¿Son "y tú más" las tres palabras básicas de la lucha partidista? Si no lo son, no andan lejos. La derecha política y mediática las llevan pronunciando desde que, en 2019, empezaron los pactos del PP con Vox. "Y tú más" se traduce aquí así: el PP no acepta lecciones del PSOE, que pacta con Unidas Podemos, ERC y Bildu. ¿Se sostiene este "y tú más"?
Antes de buscar respuestas, algunos hechos. El PP y Vox han firmado un pacto de gobierno en Castilla y León. Es la primera vez que la ultraderecha accederá a un ejecutivo regional. Antes, ya ha formado parte de mayorías –de investidura y presupuesto– gracias a acuerdos con el PP y Cs en Andalucía, la Comunidad de Madrid –y su ayuntamiento– y la Región de Murcia. El paso de Alfonso Fernández Mañueco causa alerta en el Partido Popular Europeo, que teme que abra "tendencia".
La justificación del PP se basa en que el PSOE pacta con UP ("comunistas"), ERC ("separatistas", "golpistas") y EH Bildu ("filoetarras"). El énfasis es mayor en Bildu. Así lo expresó Isabel Díaz Aysuo en Castilla y León: “Pactaría antes con el partido de Ortega Lara que con aquellos que pactan con los que le secuestraron". Cayetana Álvarez de Toledo, como portavoz del PP, afirmó: "La simetría entre Bildu y Vox es infame. El único partido que no está en el sistema moral español es Bildu".
El pacto en Castilla y León ha llevado las miradas a Andalucía, siguiente cita electoral. El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha fijado posición: el PP no acepta lecciones de quienes pactan con "los herederos de ETA o los independentistas". Las simetrías no se limitan a Bildu y ERC. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, rechazó lecciones de un partido que “gobierna con quienes dicen que no hay que hacer nada para apoyar a Ucrania”. Casado siempre introducía a UP dentro de los pactos intolerables. Ahora Alberto Núñez Feijóo desea una España sin "nada a la izquierda del PSOE" ni "a la derecha del PP". Cs sigue este manual al equiparar a "populistas" de izquierda (UP) y derecha (Vox), aunque sólo pacta con los segundos.
Diferencias en los pactos y su contenido
Las relaciones del PP con Vox y del PSOE con Bildu y ERC son distintas. Una diferencia básica: el PSOE no gobierna junto a estas dos formaciones. El partido de Feijóo y Vox firmaron acuerdos de investidura en Andalucía, Madrid y Murcia. Andalucía, donde Vox también ha firmado tres acuerdos presupuestarios, ejemplifica el alcance de estos acuerdos, en los que pueden verse puntos como el que garantiza una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental", es decir, no musulmana, o requisitos extra para que las asociaciones de memoria accedan a ayudas. El pacto en Castilla y León incluye una "ley de violencia intrafamiliar", término que Vox usa para negar la "violencia de género", y una inmigración "ordenada".
El PSOE no llegó a firmar un acuerdo de investidura con Bildu, aunque la coalición abertzale apoyó a Sánchez. Sí firmaron PSOE, UP y Bildu en 2020 comprometiéndose a derogar la reforma laboral –cosa que no se ha cumplido y por eso Bildu votó en contra– a cambio de una prórroga del estado de alarma. Además el PSOE logró el apoyo de Bildu a los presupuestos de 2022 a cambio de medidas contra los desahucios, dinero para las víctimas del amianto y la emisión de ETB-3 en toda Navarra. Aquel acuerdo, afirmó Casado, "hiela la sangre". En Navarra, María Chivite fue investida con la abstención de Bildu, aunque sin acuerdo. Los presupuestos de 2022 en Navarra se aprobaron con la abstención de Bildu, esta vez tras un acuerdo centrado en partidas para áreas como educación 0-3 o atención primaria
En el caso de ERC, Sánchez logró su apoyo en la investidura con un acuerdo para crear una mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern para resolver el "conflicto político" en Cataluña con una "consulta" dentro de la ley. Además, ERC ha acordado con el PSOE su apoyo a los presupuestos de 2022 a cambio, entre otras medidas, de más peso del catalán en Netflix (sin acuerdo firmado). En cuanto a UP, el PSOE sí tiene un acuerdo de Gobierno de 49 páginas.
Sólo Vox
¿Y sobre la naturaleza de los partidos? Los hechos prueban que Vox es caso aparte. Veamos. El partido de Abascal reclamaba la detención de Quim Torra antes de que pesara sobre él ningún cargo. Además, pretende la ilegalización de partidos independentistas por sus ideas. Ha llevado incluso una ley al Congreso para conseguirlo. Considera que los gobiernos de la dictadura, que no condena, son preferibles al actual. Cree que la nacionalidad no la determina el DNI, es decir, que ser español no es sólo ser reconocido como tal por el Estado, sino haber nacido en el país o cumplir criterios –¿cuáles?– más allá de los legales. Desde que el partido descolló en 2018 han aflorado casos de cuadros y dirigentes salidos del avispero neonazi [ver aquí, aquí, aquí]. Vox, que tiene como referentes a los gobiernos de Polonia y Hungría, señalados por la UE por sus derivas autoritarias, niega cualquier derecho a los inmigrantes ilegales. Veta declaraciones contra la "violencia de género". Es escéptico sobre el cambio climático.
Todas estas posiciones tienen algo en común: no son compartidas por UP, Bildu ni ERC.
Una línea roja: ilegalizar partidos
infoLibre consulta seis voces de la ciencia política, la filosofía y el derecho sobre temas como la equivalencia entre Vox y otros partidos y el "cordón sanitario". La idea predominante es que Vox es caso aparte, sobre todo por una visión iliberal de la política que se concreta de forma grave en su pretensión de ilegalizar adversarios políticos.
Ignacio Sánchez-Cuenca, director de Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III, cree que Vox es harina de otro costal. Pero se esfuerza por separar el grano de la paja. Al margen –explica– de que pueden suscitar el rechazo de un demócrata, sus posiciones sobre asuntos como la violencia de género, la inmigración o el cambio climático entran dentro del debate democrático. También su oposición al Estado de las autonomías, una opción legítima –dice– como la defensa del derecho de autodeterminación. Ni una ni otra opción están en la Constitución, pero –añade– esta admite una reforma de todos sus artículos.
En todos esos puntos ve "posiciones discutibles", pero que no son un "peligro para la democracia". ¿Dónde está, entonces, la frontera? En la propuesta de ilegalización de partidos, un salto "brutal" que imposibilita cualquier "simetría", responde. Sánchez-Cuenca se muestra consciente de que hay posiciones de otros partidos, como UP, que pueden provocar rechazo, sobre todo a ciudadanos de derechas –como el republicanismo–, pero no son el "peligro para la democracia" que sí supone sacar a partidos como ERC, BNG JxC, CUP, Bildu o el PNV del juego político.
El profesor de Ciencia Política también ve "muy problemática" la posición de Vox sobre la nacionalidad, algo que "no podemos leer en el vacío, sino en el contexto de nuestra historia". "Es inevitable conectarlo con la 'antiespaña' que Franco quería limpiar, básicamente republicanos y comunistas". A su juicio, la "falsa equivalencia" entre Vox y UP es un "malentendido interesado" de la derecha política y mediática, que establece la simetría en un "eje izquierda-derecha", cuando "el que importa es el eje democrático".
En cuanto a Bildu, recalca en primer lugar que el PSOE no gobierna con esta formación. No obstante, no ve comparables a Vox y Bildu. Lo explica así: "Hay que mirar en qué dirección se mueve un partido. Bildu [en referencia a parte de la coalición] proviene de un movimiento que no era democrático, pero se desplaza hacia la democracia". A su juicio, es comparable a AP, antecesora del PP, fundada por ministros de Franco pero que ha ido "avanzando hacia la democracia" hasta la condena del franquismo en 2002. Vox sería así otra cosa porque su dirección con respecto a la democracia es centrípeta. Sobre los partidos independentistas catalanes, no ve debate: en ningún caso, señala, "han pretendido crear un sistema autoritario".
Vox vs Bildu
"La conexión con la violencia es el elemento decisivo para juzgar la legitimidad de un proyecto político", afirma Jorge Urdánoz ,profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública de Navarra. Desde esa premisa, cree que sólo hay dos partidos a los que hay que poner la lupa, y no por su conexión con una violencia actual, en cuyo caso serían ilegales. Son Vox y Sortu, que es parte de la coalición Bildu, "por sus consideraciones actuales" sobre el franquismo y ETA. En ningún caso ve comparables a UP y a ERC, "a cuyos partidos hermanos de otros países jamás se ha propuesto acordonar en ninguna otra democracia". Su resumen de la cuestión es este: "No veo qué razón podría avalar el cordón en torno a Vox pero no en torno a Sortu. En un entorno tan plural como el español, los principios habrían de aplicarse por igual. Y yo no veo que eso se haga".
A su juicio, aun considerándolas dos fuerzas con una relación "complicada" con fenómenos violentos del pasado como el franquismo o el terrorismo, pactar con Vox o con Sortu, parte de Bildu, "no viola principios democráticos", aunque reseña que es importante que del pacto queden excluidas las posiciones "iliberales". "Todos los pactos entre partidos legales son a priori legítimos, y después cada partido debe responsabilizarse de los mismos ante la sociedad y ante su electorado. Lo contrario es juzgar la cuestión desde las emociones propias, no desde los principios", explica Urdánoz, que sí ve "problemática" desde el respeto a los "principios liberales" una postura de Vox, la ilegalización de partidos, algo en lo que coincide con Sánchez-Cuenca. "Eso jamás se podría pactar ni estar presente", dice, recordando que en la Asamblea de Madrid PP, Cs y Vox llegaron a aprobar una moción a favor de la ilegalización de partidos independentistas.
Ojo con las contrapartidas
Al profesor de Derecho Constitucional en la UNED Carlos Fernández-Esquer el tema le parece tan subjetivo que aclara que sus palabras son más como ciudadano que como académico. Su anclaje en este terreno pantanoso es este: si estás dentro de la ley y aceptas las reglas, eres admisible y debes ser tratado por igual, por lo que rechaza el trato dado a la diputada de Vox en el País Vasco, donde la mesa parlamentaria acordó limitaciones que el Constitucional ha anulado.
Fernández-Esquer cree que ningún partido tiene por qué "avergonzarse" de recibir apoyo de otro partido legal, sea Vox o Bildu, pero que los problemas aparecen cuando se les conceden "contrapartidas" y "se disparan" al "incluirlos en el gobierno". "Ahí está", dice, "la diferencia entre el PSOE y el PP", que "ha ido más lejos". No obstante, más que el pacto en sí, lo peligroso será si se acaban aceptando "posiciones fuera del sistema", afirma.
El también secretario del Centro de Estudios de Partidos de la UNED cree que hay posicionamientos de Vox que merecen máxima cautela, como su rechazo del Estado de las autonomías –"muchas veces se nos olvida que es parte constitutiva del pacto constitucional, una de las condiciones que posibilita la transición a la democracia"–, un discurso sobre inmigración "que no respeta cuestiones básicas de derechos humanos" y una concepción de la nacionalidad "desfasada". En cuanto a Podemos, lo ve un partido "populista" y cree que su "cuestionamiento" de decisiones judiciales "es contrario a los valores de una democracia constitucional", si bien señala que, como es usual con los "partidos más radicales", su entrada en el Gobierno lo ha obligado a cierta moderación.
Podemos vs Vox
En un reciente artículo en La Vanguardia, el filósofo Daniel Innerarity rechaza de plano la equiparación entre Vox y Podemos. "¿Son igualmente extremos Lula y Bolsonaro, Boric y Kast, Sanders y Trump?", se pregunta. "Podemos nos podrá parecer más o menos radical, pero, a diferencia de Vox, no cuestiona derechos fundamentales [...], ni mantiene posturas negacionistas en materia de salud pública o [sobre] la violencia machista", añade Innerarity, para quien "no hay en Podemos una estrategia de exclusión similar a la que abiertamente proclama Vox cuando declara su voluntad de ilegalizar a numerosos partidos".
Y añade: "Mientras la extrema derecha combate [...] algunos de los valores democráticos centrales, esa nueva izquierda que integra a ecologistas y a neocomunistas forma parte legítima de la constelación de partidos que, con distintos planteamientos, se integran en el gran compromiso que dio origen al Estado social y democrático de derecho".
Sin comparación posible
Juan Rodríguez Teruel, profesor de Ciencia Política de la Universitat de València, no comparte las "falsas equivalencias" entre Vox y UP, ERC o Bildu. En el caso de UP, le parece obvio. "Toda aquella campaña contra el Gobierno frankenstein no estaba justificada, como se ha visto", dice. En el caso de los independentistas, señala, "cuestionan la unidad nacional como Vox el Estado de las autonomías". En cambio, cree que Vox tiene posiciones "especialmente controvertidas" que quiebran los "consensos" sobre inmigración o políticas de género. A su juicio, no hay comparación posible, también por la entrada de Vox en un gobierno autonómico, que marca un hito. No obstante, Rodríguez Teruel se muestra contrario a demonizar a Vox, partido al que cree que hay que criticar en función de lo que haga y hecho por hecho, sin brochazo grueso. "Se está abusando del 'que viene el lobo', se está exagerando la respuesta, en ocasiones judicializándola, lo que acaba por darle a Vox aún más legitimidad, porque cuando gana en los tribunales se entiende que lo que hace es legal y por lo tanto bueno".
Rodríguez Teruel ve oportunismo en los partidos que rechazan el pacto PP-Vox, que presentan la cuestión como un asunto de "moral democrática" cuando en realidad hay mucho de "interés electoral". Además, dejan de lado el hecho de que "pedirle al PP que no pacte con Vox es pedirle que no gobierne". A efectos, prácticos, poco realista. Cree también que un "cordón sanitario" tendría unos efectos difíciles de prever sobre la legitimidad democrática y ni siquiera está demostrada su eficacia. A su juicio, lo fundamental es "entender lo que está sucediendo en la sociedad". En síntesis, rechaza la simetría entre Vox y cualquier otro partido, pero no ve viable aislar al partido de Abascal ni productivo demonizarlo.
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"Creo que no hay debate. Vox es sustancialmente distinto, porque cuestiona derechos fundamentales, tiene una dimensión excluyente de la nación, lleva en sí mismo una cierta defensa de la violencia –en la cuestión del género y de la inmigración– y pretende ilegalizar partidos. Eso no lo veo en ningún otro", señala Pedro Ibarra, catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco.
No obstante, a su juicio el énfasis no debe ponerse tanto en si el PP pacta o no con Vox o en qué justificaciones utiliza para ello como en qué está ocurriendo en la sociedad para que ese pacto sea posible. "Estamos en una fase, y perdóname si soy un poco pesimista, de pérdida de conciencia de la cultura democrática en que se empiezan a ver naturales, defendibles, posiciones fuera de lo aceptable. Eso es lo grave", señala.
Ibarra considera que Vox se presenta como un partido "perfectamente normal" beneficiándose tanto del "desenganche cultural de la democracia" de parte de la sociedad como de los efectos del descrédito de la política y de la polarización. "Si lo importante no es la democracia, sino destruir al enemigo, pues se puede pactar con Vox, claro".