El PP está un paso más cerca de su objetivo de mutilar definitivamente la justicia universal en tiempo récord. En la casi absoluta soledad, eso sí. Este jueves consiguió que su reforma fuera aprobada por el pleno del Congreso con sus solos votos y el del diputado de UPN ante las críticas unánimes de la oposición, que tacharon la iniciativa de los conservadores de "felonía", de "escarnio", de "fraude", de "atropello", de "día triste" para la democracia por cuanto se favorecen espacios de "impunidad" para genocidas, corruptos, tiranos o mafiosos. El PP ni siquiera se molestó en explicar por qué tanta urgencia. No tenía que convencer a nadie: le bastó su mayoría absoluta. Los grupos, en cambio, sostienen lo evidente: que detrás de las prisas del Ejecutivo están las indisimuladas presiones de China, cinco de cuyos exlíderes comunistas están siendo investigados por la Audiencia.
La tramitación del texto del PP ha estado agujereada por las constantes denuncias de la oposición. Pero dio igual. El Gobierno, en lugar de remitir a la Cámara un proyecto de ley, ordenó al Grupo Popular que presentara una proposición de ley. Se ahorraba así todos los informes preceptivos –entre ellos, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado–, con los que corría el riesgo de sufrir una bofetada. Pero además impuso un procedimiento exprés. El más rápido posible que permite el Reglamento.
Hace 15 días, la iniciativa se tomó en consideración; la semana pasada, forzó el trámite de urgencia y en lectura única, y hoy el pleno del Congreso ventiló en menos de dos horas (y por 180 votos a favor y 137 en contra) una reforma, la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en la práctica acaba, según pronostica toda la oposición y han advertido jueces y fiscales, con la jurisdicción universal y la persecución, por parte de los tribunales españoles, de violaciones de derechos humanos fuera de nuestras fronteras. Una reforma que, además, supondrá el archivo inmediato de una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional. Entre ellas, el asesinato del cámara José Couso en Irak o el genocidio del Tíbet. Ahora ya sólo queda que el Senado apruebe el texto. Total, a mediados de marzo el cercenamiento de la justicia universal será un hecho.
El PP ha sido impasible frente al muro de críticas de la oposición. Ni se ha detenido en sus intenciones ni hoy admitió ninguna de sus 34 enmiendas. El Grupo Popular sólo votó a favor, lógicamente, de su única modificación propuesta. La enmienda de los conservadores no relaja las restricciones originales, simplemente permite que se asalten barcos cargados de droga en aguas internacionales, persigue a los grupos criminales extranjeros que vayan a cometer delitos especialmente graves en España y extiende la competencia de juzgar a todos los responsables de cometer abusos sexuales en el extranjero sobre menores españoles o que residan habitualmente en nuestro país.
"Día triste para la democracia"
"¿Se imaginan una ley que obligara a cerrar el caso Bárcenas, o el caso Urdangarin?", preguntó retóricamente el republicano Joan Tardà. "Muchos inocentes se revolverán en sus tumbas", auguró Joan Baldoví, de Compromís-Equo. Y así siguió el chorreo de quejas de la oposición, casi sin matices, excepto tal vez CiU, cuyo portavoz, Jordi Jané, empleó un tono más conciliador, confiado en que el PP pudiera "desandar" el camino andado. Pero incluso él hizo uno de una expresión compartida por varios grupos: "Hoy es un día triste para la democracia".
Las denuncias se centraron tanto en el método como en el contenido. En lo primero, por la "felonía" y "fechoría" parlamentaria y política –en palabras de Emilio Olabarria, portavoz del PNV– a que ha obligado el PP a la Cámara, al imponerle un trámite de urgencia sin haber motivo, comiéndose la deliberación en ponencia y en comisión. Una tramitación "fraudulenta", como convinieron todos. "Sumarísima", expresó en concreto Gaspar Llamazares, portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). "Vamos del Estado de decreto al Estado de excepción de forma acelerada", atizó el diputado. Como dijo Irene Lozano desde UPyD, el ministro de Justicia ni siquiera tuvo el "valor" de preguntar al Consejo General del Poder Judicial por su reforma. "El Grupo Popular se ha ofrecido a ser la alfombra gustosa", culminó, dirigiéndose a Alberto Ruiz-Gallardón, presente durante el debate en el hemiciclo.
Mismo clamor contra el contenido. "Esto es la antijurisdicción universal, la negación de la justicia universal", valoró Olabarria. "No dan ni un solo argumento que sea veraz", emplean "artimañas falaces", "no hay ninguna razón para explicar por qué quieren liquidar todos los principios de la democracia", siguió Lozano. Julio Villarrubia, el portavoz del PSOE, fue igual de contundente: "Supondrá el retroceso en el combate de las violaciones de derechos humanos y la quiebra de la jurisdicción universal. Hoy se lanza un mensaje de impunidad a los autores de estas conductas".
PP: "No se pueden seguir creando falsas expectativas"
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La explicación, para los grupos de la Cámara, hay que buscarla en la presión de potencias como China o Estados Unidos. "¿Saben cómo podían empezar a ser transparentes? Diciendo qué intereses espurios están intentando ocultar en la presentación de una iniciativa tan vergonzante como esta", agitó Olabarria. Para Lozano, se "cede" ante China por la propia "debilidad gubernamental". "El papel del Gobierno –terció Llamazares– no puede ser más humillante, se pliega a las presiones internacionales. Paga con esta ley la foto de Obama. Los empresarios chinos se han negado incluso a reunirse con empresarios españoles en tanto no esté aprobada esta ley". Villarrubia recordó que China es tenedora de deuda española, pero no por ello puede "someter" la soberanía.
El portavoz del PP, José Miguel Castillo, no citó China. Ni Estados Unidos. En lo formal, se escudó en que se ha utilizado el trámite de lectura única en más ocasiones, y recordó que el "mayor atropello procedimental" ocurrió en 2004, con el PSOE en el poder, con otra reforma de la Ley del Poder Judicial que tuvo que ser aprobada una segunda vez en Consejo de Ministros al ser rechazada por el Congreso dada la ausencia de 56 diputados. Castillo despreció asimismo las quejas de jueces y fiscales porque se quedaron "desfasadas", al no tener en cuenta las enmiendas que después introdujo el Grupo Popular. Castillo justificó el cambio en que los tratados internacionales que mentó la oposición no dicen que no deba haber "limitaciones" para perseguir delitos y también porque así España se acomoda a los países de su entorno.
Pero quizá lo más llamativo de la argumentación del PP fue su relativización de los logros de la justicia universal española desde que comenzó a investigar crímenes como los de las dictaduras argentina y chilena. "La actual regulación no se ve compensada por resultados positivos", por el número de "archivos y sobreseimientos". "No se pueden seguir creando falsas expectativas", dijo, porque el actual sistema "da mucho ruido y pocas nueces". "Con nuestra proposición se instruirá todo aquello que se pueda juzgar. Esa es nuestra propuesta con realismo y sentido común, sin demagogia ni cuentos chinos", remachó el portavoz conservador.
El PP está un paso más cerca de su objetivo de mutilar definitivamente la justicia universal en tiempo récord. En la casi absoluta soledad, eso sí. Este jueves consiguió que su reforma fuera aprobada por el pleno del Congreso con sus solos votos y el del diputado de UPN ante las críticas unánimes de la oposición, que tacharon la iniciativa de los conservadores de "felonía", de "escarnio", de "fraude", de "atropello", de "día triste" para la democracia por cuanto se favorecen espacios de "impunidad" para genocidas, corruptos, tiranos o mafiosos. El PP ni siquiera se molestó en explicar por qué tanta urgencia. No tenía que convencer a nadie: le bastó su mayoría absoluta. Los grupos, en cambio, sostienen lo evidente: que detrás de las prisas del Ejecutivo están las indisimuladas presiones de China, cinco de cuyos exlíderes comunistas están siendo investigados por la Audiencia.