El PP quiere frenar en el Congreso la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que ha promovido Unidos Podemos para acabar con el plazo máximo de seis meses para la instrucción de las causas penales. Se trata de una modificación legal que la Cámara Baja tiene congelada desde hace 19 meses a causa de las ampliaciones del plazo de enmiendas acordadas entre PP y Ciudadanos, que controlan la Mesa del Congreso.
La reforma del referido artículo fue impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y precisamente gracias a ella el expresidente conservador de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido recientemente absuelto en el marco del denominado caso Pasarelas.
Unidos Podemos consiguió en mayo de 2017 que el Pleno de la Cámara Baja aceptase tramitar una proposición de ley que únicamente planteaba derogar esa limitación temporal a la instrucción de sumarios. Pese a constar de un único artículo, la reforma lleva 19 meses en la Comisión de Justicia acumulando prórrogas en los plazos para la presentación de enmiendas.
Reforma "beneficiosa para la justicia"
Pues bien, ahora el PP ha registrado una enmienda a la totalidad a esa propuesta con la que pretenden impedir la derogación de una reforma que, a su juicio, "ha sido beneficiosa para la justicia", según reza la iniciativa recogida por Europa Press.
La reforma del Gobierno de Rajoy estableció que “las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”. No obstante, contemplaba para los casos en los que la instrucción fuera declarada compleja un tope de dieciocho meses, prorrogables por el instructor de la causa “por igual plazo o uno inferior” a instancia del Ministerio Fiscal. En resumen, el tiempo máximo puede oscilar entre los 18 y los 36 meses.
Mantiene los plazos pero da más margen
En su enmienda de totalidad, con texto alternativo, el PP avisa de que sería una "gran irresponsabilidad" eliminar por completo los plazos en la instrucción. Eso sí, aunque defiende la reforma de la LeCrim impulsada por el otrora ministro de Justicia Rafael Catalá en 2015, asume que, después de un tiempo de aplicación de la norma, hay aspectos que pueden ser "clarificados y mejorados".
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Así, el grupo que capitanea Pablo Casado insiste en mantener los plazos de instrucción de su reforma, aunque plantea considerar, junto al concepto de instrucción compleja, el de instrucción prorrogable por inacabada para contemplar otras causas objetivas distintas a la complejidad de la causa.
Una situación que se dará cuando se demuestre que las pericias o colaboraciones demandadas, por causas ajenas a la instrucción, no puedan recibirse a tiempo o por otra causa que afecte a la calidad de la prueba necesaria para la instrucción, cuya motivación deberá justificar el instructor.
Además, y para mejorar el procedimiento, el primer partido de la oposición plantea que el instructor estará obligado a comunicar a la Fiscalía, un mes antes de concluir los plazos, la finalización de los mismos para que informe o realice la solicitud que proceda antes de su resolución.
El PP quiere frenar en el Congreso la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que ha promovido Unidos Podemos para acabar con el plazo máximo de seis meses para la instrucción de las causas penales. Se trata de una modificación legal que la Cámara Baja tiene congelada desde hace 19 meses a causa de las ampliaciones del plazo de enmiendas acordadas entre PP y Ciudadanos, que controlan la Mesa del Congreso.