El PP advierte de la capacidad del Gobierno para vetar iniciativas parlamentarias de la izquierda

En el Partido Popular y en el Gobierno llevan más de una semana, desde que Carles Puigdemont fue investido presidente de la Generalitat de Cataluña, recordando que el hecho de que el Ejecutivo esté en funciones no es óbice para que siga teniendo en sus manos herramientas para frenar lo que califican de "desafío soberanista". La principal de ellas, el recurso al artículo 155, el que contempla la supresión total o parcial de autonomía. Lo mismo recuerdan ahora, que no tienen todas las manos atadas, cuando se les pregunta sobre la actividad legislativa ya anunciada por los grupos de la izquierda en el Congreso de los Diputados. Las fuentes consultadas por infoLibre insisten en que la capacidad de un Gobierno en funciones es muy limitada, pero que las proposiciones de ley pueden ser vetadas si estas implicaran "aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios", según figura en el artículo 126 del reglamento de la Cámara baja. Es decir, cualquier tipo de compromiso económico.

Esta es una de las vías que tendría en su mano el equipo de Mariano Rajoy para frenar el compromiso ya anunciado por varios grupos de derogar algunas de las principales iniciativas que los conservadores han aprobado en las cámaras en los últimos cuatro años ahora que ya se sabe a ciencia cierta que el informe de los letrados de la Cámara que llegó en la noche del martes a manos de los miembros de la Mesa concluyera que sí pueden empezar a tramitarse proposiciones de ley.

Pese a que el órgano de Gobierno del Congreso ha decidido que será el martes cuando tome una decisión sobre cómo tramitará las iniciativas que van llegando ya al registro, las primeras conclusiones que se desprenden de la lectura del informe es que no existen motivos para frenar la actividad. "No parece haber razones para impedir el ejercicio de la función legislativa de la Cámara", es la una de las principales observaciones. La misma mañana de este miércoles, el presidente del Congreso ya avanzó que las capacidades de los grupos parlamentarios de registrar proposiciones de ley "están intactas", al mismo tiempo que "no habría ningún problema" con las proposiciones no de ley.

Respecto a las proposiciones de ley, el propio informe de los servicios jurídicos, encargado en viernes pasado por la Mesa, subraya lo que sostienen desde el Gobierno: que no hay trabas para que éste tome una decisión en los 30 días que marca la ley, momento previo a la toma en consideración por el Pleno.

El PP y el Gobierno tendrán que atenerse a lo que fije la Mesa del Congreso al respecto de este informe. Pero este miércoles, las fuentes consultadas recordaban que el documento sí dejaba claro que "no se puede instar al Gobierno a que haga leyes porque su función no es la de gobernar, sino administrar y gestionar mientras se inviste a un presidente". Es decir, que no puede pedirse al Ejecutivo que se salte la Ley del Gobierno.

En este sentido, consideran que tras las iniciativas que en los últimos días están registrando sobre todo PSOE y Podemos hay más de "propaganda y discurso" que de verdadera intención política. "Son gestos y es muy probable que se queden en gestos", señala un parlamentario conservador.

En esta línea, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, hizo hincapié en que "lo que tienen que hacer aquellos que hacen proposiciones de ley es ver si tienen capacidad legislativa y número suficiente de diputados para sacarlas adelante".

La constitución de las Comisiones: otro obstáculo

Otro de los obstáculos que impedirá que la tramitación de las leyes sea diferente a la ordinaria es el de la composición de las comisiones parlamentarias. De hecho, es una de las observaciones del informe jurídico, según fuentes conocedoras del mismo. Es en estos órganos en los que se desarrolla una buena parte del debate de las iniciativas.

Desde la Presidencia del Congreso sostienen que la semana que viene, cuando se conformen definitivamente los grupos parlamentarios, podrán ponerse en marcha comisiones como la del Estatuto del Diputado, una comisión clave si se tiene en cuenta que tiene que empezar a tramitar las peticiones de compatibilidades de sus señorías. El grueso de resto de comisiones, salvo la de Reglamento, están más vinculadas con la estructura gubernamental, algo que les daría un carácter provisional.

Cuando Hernando pedía a la oposición que hicieran cálculos de si tenían suficientes apoyos para sacar adelante las iniciativas estaba apuntando al trámite en el Senado, una Cámara en la que el PP sí tiene mayoría absoluta. 

Con los pasos que se han descrito anteriormente, los tiempos que marcan las leyes hacen complicado que en los dos meses fijados para buscar un presidente desde la primera sesión de investitura pueden salir adelante las iniciativas.

Las "limitaciones" del Gobierno

Más allá de esta dinámica parlamentaria, ¿qué puede hacer el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy? Para conocerlo al detalle, hay que ir a la Ley del Gobierno, que en su artículo 21 fija "las limitaciones" del Gobierno en funciones.

Respecto al Ejecutivo, la ley establece como obligación el que facilite "el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo". Además, debe limitar su gestión "al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas". Se trata, pues, de no dar ningún paso que pueda comprometer la acción o las políticas del Gobierno entrante.

Es decir, que un Gobierno en funciones no puede aprobar leyes salvo situaciones de urgencia o en circunstancias de interés general. "Evidentemente, estos extremos deberían ser perfectamente justificados", subrayan fuentes de la dirección nacional del PP. La respuesta a catástrofes o la aprobación de programas de ayuda en estos casos entrarían en esta categoría.

La ley también tiene un apartado específico que afecta al presidente del Gobierno en funciones. Concreta las "facultades" que no podrá ejercer. Son las siguientes: "Proponer al rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. Plantear la cuestión de confianza y proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo".

El Gobierno en funciones tampoco podrá aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado ni "presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado". "Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales", recoge la ley. El hecho de que no se concrete nada respecto al 155 es uno de los argumentos al que recurren los conservadores para ver despejada esta opción.

Recurso al decreto-ley

Otra de las herramientas que también tendría en su poder un Ejecutivo en funciones sería la del decreto-ley, regulado por el artículo 86 de la Constitución. Su aprobación sería posible gracias a que este tipo de iniciativas están concebidas para casos "de extraordinaria y urgente necesidad". Eso sí, "no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I [de la Constitución], al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general".

Pero el decreto-ley requiere de un paso que compromete a la Cámara baja. Deberá sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación.

¿Y el control al Gobierno?

El Gobierno en funciones no puede legislar, pero sí aplicar el artículo 155

Ver más

¿Se puede una vez que queden constituidas las Cámaras que desde estas se evalúen asuntos puntuales de la labor del Gobierno en funciones? Sería una especie de control al Gobierno. ¿O que se soliciten comparecencias de ministros en funciones por asuntos "de actualidad" que tengan que ver con la actividad de sus respectivos departamentos? Según las fuentes consultadas es algo que, salvo casos muy puntuales, no encajaría mucho dado "el escaso margen de actuación del Ejecutivo".

El informe de los servicios jurídicos del Congreso recuerda que cualquier pregunta o interpelación a un miembro del Gobierno no podría sobrepasar los límites de un Ejecutivo en funciones.

En todo caso, el Gobierno tiene en sus manos un informe que advierte de que cualquiera de sus actuaciones en este periodo pueden ser objeto de "control jurisdiccional". "Así lo fijó el Supremo", recuerda un miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Popular.