Las plataformas antidesahucios planean escraches contra cargos de PP y Ciudadanos en Madrid

El documento lleva estampadas tres firmas: Clara Serra (Más Madrid), Isabel Serra (Unidas Podemos-IU-Madrid en pie) y José Manuel Rodríguez Uribes (PSOE). En blanco, los espacios reservados para PP y Ciudadanos. El texto que refrendan ha sido elaborado por la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Y dice así: "Que los abajo firmantes en representación de las candidaturas electorales presentes se comprometen a impulsar como proposición de ley en el primer pleno posible de la legislatura la Ley urgente de Vivienda para la Comunidad de Madrid". El vacío de la derecha ha motivado la reacción de las plataformas sociales, que este viernes dan el pistoletazo de salida a una campaña: escraches contra los líderes de las candidaturas conservadoras.

Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, detalla en conversación con infoLibre lo que a su juicio son dos bloques en la Comunidad de Madrid: aquellos partidos "dispuestos a aprobar la ley y otro que gobernará para los bancos", dice. El objetivo de la campaña que inician no es otro que "señalar y visibilizar que estos dos partidos políticos están en contra del derecho a la vivienda".

Alejandra Jacinto, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), define la campaña como un conjunto de "señalamientos pacíficos" a los dos partidos. Los activistas acudirán a "actos y mítines para pedir explicaciones de por qué prefieren que se siga desahuciando a familias sin alternativa habitacional", ofreciendo además "la oportunidad de que los candidatos puedan explicarse".

Las plataformas aseguran llevar semanas negociando con los partidos y poniendo sobre la mesa el problema de la vivienda en la comunidad, con el fin de preparar una ley autonómica. "Aprovechando la coyuntura electoral hemos querido interpelar a todos los partidos para que se comprometan a promover nuestro texto", añade Jacinto. Una norma [consultar en este enlace] que tiene un largo recorrido a sus espaldas. Fue diseñada en el año 2017 en forma de Iniciativa Legislativa Popular, con el aval de 76.773 firmas. El texto fue finalmente tumbado en noviembre de aquel año a consecuencia de los votos en contra de PP y Ciudadanos.

Ahora, los mismos partidos que impidieron su puesta en marcha son los que evitan el compromiso de recuperarla en la próxima legislatura. Por el contrario, las formaciones que sí han estampado su rúbrica han suscrito un "texto que dice, de forma muy sencilla pero contundente, que en el primer pleno de la legislatura estos partidos tienen que promover la ley de vivienda", detalla Jacinto. Y no les vale, dice, ni un aplazamiento ni otro texto.

Fuentes oficiales de Cs señalan a este diario que los motivos para rechazar el acuerdo tienen que ver con que, según informes propios, la ley "es susceptible de ser inconstitucional pero, adicionalmente, viola diferentes leyes de ámbito nacional", como la Ley Hipotecaria, la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Defensa de la Competencia, "el concepto de propiedad privada según el Código Civil y así una lista de leyes nacionales". En cuanto al PP, los argumentos defendidos en su día fueron similares. Se acogieron durante la votación de la ILP a un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, que apela a la inconstitucionalidad o la invasión competencial de seis artículos.

Para los activistas, es importante señalar que la ausencia de PP y Cs "es bastante grave teniendo en cuenta la situación de emergencia habitacional y estructural en la comunidad". La Comunidad de Madrid registró a lo largo de 2018 un total de 6.435 desahucios, de los cuales 5.157, el 80,14%, fueron por impago del alquiler; 1.038 por impago de hipotecas y el resto por otras causas, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No atender a esta situación es para Gil "una forma de gobernar que vulnera el artículo 47 de la Constitución", relativo al derecho a una vivienda digna y adecuada.

A día de hoy, todas las comunidades excepto Madrid y Asturias cuentan con una ley de vivienda propia en vigor o en proceso de tramitación. A lo largo de 2018, varias leyes recurridas por el Gobierno de Mariano Rajoy al Tribunal Constitucional recibieron el aval del órgano, como ocurrió en Murcia o el País Vasco, aunque parte de algunas normas fueron tumbadas por su inconstitucionalidad, como la Ley Foral de la Vivienda (Navarra).

La propuesta para Madrid

Los activistas madrileños han tomado como referencia, dicen, las leyes que existen en País Vasco, Navarra y Cataluña, "tres leyes de referencia". Aunque el texto que pretenden llevar a la Asamblea de Madrid reproduce en esencia el original de 2017, lo cierto es que añade algunas novedades como la creación de un índice de precios para las viviendas de alquiler, el registro de la fianza por ley o la creación de un observatorio de la vivienda.

El grueso de la propuesta se estructura en cuatro grandes bloques. El primero tiene que ver con la vivienda social y con "el cambio de modelo de la Agencia de la Vivienda Social, el organismo para asignar vivienda pública". El objetivo en este punto tiene que ver con "impedir de forma rotunda que se pueda vender vivienda pública a los fondos buitre y garantizar la gestión de una forma transparente". A día de hoy, denuncia Jacinto, "no se sabe cuántas viviendas sociales tiene la Agencia, cuántas están ocupadas y cuántas están vacías".

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Un segundo capítulo llama a la "sanción de las conductas antisociales de la propiedad privada". Entre tales conductas las plataformas incluyen mantener vivienda vacía "esperando a que suban los precios para especular". Proponen sanciones de hasta 600.000 euros a grandes tenedores de viviendas por la tenencia de vivienda vacía por un tiempo superior a seis meses o por la "interposición de acciones conducentes al desahucio omitiendo un alquiler social".

Las plataformas dedican un tercer apartado a la protección del consumidor, con propuestas como la creación de un organismo encargado de supervisar el comportamiento de portales inmobiliarios e intermediarios financieros, así como sancionar las conductas abusivas.

El punto final lo ponen las medidas encaminadas a evitar la pobreza energética. Plantean, entre otros asuntos, acuerdos entre las administraciones públicas y las compañías de suministro de agua potable, gas y electricidad para garantizar ayudas a fondo perdido a las personas en situación de vulnerabilidad.