PP y Cs prometen impulsar el fin de los aforamientos, apartar a imputados por corrupción y "despolitizar" la Junta

El PP-A y Ciudadanos (Cs) han acordado las primeras 21 medidas que pondrán en marcha en los cien primeros días de un gobierno que regenten sendos partidos en Andalucía, entre las que impulsarán un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía para la supresión de los aforamientos, así como separar de manera inmediata a los cargos públicos "que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial", y poner en marcha un proyecto de ley de "despolitización" de la Junta.

Así se recoge en el documento de seis páginas, recogido por Europa Press, al que el grupo de trabajo designado por sendos partidos para alcanzar un acuerdo programático ha dado luz verde este mismo viernes, tras mantener una nueva reunión en el Parlamento con este fin desde que se celebraran las elecciones del 2 de diciembre, al objeto de formar un cogobierno que arrebate al PSOE-A la Presidencia de la Junta.

También han acordado poner en marcha una auditoría integral de todo el gasto de la Junta; un decreto ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de todas las entidades dispersas de la Administración paralela; crear una comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), y limitar a ocho años del mandato del presidente del Ejecutivo andaluz y de los consejeros.

Tolerancia cero a la corrupción

El primer punto que recoge el documento es el relativo a la tolerancia cero con la corrupción, que ha sido uno de los principales obstáculos en la negociación programática entre el PP-A y Cs, si bien finalmente se han comprometido a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial. Asimismo, se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombrados para cargos públicos.

Contra la corrupción, PP-A y Cs han cerrado iniciar los trámites para aprobar un proyecto de ley de Protección de los Denunciantes del Fraude y la Corrupción, que incluirá una oficina de lucha contra el fraude y la corrupción. Igualmente, solicitarán en el Parlamento crear una comisión de investigación sobre la Faffe, que decayó la pasada legislatura por el adelanto electoral; además de establecer los mecanismos necesarios para recuperar el dinero defraudado en el caso de los ERE.

Dentro del proyecto de ley de despolitización de la Junta se recoge la restricción del sistema de libre designación, generalizando el sistema de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración, además de definir la figura de los directivos públicos, de carácter técnico, que serán elegidos siempre por concurso público, abierto y transparente por un periodo de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo y estarán sujetos a una evaluación continua de su desempeño.

Además de encargar una auditoría integral a la Cámara de Cuentas, así como los informes correspondientes a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), de todo el gasto de la Junta, incluidos sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental, se comprometen a aprobar un decreto-ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de todas las entidades dispersas de la "Administración paralela" para "eliminar todos los entes que se consideren innecesarios o que se hayan visto expuestos a la corrupción".

Otro de los escollos en la negociación entre populares y naranjas se situaba en la supresión de los aforamientos, de modo que finalmente han acordado aprobar un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía con este fin "para acabar con tales fueros y privilegios", tal y como era la preferencia de Cs.

Si bien Vox apuesta por eliminar uno de los dos canales de Canal Sur TV "con el objetivo final de la supresión de la televisión autonómica"; la propuesta de PP-A y Cs en este sentido pasa por constituir un grupo de expertos que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la Radio y Televisión Andaluza (RTVA), así como adoptar las reformas necesarias "para garantizar su profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia del poder político".

Bajada de impuestos

En clave económica, se recogen medidas destinadas a la puesta en marcha de un grupo de trabajo para definir una estrategia de simplificación normativa y administrativa de Andalucía al fin de reducir las trabas burocráticas y facilitar el emprendimiento; la ampliación a 24 meses de la tarifa plana a 50 euros para los nuevos autónomos y emprendedores, y la implantación de una tarifa superreducida de 30 euros para nuevos autónomos menores de 25 años y mujeres en el ámbito rural, también durante 24 meses.

En materia fiscal, PP-A y Cs han acordado mantener la anterior reforma del impuesto de sucesiones y donaciones y bonificar el 99,9% de la cuota del impuesto en el resto de los supuestos para parientes directos. En el caso de las donaciones a parientes directos quedarán todas bonificadas al 99%. Igualmente, se iniciarán los estudios con el fin de bajar el tramo autonómico del IRPF y la reversión de la subida del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

También solicitarán reunirse con el presidente del Gobierno para abordar la negociación del nuevo modelo de Financiación Autonómica, así como la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), e iniciarán los trámites para un Plan Estratégico de Competitividad para la Agricultura, Ganadería, la Pesca y el Desarrollo Rural.

En un bloque sobre formación y capital humano, incluyen un plan andaluz de refuerzo educativo; iniciar una reforma legislativa para reconocer la condición de autoridad al profesorado de Andalucía, además de los trámites para un Proyecto de Ley Andaluza de Formación Profesional que apueste por la Formación Profesional Dual y que incluya un plan para su fomento que garantice la cobertura total de la demanda, así como poner en marcha el sistema de cheques-formación.

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Junto a ello, PP-A y Cs se comprometen a aprobar un plan de choque para mejorar la calidad de la sanidad pública andaluza y la reducción efectiva de las listas de espera, apostando por la transparencia y la despolitización del Servicio Andaluz de Salud "para que sea liderado y gestionado por los mejores profesionales, acabando con los nombramientos a dedo".

También incluyen aumentar la financiación en Atención Primaria al objeto de alcanzar el 20% de la financiación sanitaria al final de la legislatura, revertir el modelo de la subasta de medicamentos, implantar el cribado de colón y eliminar la discriminación salarial entre facultativos por razón de exclusividad.

Por último, quieren iniciar la aprobación de un proyecto de ley integral de apoyo a las familias andaluzas que incluya un incremento en la cobertura de la educación infantil de 0 a 3 años; la elaboración del anteproyecto de ley de Atención Temprana y la creación de una comisión de la discapacidad en el Parlamento. Además, aprobar un plan para la mejora de la gestión de la política migratoria en Andalucía e impulsar un gran acuerdo contra la violencia de género.