La Policía identifica a una docena de donantes del PP por extractos bancarios donde Bárcenas anotó sus nombres

El informe de la UDEF sobre la presunta financiación ilegal del PP que el juez Pablo Ruz esperaba desde hace meses acaba de poner al descubierto cómo, dos semanas después de haber ingresado en prisión, Luis Bárcenas entregó el 15 de julio de 2013 al magistrado una carpeta, la “lila cartón”, con extractos de los ingresos bancarios que el PP iba efectuando en las cuentas destinadas a donativos. Esos ingresos debían constar solo a nombre del PP. Pero Bárcenas, o alguien de su equipo, dejó en ellos una pista clave para llegar al origen del dinero: anotó en la esquina superior derecha y siempre de forma manuscrita el nombre de quién había efectuado la entrega previa en metálico. Lo que podría denominarse operación carpeta ha destapado cómo la sede del partido en Vizcaya se financió, al menos en parte, con donaciones de un empresario vasco.

En esos resguardos, cuyas fechas se corresponden con las de la contabilidad B del PP, figura el nombre –el de pila o, a veces, también el apellido– del donante: en todos los casos, "personas físicas vinculadas de forma directa con empresas adjudicatarias de contratos públicos", recalca la UDEF. Desconocido hasta la fecha, ese paso ha permitido ahora a la Policía afianzar la identificación de donantes ya investigados y destapar la existencia de otros.

Al estudiar la mecánica de las donaciones –fondos anónimos en efectivo y posteriormente ingresados en el banco–, la Policía concluye que el dinero "era introducido en el circuito económico financiero a través de diversos ingresos en efectivo efectuados por la propia formación política habiendo previamente fraccionado la cuantía total”. 

Entre los donantes ya identificados, y además de prominentes imputados en la causa como Juan Miguel Villar Mir (OHL) o Luis del Rivero (Sacyr), emerge el constructor vasco Emilio Álvarez, asociado hasta 2013 en el grupo Bruesa con Antonio Pinal y a quien la UDEF señala como el empresario que, según declaró el propio Bárcenas en sede judicial, donó fondos al partido “para financiar la compra de la sede” del PP en Vizcaya.

Sumada a la central de la madrileña calle Génova, donde los papeles indican que parte de su reforma fue pagada con dinero negro, son ya dos las sedes del PP sobre las que pesan demoledoras sospechas.

Los estadillos elaborados por la Policía sobre la base de los resguardos de ingreso en el Banco de Vitoria y en Banesto, todos ellos entregados por Bárcenas, atribuyen a Emilio Álvarez la entrega de 36.000 euros en 2002 para la sede vizcaína del PP, aunque entre 2005 y 2006 hizo más aportaciones: 60.000 euros en cinco entregas de 12.000 euros.

26 resguardos bancarios 

Esos estadillos hacen referencia a 26 resguardos de ingresos, fechados entre el 24 de noviembre de 2005 y el 11 de mayo de 2007, y en los que consta un nombre manuscrito. “Emilio”, una de las veces escrito “Emilio Álvarez”, es el que más se repite: seis veces. Otro de los nombres, “Alejandro”, no figura identificado en el informe. Y consta también el del exjefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos en su etapa como ministro de Fomento, Álvaro de la Cruz, cuya esposa compró acciones de Libertad Digital.

En el auto por el que cita a declarar como imputado al exministro Ángel Acebes en relación a esa compra de acciones de Libertad Digital en 2004 con supuestos fondos opacos del PP, el juez Pablo Ruz menciona la existencia de esas anotaciones manuscritas en “algunos de los extractos bancarios”. Pero es el informe de la UDEF el que hace aflorar un dato clave: que esos extractos llegaron a la Audiencia Nacional de la mano de Bárcenas.

Empresarios ya investigados en la causa como autores de supuestas donaciones ilegales del PP figuran en la lista que la Policía construye cruzando los papeles de Bárcenas con los resguardos bancarios donde el extesorero del PP, preso en Soto del Real, o alguien de su equipo anotó el nombre del donante.

A Luis del Rivero (Sacyr), Manuel Contreras (Azvi), José Luis Sánchez Domínguez (Sando), Camilo Alcalá (Cyopsa), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa) y Josep Cornado (Copisa) se unen otros de donantes que la Policía no había logrado aún identificar: Pilar Pulido (Control y Geología SA) y Adolfo Sánchez (Tracsa Edificación y Obra Civil). La vinculación empresarial reflejada entre paréntesis procede del informe de la UDEF.

Tras reiterar que las donaciones se fraccionaban hasta cuatro o cinco veces antes de su ingreso bancario para no superar el límite legal de 60.000 euros por persona, la Policía explica cómo alcanza la conclusión de que los nombres anotados en los extractos se corresponden con las personas enumeradas en el párrafo anterior. 

“En algunos de los extractos bancarios –dice el informe– se han observado diversas anotaciones manuscritas de nombres propios como “Adolfo”, “Emilio”, “Contreras”, “Josep C”, “J. Luis S.”, “Rubio/Ald”, “Luis Rivero”, “De Andal. M. Contreras” o “Pilar Pulido”.

“Todos ellos –agrega el documento– corresponden a personas que figuran anotadas en la contabilidad B de Luis Bárcenas, ya sea de forma directa o a través de las sociedades en las que participan (…) y que a tenor de los elementos temporales, subjetivos y cuantitativos existentes se puede establecer una correlación de identidad” con los empresarios antes mencionados.

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De Villar Mir a Ugarteche

Aunque la Policía no los cita en ese apartado, el informe también señala con los extractos bancarios en la mano a Juan Miguel Villar Mir –que aparece como "Villar" en un resguardo de ingreso por 25.000 euros en octubre de 2006–. Y, también a Ignacio Ugarteche, expresidente del Athletic y que fue consejero de la promotora Urazca y “al que consta vinculada una aportación de 90.000 euros" en febrero de 2006. 

Esa aportación, sostiene la Policía atendiendo al importe consignado en el resguardo de ingreso bancario –15.000 euros–, fue una de las troceadas para esquivar la ley en cuanto a límite cuantitativo de las entregas.