicio se plantean otras incógnitas. Por ejemplo, esta: ¿intentarán Diego Torres y su abogado, Manuel González Peeters, dar la campanada final con la aportación de aquellos correos electrónicos que supuestamente aún guarda el antiguo profesor de Esade y cuyo contenido se presupone mucho más comprometedor que el de los ya conocidos o le cortará el tribunal las alas en el momento de las cuestiones previas? No se sabe aún. Y tanto Torres como Peeters guardan silencio total.

Hace menos de un mes, el antiguo socio de Urdangarin, que se arriesga a entre 16,5 y 22,5 años de prisión, ya hizo llegar al juez Castro una carretilla de documentos y vídeos. Pero al menos en los papeles poco de relevancia había inédito.

Ahora bien, la secuencia ordenada de los correos permite constatar que Juan Carlos de Borbón y algunos de sus más estrechos colaboradores en la Casa Real –de Carlos García Revenga al conde de Fontao, asesor legal, ninguno de los dos entre los procesados- no solo conocían los negocios de Iñaki Urdangarin sino que durante años le dieron aliento y soporte.