Si el Gobierno esperaba que la derecha, sobre todo el PP, se mostrase comprensiva con las circunstancias que le han tocado afrontar —una crisis económica derivada del parón obligado por la pandemia y de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania— estaba completamente equivocado.
Cuca Gamarra, la portavoz provisional del PP y actual coordinadora general del partido a la espera de que el nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo, la confirme en el cargo o la destituya, reprochó a Sánchez que haya tardado tres semanas en adoptar las medidas de este martes, que no dependían de ningún acuerdo en la Unión Europea, y las tachó de ”insuficientes” para hacer frente al “colapso” en el que, según sus propias palabras, ha entrado España.
A juicio del PP, los problemas de la economía española, especialmente la debilidad de su crecimiento y la hiperinflación, no pueden achacarse a la guerra o a la pandemia sino a un Gobierno que durante su mandato no ha tomado medidas para evitar que ambas situaciones perjudicasen a nuestro país más de lo que lo están haciendo en otros de nuestro entorno.
Gamarra tampoco otorgó valor alguno a la llamada excepción ibérica, que permitirá a España y a Portugal desconectar de forma temporal los precios de la energía de su actual dependencia del gas, la tachó de simple reconocimiento de la debilidad energética de la península y aseguró que ni siquiera hacía falta, porque ya se podía haber implementado con arreglo a las normas adoptadas ñor la Unión en los primeros días del mes de marzo.
Y aunque no anticipó que su partido vaya a votar en contra de las medidas del Gobierno cuando se debatan en el Congreso, sí insistió en reclamar más bajadas de impuestos y sobre todo una reducción del gasto público porque, en su opinión, Sánchez y sus ministros “viven a cuerpo de rey” y se podrían recortar hasta 60.000 millones de euros.
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Santiago Abascal, presidente de Vox y el único líder de los partidos de la derecha que participó en la sesión plenaria —Feijóo no tiene escaño e Inés Arrimadas está de permiso por maternidad— fue tan duro en el análisis de la situación como la portavoz del PP pero, a diferencia de ella, culpó de la inflación a la legislación española para intentar atajar la crisis climática, que la ultraderecha considera consecuencia directa del “fanatismo” que atribuyen a las evidencias científicas que demuestran que la actividad humana está directamente relacionada con la alteración del clima del planeta.
El líder ultra llamó a Sánchez “autócrata” y “embaucador”, afirmó que a los españoles se les ha acabado la paciencia y calificó de “escándalo” que haya normas europeas, derivadas de la pertenencia de España a la UE, que impidan a los agricultores españoles aumentar la producción de maíz o aceite ahora que los mercados sufren desabastecimiento por culpa de la guerra.
Los dos partidos, igual que el resto de las formaciones de la Cámara, se mostraron implacables con la decisión de Sánchez de apostar por la propuesta marroquí de resolver el conflicto del Sáhara dando autonomía a su territorio en vez de limitarse a reconocerla como una aportación constructiva como han hecho Francia o Alemania.
Si el Gobierno esperaba que la derecha, sobre todo el PP, se mostrase comprensiva con las circunstancias que le han tocado afrontar —una crisis económica derivada del parón obligado por la pandemia y de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania— estaba completamente equivocado.