La población migrante con VIH se topa con un laberinto burocrático para acceder al tratamiento

Cuando el acceso a la sanidad pública está condicionado por tortuosos trámites burocrático, el carácter de universal y accesible pierde sentido para muchos. Especialmente cuando se trata de personas migrantes en situación administrativa irregular con VIH. "Los tratamientos no entienden de cuestiones administrativas", clama Nahum Cabrera, coordinador del grupo de VIH de la Federación Estatal LGTBI. El laberinto al que se enfrentan, el peso de los tiempos y la falta de acompañamiento desde la administración son obstáculos con un impacto directo en su salud.

Alejandro Usuga (nombre ficticio) nació en Medellín hace 44 años. Abandonó su país cuando, al comienzo de la pandemia, un "grupo armado" de su barrio se entera de que era portador del virus. Se suceden entonces las amenazas, continuas y sin tregua. "Llegué a recibir una carta con tierra de cementerio. Me llamaban ‘loca podrida’ y querían echarme del barrio", relata al otro lado del teléfono. El impacto inicial se entrelazó con la necesidad apremiante de buscar soluciones. "Sabía que en España la comunidad LGTBI estaba muy apoyada". Así que en noviembre de 2021 llegó a suelo español. En su bolsillo, algunas provisiones de la medicación que tomaba en Colombia. Según sus cálculos, en dos meses se quedaría sin nada. 

Pedro García (nombre ficticio) llevaba, en cambio, siete años sin ingerir ningún tipo de medicación. Aunque en su país de nacimiento, Venezuela, sí podía acceder al tratamiento, esa posibilidad se esfumó cuando se desplazó a Colombia. En 2021 llegó a España y trató de poner remedio a la situación, pero las puertas del sistema sanitario no estaban abiertas.

Ambos se toparon de frente con un requisito fundamental: empadronarse para poder acceder a la sanidad pública. Y los dos dieron, por suerte, con una tabla de salvación: la organización Adhara. La entidad sevillana empadrona a las personas que tocan su puerta con dirección en la propia sede y resuelve las trabas burocráticas para proporcionarles el tratamiento adecuado. Lo primero que hacen los voluntarios de la organización cuando una persona migrante pide ayuda es escudriñar sus necesidades específicas: tanto si llegan con el virus como si resultan ser positivos tras la realización de los análisis necesarios. "Si no tienen todavía residencia, tenemos un convenio con un centro de salud, les acompañamos y se tramita la tarjeta sanitaria temporal por doce meses", detalla Manuel Gómez Ortega, coordinador de Adhara.

¿Pero qué ocurre cuando el sostén de las organizaciones no es suficiente? Algunos territorios, como Barcelona o Sevilla, "ponen más facilidades e incluso permiten empadronar a las propias ONG, sin un control estricto. Pero la gran mayoría no", subraya Cabrera, quien expone que el padrón es el primer gran escollo. "Si te exigen un contrato de trabajo o tener papeles para poder alquilar, es la pescadilla que se muerde la cola", sostiene. Coincide con él Jorge Beltrán, responsable del área de salud y VIH de Kif Kif. "Cada comunidad autónoma es un mundo", se apresura a decir y añade que, en base a su experiencia, "Madrid es la que más objeciones y trabas pone". 

El certificado de empadronamiento, continúa, supone un problema porque "muchas de las personas afectadas están viviendo subarrendados en un piso, a veces ni siquiera están en contacto directo con el dueño, otras sencillamente duermen en el salón o comparten habitaciones". Por no hablar, denuncia, de aquellos migrantes que se encuentran en situación de calle o utilizan recursos habitacionales para personas sin hogar, como albergues.

El caso de Madrid

En noviembre del año pasado, la Comunidad de Madrid implementó "nuevos códigos para atender a las personas solicitantes de protección internacional", agrega Beltrán: el Documento de Asistencia a Extranjeros sin Residencia Legal (DASE) y el Documento de asistencia sanitaria para ciudadanos solicitantes de protección internacional (DASPI). El primero, sin embargo, exige entre sus requisitos llevar más de tres meses empadronado, o contar con un NIE para los solicitantes de asilo. Más trabas para el acceso al tratamiento y sobre todo, más tiempo perdido. En cuanto al segundo tipo de documento, relata el activista, es necesario contar con "el resguardo blanco de protección internacional o la tarjeta roja, lo que implica ya un esfuerzo tremendo" que redunda en más dilación de los tiempos. Las personas migrantes pueden perder meses en la odisea de trámites. "La Comunidad dice que con esto no dejan a nadie fuera", pero una vez más las trabas burocráticas vuelven a suponer obstáculos insalvables para muchos.

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Kif Kif ha encontrado la única solución en las vías informales: "Trabajamos por la puerta de atrás con los hospitales para garantizar que tengan el tratamiento de manera inmediata". Existen circuitos trazados mano a mano con algunos centros, en base a "profesionales que tienen mucha humanidad y siempre internamente, a golpe de whatsapp", reconoce el activista. Pero las organizaciones sociales también van encontrando salidas en base al trabajo y la presión constante. En el caso de Madrid, diversas entidades se concentraron este verano frente a la Consejería de Sanidad y el pasado 28 de octubre la Gerencia Asistencial de Hospitales de la Consejería emitió una circular que establece un "procedimiento provisional" para facilitar el acceso al sistema sanitario para las personas migrantes. "Estuvimos peleándolo durante bastante tiempo y es una manera provisional de que todos los hospitales sepan que todas las personas migrantes con VIH deben ser atendidas", expone Beltrás. En cualquier caso, los resultados de la medida y su continuidad en el tiempo, están por ver.

El peligro de los tiempos

Aquí el tiempo no es una cuestión de simple tedio: la calidad de vida de los afectados está estrechamente vinculada al tiempo de espera. "La población LGTBI con VIH no puede estar ni un solo día sin su tratamiento", porque hacerlo supone "poner en peligro su salud y a la población en general", expone Cabrera. "Al no dar antirretrovirales, les sube la carga viral y pueden volver a transmitir el virus. Es importantísimo tenerlo siempre a raya", insiste. 

Y para ello, reclama un "trato diferencial" enfocado en asistir a las personas migrantes con VIH porque "tienen necesidades especiales". Se trata de "gente muy vulnerable", completa Beltrán, quien recuerda que algunos "tienen que recurrir a la prostitución para sobrevivir". Piden medidas definitivas, accesibles y sencillas para todos los migrantes, independientemente de su situación administrativa.