El PP aún no se ha librado de la 'Kitchen': tres jueces tienen la llave para reabrir la investigación

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha cerrado la investigación sobre la operación Kitchen procesando a la cúpula del Ministerio del Interior y a ocho mandos policiales, pero sin seguir indagando, como le pedía la Fiscalía Anticorrupción, en una posible implicación de dirigentes del PP. Sin embargo, este no es el final de la historia, pues contra el auto del instructor caben recursos de reforma, ante él mismo, o de apelación, ante la Sala de lo Penal, es decir, un tribunal de tres magistrados que tendrá en sus manos decidir si obliga a ampliar las pesquisas o confirma el fin de la instrucción. No sería la primera vez que la Sala revoca una decisión de un juez de instrucción.

Anticorrupción y las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Podemos ya preparan sus recursos, que presentarán el próximo mes de septiembre –agosto es inhábil, tal y como ha comunicado el Juzgado Central de Instrucción número 6 a las partes personadas–. Las tres acusaciones habían solicitado a García Castellón la prórroga de la investigación por otros seis meses. También lo habían hecho las defensas del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que ahora recurrirán el auto del cierre de la instrucción pero no por no acordar esa prórroga, sino por su procesamiento como supuestos responsables políticos del operativo de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

No sólo rechazó alargar unos meses la investigación. El magistrado se opuso a la práctica de numerosas diligencias que le reclamaban los fiscales del caso para seguir indagando en varios frentes: la posible implicación de la cúpula del PP en la organización de la operación ilegal, con la exsecretaria general María Dolores de Cospedal a la cabeza, aunque también el conocimiento que pudo haber tenido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la localización del material sustraído a Bárcenas por los mandos policiales implicados; la utilización de más confidentes para tratar de averiguar otros pagos con fondos reservados; y más pruebas que permitan argumentar el relato de que Kitchen fue sólo un capítulo más en los intentos por obstruir la investigación del caso Gürtel.

Cierre en falso

En su petición, consultada por este periódico, el Ministerio Público destacaba que resultaba "necesaria la práctica de nuevas diligencias de investigación para el completo esclarecimiento de los hechos y la identificación de todos los partícipes en los distintos ámbitos en que se puso en marcha y se desarrolló la denominada operación Kitchen". Es decir, los fiscales consideran que la instrucción aún no ha terminado porque no se ha señalado a todos los responsables. Y esto lo que vendría a significar es que las diligencias se han cerrado en falso.

Anticorrupción sigue manteniendo que el operativo se dispuso para robar documentación a Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, con el fin último de "proteger a dirigentes del Partido Popular a quienes su contenido podría llegar a involucrar penalmente". Además de la implicación de ocho mandos de la cúpula policial, añade, "otras actuaciones vienen a poner de manifiesto la posible implicación de responsables políticos y gubernamentales en la ideación, puesta en marcha, desarrollo y control de esta ilícita operación policial", aparte de Fernández Díaz y Martínez. En este punto, recordaba al juez que se había quedado "pendiente de esclarecimiento la posible participación en los hechos del director general de la Policía en aquellas fechas, Ignacio Cosidó", quien ha sido citado "reiteradamente" en las declaraciones de los imputados José Manuel Villarejo y Eugenio Pino.

Efectivamente, Cosidó no ha sido citado a declarar ni una sola vez, ni como testigo ni como imputado, en los casi tres años en que ha estado abierta la instrucción de Kitchen a pesar de que dirigía la Policía en los años del operativo ilegal, ocho mandos policiales de los que era responsable han sido procesados, así como sus superiores inmediatos en el Ministerio del Interior. Ni siquiera para preguntarle si llegó a oír o a conocer el operativo. En el auto de cierre de la causa, García Castellón ve el planteamiento de los fiscales muy general y apunta que no hay ningún "dato, indicio, expresión o afirmación concreta alguna que permita sostener la imputación de esta persona", por lo que les invita a citarle, si quieren, como testigo en el juicio.

Imputación fugaz sin apenas diligencias

En cuanto a Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, Anticorrupción reclamaba al juez seguir indagando en esta línea. Apenas han estado imputados dos meses y casi no se han hecho diligencias sobre su posible implicación, por lo que la Fiscalía veía "imprescindible" practicar nuevas diligencias, al menos para corroborar lo que ellos mismos dijeron en la Audiencia Nacional –negaron saber nada del asunto–, ya que "contrariamente" a esto, "otros indicios apuntan a que de ellos habría partido la iniciativa para reunirse en varias ocasiones con el investigado José Manuel Villarejo y que su interés estaría determinado por la información que este último les habría trasladado acerca de la implicación e inmediata detención de algunos de los principales implicados en la operación Gürtel". 

La explicación que da el magistrado al archivo de las actuaciones para Cospedal y su marido es que de las reuniones con Villarejo no se puede extraer esta conclusión, que los encuentros no presuponen la "existencia de infracción penal alguna" y que les ampara el "derecho fundamental de reunión". Tampoco da importancia al hecho de que la exdirigente conservadora dijera que fueron "tres o cuatro" reuniones y luego su ex jefe de gabinete José Luis Ortiz elevara el número a "ocho o diez". La intención de las acusaciones, por tanto, será demostrar a la Sala de lo Penal que todo esto se ha quedado sin investigar.

Al igual que los números de teléfono que aportó Villarejo y desde los que dice que informaba a Mariano Rajoy de los avances de la operación de espionaje a Bárcenas. Según García Castellón, sólo sobre uno "existen indicios objetivos" de que el comisario era usuario por un terminal que se encontró en el registro de su domicilio, pero informa de que la Unidad de Asuntos Internos ya investigó ese teléfono en otro procedimiento judicial de 2014 y no hubo "conexión alguna" con el supuesto número del expresidente. Y aparte de todo esto, subraya que las compañías telefónicas tiene la obligación de conservar los datos de las comunicaciones electrónicas durante doce meses y los hechos de Kitchen son de hace nueve años.

La Fiscalía Anticorrupción también quería seguir indagando en lo que ha revelado el sumario de la operación Kitchen en los últimos meses, y es que este operativo habría sido sólo una parte de una estrategia aún más larga y que habría comenzado mucho antes para hacer fracasar la instrucción del caso Gürtel. Por eso, su intención era profundizar en los soplos que habría recibido Villarejo y que podrían haber llegado al PPsoplos a través de este comisario. En los diarios personales que se le incautaron se halló un apunte sobre el aviso que habría dado a uno de los procesados en la macrocausa de corrupción, el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, un chivatazo que el propio exregidor confirmó al diario La Razón este mismo verano. El Ministerio Público quería citarle a declarar, pero el juez se lo ha impedido.

Ni otros confidentes, ni otros agentes, ni la documentación robada

Tampoco quiere saber nada más el magistrado sobre otros posibles confidentes, aparte del chófer Sergio Ríos, que pudo utilizar la trama parapolicial para espiar a Bárcenas, entre ellos Enrique Olivares, el falso cura que está en la cárcel por el secuestro de la familia del extesorero. Aunque sus capacidades físicas y mentales están seriamente mermadas desde que sufrió un ictus en prisión, y por tanto no puede declarar, los fiscales consideran que no se puede descartar que el asalto fuera obra de la Kitchen y por eso querían que se localizara a agentes de Policía que fueron a visitar a Olivares al centro penitenciario. Esta línea indagatoria podría llevar a más testimonios claves para la investigación y a la posibilidad de localizar más pagos provenientes de los fondos reservados, pues los fiscales creen que no se puede descartar que hubiese otro operativo "bajo el control de otros servicios de seguridad del Estado".

Por otro lado, el magistrado considera que a estas alturas resulta casi imposible la localización del material que le fue robado a Bárcenas, por lo que descarta ordenar más diligencias en este sentido. "Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo", ha contestado.

Estos flecos que quedan pendientes, a juicio de la Fiscalía, de investigar en la pieza 7 del caso Villarejo es lo que lleva a las acusaciones a presentar recursocaso Villarejo. Las populares, al menos, tienen intención de acudir a la Sala de lo Penal, concretamente ante la Sección Tercera, que es la que ve los recursos de esta macrocausa. Por eso, el PP no podrá saber hasta el próximo otoño si la operación Kitchen se queda como está (cerrada) o si los magistrados ordenan reabrir la causa para seguir investigando en ese posible papel que pudo tener el partido conservador.

Pero es que además, la Kitchen seguirá persiguiendo al PP más allá del plano judicial, pues en otoño también se retomarán las sesiones de la comisión de investigación del Congreso, que aún está pendiente de escuchar las declaraciones de Cospedal –su comparecencia se aplazó después de que se conociera su imputación–, Fernández Díaz y Rajoy. Incluso, se citará a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por esos "otros servicios de seguridad del Estado", ya que más de un imputado ha hablado de posibles agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que en aquel momento estaba en manos de la que fue número dos del Gobierno. No se descarta, además, convocar al exdirector de los servicios secretos Félix Sanz Roldán.