Un informe remitido por la UDEF a la juez de Estepona que investiga al expresidente de Madrid, Ignacio González, por la compra de un ático de lujo que originalmente había adquirido una empresa pantalla con sede en Delaware –Coast Investors– no solo ha venido a agravar las sospechas que ya existían sino que ha dado la voz de alerta: si no se envía de forma urgente una solicitud de ayuda –comisión rogatoria– a EEUU, los datos que permitirían resolver el caso pueden acabar destruidos.
Firmado por dos jefes de grupo de la UDEF, el informe concluye lo siguiente: “Si bien en estos momentos de la investigación no se puede determinar el origen de los fondos mediante los cuales se adquirió la propiedad en el año 2008, y por tanto determinar en su caso su ilicitud, sí que se aprecian suficientes irregularidades y lagunas de información en todo el proceso que envuelve las sucesivas compraventas y arrendamientos del inmueble”.
El informe advierte que si no se envía a Washington de forma “particularmente urgente” una comisión rogatoria para conocer los movimientos de una cuenta de Coast Investors, “a finales del presente año la información requerida pudiera no conservarse”.
El informe, a que ha tenido acceso infoLibre, desbarata la versión ofrecida por el testaferro internacional Rudy Valner, artífice material de la compra del ático en 2008 y que fue quien luego plasmó la venta al matrimonio formado por Ignacio González y Lourdes Cavero en diciembre de 2012. En teoría, el inmueble perteneció a Coast Investors Llc, empresa instrumental domiciliada en Delaware, un estado de EEUU cuya legislación mercantil le equipara en opacidad a los paraísos fiscales, entre 2008 y 2012. Y justo durante ese periodo permaneció oficialmente alquilado a los González-Cavero, que lo compraron en diciembre de 2012, cuando el caso ya había sido denunciado por el sindicato policial SUP.
La Policía reseña cómo Coast Investors, formalmente dedicada a la adquisición de bienes inmuebles en España, jamás compró ningún otro inmueble que el que en Estepona acabó en manos de Ignacio González. Relata asimismo cómo aquella primera compra, la efectuada oficialmente por Coast Investors, se hizo sin que nadie de la compañía visitara previamente la propiedad. Quien sí lo había visto era la mujer de Ignacio González.
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El informe subraya cómo ni el director de la empresa, Rudy Valner, ni el presunto propietario último de la compañía, Luis Osvaldo Repetto, no solo no tenían la menor experiencia inmobiliaria sino que fueron mencionados por Enrique Cerezo –también investigado en la causa– como “productor de cine” y “asesor jurídico especializado en el sector audiovisual”. En la causa ejerce la acusación popular un colectivo de extrabajadores de Telemadrid, según los cuales el ático sería un pago en especie para Ignacio González en el que habría participado Enrique Cerezo, productor audiovisual y presidente del Atlético de Madrid.
El ático, cuenta asimismo la Policía, fue alquilado al político madrileño y su esposa a través de un supuesto anuncio de prensa del que –remacha el informe– “no hay constancia en el procedimiento”. El alquiler fijado fue de 6.000 euros por trimestre. Pero tampoco hay correspondencia entre las facturas emitidas y los pagos realizados por los arrendatarios. Y eso, avisa la UDEF, podría significar que en realidad estamos ante una “simulación”.
Pese a que ni siquiera está claro que los arrendatarios satisficieran todos los recibos de alquiler –prosigue el informe–, Coast Investors no solo prorrogó el contrato sino que aplicó una rebaja de 1.500 euros por trimestre
Un informe remitido por la UDEF a la juez de Estepona que investiga al expresidente de Madrid, Ignacio González, por la compra de un ático de lujo que originalmente había adquirido una empresa pantalla con sede en Delaware –Coast Investors– no solo ha venido a agravar las sospechas que ya existían sino que ha dado la voz de alerta: si no se envía de forma urgente una solicitud de ayuda –comisión rogatoria– a EEUU, los datos que permitirían resolver el caso pueden acabar destruidos.