La decisión del Gobierno de permitir que una empresa de Luxemburgo participada en exclusiva por dos sociedades de las Islas Caimán, desvelada el lunes por infoLibre, ha llevado al PNV a presentar una batería de preguntas parlamentarias. Y, también, a reclamar dos documentos: el informe del Ministerio de Defensa por el que se propone autorizar la operación y “el expediente completo” en que el Ejecutivo sustenta su visto bueno. El acuerdo se adoptó en el Consejo de Ministros de esta semana.
La legislación española impide que una compañía extranjera intervenga en asuntos relacionados con las áreas de defensa y seguridad nacional salvo que el Ejecutivo autorice la inversión. En este caso, el 71,17% de Maxamcorp Holding SL pasa a manos de la sociedad luxemburguesa Prill Holding Sarl. El informe elevado a la comisión de subsecretarios -la que prepara cada semana el Consejo de Ministros- y en el que se basó el acuerdo adoptado el martes sostiene que “en última instancia” Prill Holdings está controlada por el fondo estadounidense Rhone Capital LLC. Pero los documentos depositados en el Registro de Luxemburgo indican que Prill Holdings Sarl es propiedad al 100% de dos mercantiles inscritas en el paraíso fiscal caribeño: Rhone Partners VLP y Rhone Offshore Partners VLP, la identidad de cuyos beneficiarios resulta imposible de conocer.
La promesa de la ministra de Hacienda
Entre las preguntas formuladas por el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, figuran estas: si el Gobierno conoce la estructura orgánica y accionarial de Prill Holdings Sarl; por qué autoriza el Ejecutivo que una sociedad con sede en las Islas Caimán “cuyos socios no pueden determinarse se haga con el control del 71,17% de Maxamcorp”.
Y esta, referida a unas declaraciones efectuadas el 13 de octubre de 2020 por la ministra de Hacienda: “¿No considera el Gobierno que aprobar estas operaciones que benefician a sociedades radicadas en paraísos fiscales contradice las afirmaciones de la ministra María Jesús Montero (…) en las que afirmaba ‘tolerancia cero contra la evasión y el fraude fiscal’ coincidiendo con la presentación del Proyecto de Ley contra el fraude fiscal?”
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Constituida en 2006, con una facturación de 1.126 millones en 2019 –1.002 en 2020– y un capital social de 79.470.300 euros, Maxamcorp Holding SL es la cabecera de un grupo que no ha estado exento de polémica por sus exportaciones a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Verdadero gigante de los explosivos de uso civil y de suministros militares de alcance, cuenta con más de 6.500 empleados, 140 filiales, 80 unidades industriales y desarrolla operaciones comerciales en más de 100 países.
Con países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes entre sus principales clientes, el conglomerado de Maxamcorp Holding y sus filiales mantiene importantes vínculos con dirigentes políticos y ex responsables públicos de alto nivel. Presidida desde mayo por José Manuel Vargas, que como máximo responsable de AENA en la etapa de Mariano Rajoy dirigió la privatización del 49% de la empresa de aeropuertos, entre los accionistas de Maxamcorp aparece Jorge Dezcallar, director del CESID -el actual CNI– durante el segundo mandato de José María Aznar. Muy próximo a Aznar –fue asesor de Defensa y alto cargo en la Fundación FAES– y luego el dirigente de Vox que actuó como enlace de la formación ultra con Donald Trump, aparece en el consejo de administración de Expal Systems SA Rafael Bardají.
La lista de directivos de alto nivel no acaba ahí. El predecesor de Vargas en la presidencia de Maxamcorp fue José Fernando Sánchez-Junto Mans, hermano del abogado del rey emérito. De su consejo formó también parte hasta el verano de 2019 Jaime Carvajal Urquijo, compañero de habitación de Juan Carlos de Borbón en su etapa estudiantil. Y en otro consejo, este el de una de las principales filiales del grupo –Expal Systems– se sentaba José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao: fue él quien, como asesor externo del padre de Felipe VI, transmitió a Iñaki Urdangarin las directrices de la Zarzuela sobre Instituto Nóos cuando las cosas comenzaron a torcerse.
La decisión del Gobierno de permitir que una empresa de Luxemburgo participada en exclusiva por dos sociedades de las Islas Caimán, desvelada el lunes por infoLibre, ha llevado al PNV a presentar una batería de preguntas parlamentarias. Y, también, a reclamar dos documentos: el informe del Ministerio de Defensa por el que se propone autorizar la operación y “el expediente completo” en que el Ejecutivo sustenta su visto bueno. El acuerdo se adoptó en el Consejo de Ministros de esta semana.