Asociaciones de fiscales urgen al Gobierno a aprobar por decreto una reforma clave para investigar la corrupción

El reloj electoral ha empezado a correr y el Gobierno no quiere perder el tiempo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, el que proporcionalmente más iniciativas ha sacado adelante a través del procedimiento excepcional de los decretos ley de la historia democrática española, no detendrá el ritmo de aquí a las elecciones del 28 de abril. Pretende aprovechar los últimos Consejos de Ministros que le quedan por celebrar para sacar adelante sus últimas medidas en plena campaña electoral. Tendrán que hacerlo a golpe de decreto y con la Diputación Permanente del Congreso como órgano de debate y convalidación. Y una de las medidas de obligada aprobación para jueces y fiscales es el Real Decreto Ley que derogue el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y acabe, de este modo, con los plazos máximos de instrucción de las causas penales que quedaron fijados tras la reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Ya no queda ningún obstáculo para el Ministerio de Justicia después de que este martes Unidos Podemos retirara la proposición de ley retirara la proposición de leyque la formación registró en el Congreso de los Diputados en abril de 2017 y que pedía, precisamente, esto mismo [se puede consultar en este enlace]. Así lo aseguró este martes la Unión Progresista de Fiscales, que manifestó a través de un comunicado que, "ante la retirada de su Proposición de Ley por el Grupo Parlamentario de Podemos y siendo este el único obstáculo para recurrir al Decreto Ley que la ministra de Justicia comunicó el 31 de enero a todas las asociaciones profesionales", reclaman "públicamente al Gobierno de España que en la próxima reunión del Consejo de Ministros se apruebe un Real Decreto que derogue el citado precepto". 

En la misiva remitida por la propia ministra Dolores Delgado se argumentaba que recurrir a la fórmula del decreto para derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "encuentra un obstáculo en el hecho de que exista una iniciativa que se está tramitando en el Congreso con el mismo objeto". Ese hecho, añadió Delgado, "supondría un riesgo" de que la norma fuese llevada "ante el Tribunal Constitucional por cualquier grupo político alegando que se están usurpando funciones" al poder legislativo. 

Fuentes de Unidos Podemos confirmaron a infoLibre que, efectivamente, la retirada de la proposición —cuyo plazo de enmiendas fue ampliado hasta 67 veces en más de un año y medio por el bloqueo de PP y Ciudadanos— se hizo para poder otorgar al Gobierno la posibilidad de que la derogación del artículo se realizara a través de un decreto. Y es que, en sintonía con la ministra Delgado, admiten que su propuesta podía generar un conflicto por un solapamiento de funciones entre el Ejecutivo y el poder legislativo.

De este modo, y tras la decisión adoptada este martes y anunciada por la secretaria de Acción Institucional de Podemos, la diputada Gloria Elizo, el Ministerio de Justicia se queda sin el argumento esgrimido. No obstante, la institución ha respondido a preguntas de este diario que no tiene información sobre si finalmente la aprobación del Real Decreto Ley por el Consejo de Ministros se contempla o no como una posibilidad.

Víctimas "desprotegidas"

En junio del año 2015, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el entonces Gobierno conservador con los votos a favor del PP, la abstención de CiU y el PNV, y el rechazo del resto de los grupos. Levantó polémica nada más aprobarse. Y es que, entre sus novedades, la nueva normativa fijó, en su artículo 324, unos plazos máximos de instrucción para obligar a los jueces a resolver las pesquisas en un tiempo "razonable", según dijo el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá. Ese margen "razonable" se fijó entre los 18 y 36 meses. 

La medida indignó a oposición y, sobre todo, a jueces y fiscales, que pidieron desde el primer momento la derogación del artículo. Según argumentaron entonces, la imposición de límites temporales favorecería la "impunidad" en el caso de los delitos más complejos, como los de corrupción. Tan contundente fue la oposición a la reforma, que los profesionales de la justicia situaron la eliminación de estos plazos como una de sus principales reclamaciones en las dos huelgas del año pasado: la que tuvo lugar en mayo y la que se produjo en noviembre. 

No obstante, la demanda ya había llegado al Congreso de manos de Unidos Podemos. El grupo confederal registró una proposición de ley con un artículo único: "Queda derogado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". "La reforma demostró legislar de espaldas a la realidad", recoge la iniciativa parlamentaria en su exposición de motivos. "Acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios, en la situación real de la administración de justicia, en la práctica equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos", añade. 

Es el mismo argumento utilizado por las asociaciones de los profesionales de la justicia que, ahora, se suman a la petición de la Unión Progresista de Fiscales. "Llevamos desde que se aprobó pidiendo que se derogue. Lo que queremos es que se haga por un decreto antes de que el Gobierno deje de poder realizar las labores que le son propias", afirma Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales, en conversación telefónica con este diario. "Además de los asuntos de corrupción en los que hay investigados que salen beneficiados gracias a este artículo, en el día a día también hay muchísimos casos en los que la investigación queda a medias porque no se cumplen los plazos. Hay víctimas que están quedando desprotegidas", denuncia. 

Un problema de "carencia de medios"

La 'mala praxis' de algunos jueces y los límites temporales a la instrucción facilitan el derrumbe de varios casos de corrupción

Ver más

Y es que, según Conrado Gallardo, de Foro Judicial Independiente, se trata de una "norma inútil que puede causar muchos perjuicios y no conlleva ningún beneficio". "Es obvio que las instrucciones en España llevan muchísimo tiempo, más del razonable, pero no se debe a la ausencia de plazos, sino a la carencia de medios y a la falta de jueces", argumenta, en línea con la proposición presentada por Unidos Podemos. De hecho, añade, ya hay unos plazos. Ninguna instrucción debe dilatarse de manera indebida, dice. "Un retraso injustificado puede ser perseguido haya o no un límite plazos", explica. 

En la misma línea se expresa Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. "Las asociaciones de fiscales, desde el principio, dijimos que nos encanta que las instrucciones sean rápidas, pero lo que no se puede hacer es decretar" que duren un periodo determinado "sin poner medios para agilizarlas", critica. Y es que, dice, hay asuntos que se atascan sólo por falta de medios. "Para nosotros, que una investigación dure seis meses es perfecto, pero no puede haber una disposición que ponga cortapisas a investigaciones por corrupción y otros motivos. No tiene ningún sentido", denuncia. 

Por ello, desde las asociaciones judiciales consultadas esperan que, por fin, se llegue a las elecciones con el artículo 324 derogado. Da tiempo, dicen. Es voluntad, añaden. Pero eso sí, no todas están de acuerdo. La nota discordante la da la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Raimundo Prado, su portavoz, explica a infoLibre que, efectivamente, reclaman que se eliminen los plazos de instrucción, pero no es urgente. "¿Que se derogue? Bien. ¿Que existe tanta necesidad? No lo sé. Nos parece más urgente la creación de 300 plazas de jueces por decreto ley", sentencia.