La noticia se conoció este martes 18 de junio, aunque los hechos sucedieron un mes antes. Tras unos días ingresada en la UCI, una mujer de mediana edad se presenta ante la Guardia Civil para denunciar una intoxicación aguda que casi acaba con su vida. El origen, una inyección de toxina botulínica —más conocida como bótox— realizada en un piso de Zaragoza. El mismo día, la Audiencia Provincial de Las Palmas notificaba una sentencia por la que condenaba a 29 años y siete meses de cárcel a una falsa doctora que había inyectado silicona a 37 mujeres en Gran Canaria entre 2016 y 2019. Lo hacía también en su casa, y sus víctimas sufrieron secuelas como "hinchazón excesiva, granulosis y dolor intenso". Ni tenía cualificación para hacer lo que hacía ni el producto que utilizaba estaba autorizado. Y casos como estos son cada vez más frecuentes.
Las organizaciones profesionales de medicina y las de cirugía estética llevan años advirtiéndolo. "Siempre hemos tenido intrusismo, pero desde hace cuatro o cinco años el problema se ha agravado", lamenta Eduardo de Frutos, de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). "Cada vez con más frecuencia encontramos intervenciones médicas con consecuencias nefastas realizadas por médicos que no son especialistas o en centros médicos que no cubren las necesidades básicas para este tipo de intervenciones", coincide Alberto García, abogado de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE).
Los datos les avalan. Según los que maneja la Universidad Europea, en el año 2023 el 46,6% de la población española se sometió a un tratamiento de medicina estética, pero hasta un 30% de todos se habían hecho de manera ilegal y en lugares como lavabos de bares o restaurantes. Hay más cifras. Las presentadas el pasado mes de febrero en el informe Percepción y uso de la Medicina Estética en España 2023, de SEME, hay hasta un 28% de intervenciones que se llevan a cabo en peluquerías o hasta a domicilio, algo que considera normal casi un 10% de la población. "Es gravísimo", alertó Juan Antonio López, presidente de la organización. Según otro documento presentado por SECPRE, hasta un 82% de los cirujanos plásticos asegura que hay intrusismo en su profesión.
No es un problema, por tanto, aislado. Se aprovecha además de que las operaciones o retoques estéticos están cada vez más extendidos, sobre todo entre las mujeres. Según los datos de SEME, ellas representan un 69% de los pacientes que se someten a estas intervenciones, mientras que los hombres tan sólo suponen el 31%. La mayoría de ellas tienen entre 35 y 54 años, pero es cierto que cada vez hay más chicas jóvenes de entre 16 y 25 años que deciden hacerse este tipo de tratamientos. Los de medicina no quirúrgica se llevan además la palma: el bótox representa hasta un 39% de todos ellos; el resto de productos inyectables como siliconas, el 38%.
La explicación corta se encuentra en tan sólo dos palabras: violencia estética. La encuesta de la Federación de Mujeres Jóvenes Relación con el cuerpo y la alimentación en mujeres jóvenes revela que el 89% de las encuestadas cambiaría alguna parte de su cuerpo y según el informe No seas presa de la talla, el 44,43% de las chicas destaca la influencia negativa de las redes sociales en relación a sus cuerpos.
Pero hay otra razón —más extensa— que radica en la mcdonalización, en palabras del sociólogo George Ritzer, de la cirugía estética. En otras palabras: en la mayor disponibilidad, y a menor coste, de este tipo de tratamientos. Cínicas Dorsia, por ejemplo, que protagonizó una polémica campaña en Madrid —que de hecho fue retirada—, anuncia que su operación de aumento de pecho se realiza, tan sólo, en una hora.
El poder de la publicidad y la dificultad de denunciar
Esta no es una cuestión menor. Carmen Flores, portavoz de la Asociación El Defensor del Paciente, denuncia de hecho en conversación con infoLibre que es la publicidad la principal responsable de los incrementos de los tratamientos estéticos y, a su vez, de los que se realizan de manera clandestina. Por eso pide que se actúe contra ella. "Desde nuestra organización lo hemos señalado en muchísimas ocasiones: hay que prohibir la publicidad de cirugía estética. Motiva a las jóvenes que tienen un pequeño complejo a someterse a estos procesos sin especificar las contraindicaciones o las complicaciones que puede haber", critica.
Y no son pocas. Según relata, en su asociación no han sido pocas las personas que han acudido pidiendo ayuda después de haber tenido problemas con algún retoque, pero sí las que finalmente han denunciado. "Parece que en muchas ocasiones es por vergüenza, pero la mayoría de afectadas no dan un paso más, según nos dicen, porque no confían en la justicia", lamenta.
Fernando Frías es abogado de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP) y explica en conversación con infoLibre que sí se puede actuar contra estos casos en los tribunales. Y que se puede hacer por la vía civil o penal. Todo depende, claro, de cada caso concreto y del responsable que haya causado los daños. "Si es un médico titulado se puede reclamar la responsabilidad civil correspondiente a lo provocado, pero si es una persona sin titulación se puede, además, denunciar un intrusismo profesional o hasta una usurpación de funciones", relata. En este último caso, además, es más sencillo demostrar una negligencia ante los tribunales. "Todos podemos cometer errores en nuestro trabajo, pero si no se tiene la cualificación suficiente es mucho más probable", señala. Y más grave.
En cualquier caso, incide en que son los colegios profesionales los que también deben tomar cartas en el asunto. SEME y SECPRE, en este sentido, firmaron el pasado 3 de junio un manifiesto contra el intrusismo, que supone, recogieron en el documento, "un gravísimo problema de salud pública que conlleva importantes efectos perjudiciales en los pacientes". La Sociedad Española de Medicina Estética, según añade De Frutos, apunta a que desde su organización se denuncian, aproximadamente, 300 casos de intrusismo al año. "Seguiremos haciéndolo, y también concienciando", apunta.
La 'ley Sara' y la responsabilidad de las administraciones
Otro verano llenando las playas de complejos o cómo las clínicas se lucran con la inseguridad de las mujeres
¿Y las administraciones, qué papel tienen en todo esto? En 2022, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley sobre cirugía estética y lucha contra el intrusismo y las pseudociencias elaborada por la SECPRE, recuerda García, que instaba al Gobierno a "promover las acciones necesarias que garanticen la seguridad del paciente en esta área, asegurando que todas las actividades sanitarias sean realizadas por profesionales médicos". Y destacaba, también, la necesidad de fijar criterios comunes sobre el control y cumplimiento de la normativa junto a las comunidades autónomas.
Pero la normativa, que ha adoptado el nombre de ley Sara por una mujer fallecida tras someterse a una lipoescultura, todavía no está lista. La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró hace apenas un mes que lo hará en "los próximos meses" y fuentes de su departamento confirman que se está trabajando para que así sea. "Se pondrá en marcha tanto el registro de centros de cirugía estética como el de profesionales, para que el usuario pueda comprobar qué tipo de titulación las personas que le van a atender", especifican desde el organismo.
Pero aclaran: no entrará en los casos de inyecciones de bótox o de otras sustancias, sino en la regulación de las "grandes operaciones". Es decir, en la cirugía estética, no en la medicina estética en general, que se controla, dicen, a nivel autonómico.
La noticia se conoció este martes 18 de junio, aunque los hechos sucedieron un mes antes. Tras unos días ingresada en la UCI, una mujer de mediana edad se presenta ante la Guardia Civil para denunciar una intoxicación aguda que casi acaba con su vida. El origen, una inyección de toxina botulínica —más conocida como bótox— realizada en un piso de Zaragoza. El mismo día, la Audiencia Provincial de Las Palmas notificaba una sentencia por la que condenaba a 29 años y siete meses de cárcel a una falsa doctora que había inyectado silicona a 37 mujeres en Gran Canaria entre 2016 y 2019. Lo hacía también en su casa, y sus víctimas sufrieron secuelas como "hinchazón excesiva, granulosis y dolor intenso". Ni tenía cualificación para hacer lo que hacía ni el producto que utilizaba estaba autorizado. Y casos como estos son cada vez más frecuentes.