El Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado cumplió este domingo tres años desde su puesta en marcha. Pero, a tenor de los datos ofrecidos por esta herramienta concebida como uno de los ejes de la ley de transparencia, la iniciativa no acaba de despegar.
En sus tres años de vida, el portal de la transparencia ha tramitado solo 10.639 expedientes. A fecha de 31 de octubre, el 96,71% (10.289) de las solicitudes se consideraban "finalizadas", el 3,07% (327) "en tramitación" y el 0,22% en "silencio administrativo".
En un principio, desde el Ejecutivo se cifró en más de 30.000 las solicitudes de información que podrían recibirse al año, cifra que supera ampliamente las 10.639 solicitudes contabilizadas desde diciembre de 2014. Se están recibiendo, por tanto, poco más del 10% de las peticiones que preveía el Gobierno.
En otras palabras: el número de peticiones de información trasladadas por los ciudadanos al portal de la transparencia desde que entró en vigor no supera, de media, la decena al día. Y el Gobierno esperaba recibir más de 80.
Además, un alto porcentaje de peticiones de información se quedan sin respuesta, concretamente, el 28%, las que resultan de sumar las demandas inadmitidas o cuya información es denegada. Así, de los 10.289 expedientes que se cuentan como finalizados, 6.939 (67,44%) se consignan en estado de "concesión"; 2.435 (23,6%) en estado de "inadmisión"; 335 (3,2%) en estado de "denegación", y 580 (5,64%) en estado de "desistimiento y otras formas de finalización".
En todo caso, dentro de los expedientes catalogados como "concesión" se considera a aquellos en los que se proporciona toda la información en poder del órgano competente para facilitarla, independientemente de que esta no abarque todos los extremos requeridos en la solicitud o que se responda que la información.
Demasiados límites
En el momento de la redacción de la ley de transparencia y de puesta en marcha del portal, los partidos políticos de la oposición y colectivos en defensa de la transparencia en la administración pública ya mostraron sus reservas al considerar demasiado amplios los límites para el acceso de la información.
Según el artículo 18 de la ley, son cinco las causas de inadmisión de las solicitudes: que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general; que se refieran a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas; las relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración; las dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente, o que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.
Además, la ley recoge que el derecho de acceso podrá ser limitado en una serie de escenarios. Estos van desde cuando se considera que acceder a la información "suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios" a "la protección del medio ambiente".
Cuando el interesado no está conforme con la respuesta facilitada por la administración la ley le faculta para recurrir directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de una reclamación previa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTGB).
No obstante, las estadísticas constatan que los ciudadanos no recurren mucho a esta vía, si se tiene en cuenta que el 28% de las preguntas se quedan sin respuesta. Con fecha de 31 de agosto de 2017 –los últimos datos que facilita el portal– el total de solicitudes era 10.129. Pues bien, el 91,67% no fueron reclamadas, dejando el porcentaje de reclamaciones ante el CTBG en el 8,33%. De estas, el 3,59% fueron estimadas, el 3,64 desestimadas y el 0,83 inadmitidas.
Efecto disuasorio
Poco después de la inauguración del portal, Access info Europe presentó una queja al Defensor del Pueblo "reivindicando el derecho de poder solicitar información bajo la ley de transparencia que entró en vigor el 10 de diciembre de 2014". Una de las denuncias concretas tenía que ver con el proceso. Era calificado de "complejo y largo". Tres años después, el proceso no se ha simplificado.
"En lo que respecta a los mecanismos y pasos que se exigen para registrarse en el portal de la transparencia y poder presentar así una solicitud de acceso a la información a través de dicho portal, son en efecto complejos, y muy largos, por lo que pueden resultar disuasorios e incluso convertirse en obstáculos para el ejercicio del derecho", respondió Soledad Becerril, por entonces responsable de la institución.
Los últimos datos desvelan que, del total de 10.639 solicitudes, el 87,06% llegaron a través del acceso electrónico y el 12,94% en papel.
Las asignaturas pendientes
Coincidiendo con el segundo aniversario del portal, el año pasado, la presidenta del CTBG, Esther Arizmendi, fallecida recientemente, admitió que el nivel de peticiones de acceso a información era "bajísimo". Lo achacó a la falta de una campaña institucional para difundirla y a los obstáculos que existen en la herramienta.
A diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno o en portales de transparencia específicos como los del Congreso o el Senado, los ciudadanos no pueden solicitar información al portal por correo electrónico, rellenando un formulario tipo con los datos personales. El proceso es complejo. Para poder acceder, el interesado puede hacerlo de dos formas. La primera, con un DNI electrónico, algo que exige que el equipo desde el que se ingresa al portal disponga también de un lector de documentos de este tipo. O con un certificado electrónico. La segunda, a través de un sistema denominado cl@ve, en el que el acceso lo facilita la Agencia Tributaria después de que el interesado lo solicite aportando un número de cuenta bancaria.
Datos de acceso al portal
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Pese a que no existe relación directa entre el número de visitas que recibe la página y el número efectivo de solicitudes que se registran, los datos de páginas vistas también son reveladores de la importancia que los ciudadanos han otorgado a esta herramienta.
En el histórico de datos facilitados por el Ministerio de la Presidencia, ningún mes supera en páginas vistas a diciembre de 2014, cuando fue inaugurado. Así, entre el 10 y el 31 de diciembre se registraron 1.727.001 de páginas vistas, mientras que el pasado octubre la cifra se instaló en las 244.172. No es el mejor registro del año 2017. Hasta la fecha, el mejor mes ha sido marzo, con 250.351 páginas vistas.
Los ministerios a los que más recurren los ciudadanos para reclamar datos a través del portal de la transparencia son Interior (17% de las solicitudes), Hacienda y Función Pública (16,79%), Fomento (11,63) y Presidencia (6,58). En el extremo opuesto están Exteriores (2,65%), la Casa del Rey (2,33) o la Agencia de Protección de Datos (1,20). Y la materia sobre la que más se pregunta es sector público, con el 31,36% de las solicitudes.
El Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado cumplió este domingo tres años desde su puesta en marcha. Pero, a tenor de los datos ofrecidos por esta herramienta concebida como uno de los ejes de la ley de transparencia, la iniciativa no acaba de despegar.