El Tribunal Constitucional se enfrentará el próximo martes al pleno más ajustado sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la ley de amnistía. Cándido Conde-Pumpido ha pedido a los dos magistrados recusados –la progresista Laura Díez Bueso y el conservador José María Macías– que no participen en el debate en el que se decidirá sobre la petición del partido de Alberto Núñez Feijoo de apartar al presidente del órgano de garantías. El acuerdo, que será clave para la conformación de mayorías y minorías sobre el fondo del asunto, lo adoptarán cuatro magistrados progresistas y otros cuatro conservadores, tras la abstención del progresista Juan Carlos Campo. En caso de salir adelante la recusación de Conde-Pumpido, es más que probable que ese paridad entre ambas sensibilidades se reproduzca al abordar la constitucionalidad de la ley. En caso de empate en la deliberación, será la vicepresidenta, la progresista Inmaculada Montalbán, la que desequilibre la balanza gracias a su voto de calidad.
La petición de Conde-Pumpido a los recusados busca reforzar la decisión que se adopte después del choque de trenes que se produjo en el pleno anterior. El Constitucional aprobó entonces la salida de Campo con los únicos votos a favor de los magistrados progresistas. Los conservadores, que solo dos semanas antes habían aceptado la abstención del exministro de Justicia del PSOE en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, votaron esta vez en contra al mantener que ni el presidente ni el resto de magistrados recusados, debían participar en el debate. Tres de los miembros de esa sensibilidad –Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías– formularon votos particulares. El de Macías hablaba de "irregularidades severas" de sus compañeros progresistas al generar la apariencia de que querrían "preservar una determinada mayoría", lo que a su juicio "desacreditaría al TC como un órgano de justicia y abonaría el discurso de su politización". Macías participó en el debate pese a que en su voto aseguraba que lo había hecho en contra de su voluntad.
Con su solicitud de que los recusados no participen, Conde-Pumpido intenta desactivar el juicio de sospecha de parcialidad y politización vertido por Macías en su voto y dar la máxima apariencia de imparcialidad a la decisión sobre su presencia o no en el tribunal que analice la ley de amnistía, según fuentes progresistas. En caso de desestimarse su recusación, el presidente volverá a tomar parte en los debates, incluidos los de las recusaciones de la progresista Díez y el propio Macías, con lo que el órgano volvería a tener mayoría progresista. Si no se desestima, el Constitucional deberá nombrar un instructor que someta una propuesta a sus compañeros. Si esa propuesta sale adelante y Conde-Pumpido es finalmente apartado, lo más probable es que el empate a cuatro entre progresistas y conservadores también se produzca en los debates sobre el fondo del recurso del PP.
Conde-Pumpido y Laura Díez han sido recusados por el PP. El primero por haber ocupado el cargo de fiscal general del Estado a propuesta del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La segunda por haber sido directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia con Pedro Sánchez en La Moncloa. Sin embargo, el partido de Feijoo no ve motivos para apartar a su ariete en el órgano de garantías, José María Macías, pese a haberse pronunciado en contra de la constitucionalidad de la ley durante su anterior etapa como vocal del Poder Judicial en una declaración institucional aprobada por el órgano de gobierno de los jueces y en un informe solicitado por el Senado durante la tramitación parlamentaria de la norma. Han sido la Fiscalía y la Abogacía del Estado las que han planteado esos motivos para reclamar que salga del estudio del recurso. El reparto de mayorías en el Constitucional es de siete a cinco a favor de los progresistas. Al quedar fuera Campo, Conde-Pumpido (que no puede participar en su propia recusación) y Díez ambas sensibilidades quedan parejas. En esas condiciones, el voto de calidad de la vicepresidenta, la progresista Inmaculada Montalbán, será clave.
La guerra sobre las abstenciones y recusaciones sobre la amnistía se desató en el pleno de la semana pasada cuando los magistrados abordaron la abstención de Juan Carlos Campo en el recurso de inconstitucionalidad del PP. El exministro decidió apartarse al haberse pronunciado a favor de la inconstitucionalidad de la amnistía durante su paso por el Gobierno, cuando redactó los informes sobre los indultos concedidos a los líderes independentistas catalanes condenados. Su salida, que había sido aprobada por los conservadores sin ningún obstáculo respecto de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo, fue rechazada por estos en el recurso del partido de Feijoo pese a plantear exactamente la misma causa.
En esta última ocasión, los jueces a propuesta del PP defendieron lo contrario de lo que habían decidido dos semanas antes basándose en aspectos formales: que los magistrados recusados no podían formar parte del debate hasta que no se decida sobre su recusación. En su voto particular contra la abstención de Campo, Macías aseguraba que la ley obliga a suspender el procedimiento una vez presentada una recusación, lo que impediría a los recusados participar en las deliberaciones sobre abstenciones y recusaciones de otros magistrados que, a su juicio, también forman parte de la causa. Los progresistas, tras analizar resoluciones anteriores del tribunal, mantuvieron que solo el magistrado cuya recusación o abstención se tenga que analizar debe quedar fuera del debate.
El Tribunal Constitucional se enfrentará el próximo martes al pleno más ajustado sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la ley de amnistía. Cándido Conde-Pumpido ha pedido a los dos magistrados recusados –la progresista Laura Díez Bueso y el conservador José María Macías– que no participen en el debate en el que se decidirá sobre la petición del partido de Alberto Núñez Feijoo de apartar al presidente del órgano de garantías. El acuerdo, que será clave para la conformación de mayorías y minorías sobre el fondo del asunto, lo adoptarán cuatro magistrados progresistas y otros cuatro conservadores, tras la abstención del progresista Juan Carlos Campo. En caso de salir adelante la recusación de Conde-Pumpido, es más que probable que ese paridad entre ambas sensibilidades se reproduzca al abordar la constitucionalidad de la ley. En caso de empate en la deliberación, será la vicepresidenta, la progresista Inmaculada Montalbán, la que desequilibre la balanza gracias a su voto de calidad.