El PP jaleó la publicación de los mensajes de móvil de Puigdemont y los difundió sin ver riesgo de "revelación de secretos"

"En privado dicen lo que no se atreven a reconocer en público". Extraída de un tuit publicado por la cuenta oficial del PP, la frase se corresponde con lo que la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, sostuvo en una entrevista televisiva el 6 de febrero de 2018. Santamaría se refería a los mensajes que, procedentes del móvil del exconseller catalán Toni Comín y captados de forma subrepticia por una cámara de televisión, desvelaban lo que el prófugo Carles Puigdemont pensaba de la situación política.

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Convertida en una de las mayores exclusivas de El programa de Ana Rosa, la difusión de aquellos mensajes incluyó la batería de pantallazos captados sin que Comín lo supiera. Su contenido desencadenó una oleada de euforia en el PP, que se lanzó a multiplicar la difusión de la noticia. Y lo hizo sin que le frenara ni mencionase siquiera que la captación de los mensajes por parte de cámaras pudiera implicar un supuesto delito de "revelación de secretos" atribuible a quien las hubiese tomado.

Tres años después, el presidente de Murcia y el número dos del partido acaban de interponer una denuncia contra infoLibre en la que acusan a este periódico de "revelación de secretos". No por captar pantallazos de móvil sino por informar de su contenido. En este caso, se trata de los mensajes que el 24 de abril intercambió desde la Asamblea Regional de Murcia el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, con el secretario general del partido, Teodoro García Egea, así como con un alto cargo de la Consejería de Salud. Los mensajes revelan que López Miras medió en la operación quirúrgica de un familiar de García Egea.

Lo hizo al transmitir al número 2 y mano derecha de Pablo Casado la fecha de la operación que acababa de comunicarle el alto cargo de Salud: “Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde”, escribió a García Egea. Y a vuelta de mensaje envió a ese mismo alto cargo la petición que García Egea acababa de dirigirle: que antes tenía que “verlo un cardiólogo”.

La mediación, en sentido literal, del presidente murciano, que actuó como bisagra entre García Egea y el secretario general de la Consejería de Salud, plantea una incógnita que tanto el PP como el Gobierno murciano se han negado a resolver: la de por qué López Miras participó en ese proceso de comunicaciones, ajeno por completo a los canales oficiales, y qué significado posee esa intervención. En su denuncia los dos dirigentes del PP sostienen que mencionar que el paciente debía ser revisado por un cardiólogo no resulta baladí por cuanto esos datos "permiten identificar, pese a no ser citado de manera expresa, la persona a la que se refiere”. La intervención de un cardiólogo en los preparativos de una intervención quirúrgica constituye una práctica frecuente con independencia de la patología que lleva al paciente al quirófano.

En realidad, la información publicada no permite identificar al paciente. Su identidad, género y patología son datos que omitió y omitirá infoLibre por respeto a su intimidad. Y por una segunda razón clave: que el interés informativo no radica en quién es esa persona sino en el hecho de que el más alto jerarca de la administración murciana participó en una conversación donde se abordaba un asunto privado para transmitir mensajes a un alto dirigente de su partido en nombre de un alto cargo de la sanidad pública murciana.

Pablo Casado: "La realidad que ocultaban"

Fue el interés público el que tres años antes llevó a Pablo Casado a lanzar sin reparos en torno a la "revelación de secretos" un tuit donde arrancaba citando uno de los mensajes escritos por Puigdemont: que “el plan de Moncloa triunfa” y “los nuestros nos han sacrificado”. “Esta es la realidad que ocultaban los independentistas”, mantuvo el ahora líder del PP. En otras palabras, Casado entendió que la relevancia informativa de aquel mensaje se veía incrementada porque lo que encerraba era justamente aquello que Puigdemont y Comín habían ocultado. De no ser así –y ese es el razonamiento que se infiere de su texto–, no lo habrían abordado en una conversación privada sino de forma pública.

Que aquello se convirtiera en una noticia que recorrió el país de punta a punta encolerizó al movimiento independentista. Tanto que el mismo 31 de enero Comín utilizó su cuenta de Twitter para proclamar a las 12.22 de la mañana que “la revelación de secretos (obtener subrepticiamente las conversaciones de terceros) es delito en España y en Bélgica”. Y que bajo esa premisa iban a emprender acciones legales.

Cinco horas más tarde, el entonces portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, recurrió a la misma red social que Casado para replicar a los de Puigdemont por su queja contra la supuesta revelación de secretos: “Cuando el PDeCat critica la difusión de los mensajes de Puigdemont olvidan que lincharon a Jorge Fernández [se refería al exministro del Interior] por unas grabaciones que se difundieron y que además habían sido manipuladas”.

Ese día y el siguiente, prosigueron los tuits del PP sobre los mensajes de Puigdemont. Y ninguno de los que han pervivido hasta ahora incluye la menor alusión a la hipótesis de un delito de revelación de secretos. Muy al contrario, notables del partido como el hoy alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, introdujeron de forma sutil y como ya había hecho Casado un elemento de importancia: que el hecho de que los mensajes fuesen privados implicaba un reconocimiento de la veracidad de lo que en ellos se exponía: “Puigdemont lo reconoce. ‘Esto está acabado’”, comenzaba su breve análisis.

Otros dirigentes y diputados como Cayetana Álvarez de Toledo o Xavier García Albiol o Andrea Levy o el consejero madrileño Carlos Izquierdo se pronunciaron sobre la exclusiva también con entusiasmo.

Del pantallazo del teléfono de Rubalcaba al extraño whatsapp de Cosidó que se filtró

Pero lo sucedido con Puigdemont tenía precedentes. Y tuvo luego una secuela de relevancia aunque con variantes que dieron pie a múltiples hipótesis: las que planearon tras la filtración del whatsapp de noviembre de 2018 donde el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, comunicaba que el partido seguiría controlando el Tribunal Supremo “desde detrás”“desde detrás” pese a la renovación del Poder Judicial (CGPJ), renovación que justamente a partir de ahí quedó bloqueada. Y así sigue hoy.

En cuanto a los antecedentes del caso de Puigdemont, se cuenta la filtración en 2016 y todavía sujeta a investigación judicial de la tarjeta del móvil de la asesora de Podemos Dina Bousselham. Ocurrió meses después de haber denunciado el robo del aparato. La publicación de lo que almacenaba esa tarjeta obtuvo un cálido saludo del PP porque Pablo Iglesias quedaba en la cuerda floja de la opinión pública con su mensaje sobre azotar a la periodista Mariló Montero. Y el PP se lo hizo notar.

Tres años antes, había saltado a la portada del diario El Mundo otro mensaje privado de mucho mayor calado político, de indudable interés informativo y cuya autoría conoce el grueso de los ciudadanos: el “Luis, sé fuerte” con que Mariano Rajoy trataba de calmar al extesorero Luis Bárcenas.

La serie se había abierto a finales de 2011 al aflorar la imagen que en el Congreso tomó un fotógrafo de prensa. Su objetivo fue la pantalla del móvil del exministro y entonces inminente secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. En el mensaje que publicó también esta vez el diario El Mundo en diciembre de 2011 alguien anunciaba al diputado socialista que Alberto Ruiz Gallardón sería el ministro de Defensa del primer Gobierno de Mariano Rajoy. Gallardón tomó las riendas de Justicia. Y el mensaje provocó una condena política unánime por parte del Congreso. La Cámara acordó retirar su acreditación a los fotógrafos de prensa que, al desempeñar su trabajo en el hemiciclo y en las comisiones, vulnerasen los "derechos fundamentales" de los diputados, como puede suceder con la difusión de los documentos que manejan en sus escaños o de los mensajes recibidos en sus móviles.

En ninguno de los casos anteriores el PP sostuvo que los medios que difundieron las informaciones obtenidas de móviles habían incurrido en un delito de "revelación de secretos".