El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo público encargado en España de "proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes", está inmerso en la polémica más agria de su historia. Y esta institución ha vivido de todo, sobre todo en los últimos años: su presidente en funciones, Fernando Martí (ex secretario de Estado de Energía en el Gobierno del PP) fue reprobado por el Congreso y todos los grupos, a excepción de la formación de Pablo Casado, llevan exigiendo meses su destitución. Pero los últimos acontecimientos han pasado de batalla a guerra abierta, con situaciones inéditas.
El contexto es el de renovación de los consejeros que lideran el órgano, y en concreto, el debate se centra en un nombre: Francisco Castejón, histórico ecologista antinuclear y físico del Ciemat, propuesto por Unidos Podemos. El rechazo de PP y Ciudadanos a este nombramiento es frontal, pero no solo de ellos: Martí ha escrito una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, pidiendo la paralización del proceso. Lo nunca visto. El movimiento ha causado estupor y un rechazo casi visceral de ecologistas, resto de partidos políticos y Gobierno. "Inaceptable actitud. Sin pudor", lo calificó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El Congreso no ha llegado este miércoles a un acuerdo de tres quintos a favor o en contra de los candidatos, por lo que el Ejecutivo puede nombrarlos por decreto: sin embargo, el PP lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno de Sánchez entró en La Moncloa con la necesidad, entre diciembre y febrero, de renovar a cuatro de los cinco consejeros del CSN, dado que caducaba su mandato. Transición Ecológica, a quien corresponde una iniciativa que debe ser refrendada por el Congreso, dejó apurar los plazos y se puso con la tarea el 15 de febrero, el mismo día que el presidente convocó elecciones para el 28 de abril (y, por tanto, anunció la disolución de las Cortes). En ese momento se inauguró la batalla, aunque los contactos previos ya habían sido problemáticos. Tradicionalmente, los consejeros del regulador habían sido pactados sin mayor revuelo entre PP y PSOE, pero la fragmentación del Congreso y la polarización lo complican todo. Los conservadores rompieron las negociaciones al enterarse de que el Gobierno pretendía incluir en las discusiones a Unidos Podemos y que la formación morada barajaba proponer a Castejón.
Así, el Consejo de Ministros, con el visto bueno de Unidos Podemos y del PdeCAT, aprobó el pasado 15 los nombres de los cuatro candidatos propuestos: la diputada socialista Pilar Lucio (que se convertiría en presidenta), la catedrática de Física Elvira Romera, el ya mencionado Francisco Castejón y Josep María Serena, ingeniero industrial. No hace falta el consenso: el Gobierno, según dispone la normativa, puede nombrar por decreto a los consejeros si no se alcanza una mayoría de tres quintos en el Congreso, tanto a favor como en contra (como así ha sucedido). El PP cargó contra la decisión porque, a su entender, no se ajustaba a Derecho que el Ejecutivo hiciera el movimiento a pocos días de disolver las Cortes. Aseguraron que los tiempos les impedían emitir su veto razonado a los candidatos, en caso de existir un rechazo. La Mesa de la Cámara Baja decidió encargar un informe a los servicios jurídicos y este martes emitió su veredicto: el procedimiento es correcto.
Parecía que el visto bueno de los letrados del Congreso despejaba definitivamente el camino para la renovación de cuatro de los cinco consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear. Pero se produjo un movimiento que nadie pudo prever: el del presidente en funciones. En una carta hecha pública este martes dirigida a la presidenta de la Cámara, Martí proponía a Pastor una reunión para el próximo viernes 1 de marzo, destinada a paralizar el nombramiento de, en concreto, un consejero, Francisco Castejón. Según expuso el ex secretario de Estado, el activista ha expresado en numerosas ocasiones "sus posiciones críticas, de denuncia y en muchos casos de descalificación de las actuaciones del CSN y de los estudios técnicos que los expertos del organismo regulador han elaborado", lo que, a su juicio, le incapacita para el cargo. Además, alude a su relación con la ONG ambientalista Ecologistas en Acción como principal argumento técnico para su oposición: la organización ha mantenido durante los últimos años varios litigios judiciales con el regulador, basados en supuestas irregularidades en las decisiones del Pleno.
La reacción del ecologismo español ha sido unánime: sorpresa y condena, por las formas y por el fondo, a la actuación de Fernando Martí. Consideran que los argumentos técnicos esgrimidos por el presidente en funciones son un pretexto para ocultar las verdaderas razones: que el problema con Francisco Castejón es que es un declarado opositor a la energía nuclear. "Es decir, que ser abiertamente pronuclear, como muchos de los miembros del CSN actual y del pasado no es problema, pero ser ecologista es un estigma que te inhabilita para un cargo así, ¿no? Alucinante", aseguró el coordinador de Ecologistas en Acción, Francisco Segura. Equo ha pedido su reprobación en el Congreso, considerando que la actuación de Martí es una "interferencia" en las labores de la Cámara y recordando que, a diferencia del activista cuestionado, el ex secretario de Estado no tenía ninguna formación específica ni experiencia laboral en materia nuclear antes de entrar al puesto, equivalente en el ordenamiento jurídico al de ministro.
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En declaraciones a infoLibre, Castejón asegura que la actuación del presidente en funciones es "impresentable". "Esa carta habla por sí misma. ¿Quién es él para decirle al Parlamento a quién tiene que poner?¿Tengo que renunciar a mis derechos constitucionales de libre asociación?", se pregunta. El activista antinuclear rechaza el argumento de incompatibilidad con respecto a las demandas interpuestas por Ecologistas en Acción: "Yo soy una persona jurídica distinta a Ecologistas. Es como si todos los socios de Greenpeace fueran responsables de unos que ponen una pancarta", razona. La organización, por su parte, ha defendido al candidato y ha rechazado que el físico sea una parte de su estructura, reconociendo que han colaborado en múltiples ocasiones.
El movimiento insólito de Martí ha agravado, aún más si cabe, el cisma entre los partidos con respecto a la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear. Ciudadanos, que se mantuvo al margen de las negociaciones ya que considera que estos nombramientos no deberían partir de los políticos, ha pedido otro informe jurídico a la Mesa para aclarar la cuestión de la incompatibilidad de Castejón. El PP ha ido más allá y ha anunciado que irán hasta el Constitucional tras la falta de consenso de la Cámara Baja.
Martí ha hecho referencia a los informes de los técnicos del CSN, cuestionados por Ecologistas en Acción, para oponerse al activista antinuclear. El sindicato mayoritario de técnicos del CSN, Astecsn, ve con buenos ojos, a priori, la propuesta. "Queremos gente competente. Y él tiene conocimiento de la materia. Y tener sentido crítico es bueno. Puede ayudar a generar confianza que el regulador no tenga que ser necesariamente pronuclear", asegura su portavoz, Nieves Sánchez. El Astecsn ha criticado en numerosas ocasiones la composición actual del consejo del CSN, al considerar que han pecado de opacidad, de politización y de despreciar a su masa social, los técnicos, en la toma de decisiones. "En los últimos años se ha creado un ambiente muy negativo", asegura Sánchez, quien si bien cuestiona los métodos de la elección de los nuevos consejeros, la simple renovación le suscita “esperanza”.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo público encargado en España de "proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes", está inmerso en la polémica más agria de su historia. Y esta institución ha vivido de todo, sobre todo en los últimos años: su presidente en funciones, Fernando Martí (ex secretario de Estado de Energía en el Gobierno del PP) fue reprobado por el Congreso y todos los grupos, a excepción de la formación de Pablo Casado, llevan exigiendo meses su destitución. Pero los últimos acontecimientos han pasado de batalla a guerra abierta, con situaciones inéditas.