La crisis del PP ha regalado al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez las dos semanas más plácidas de la legislatura apenas unos días después de haber estado a punto de perder la votación más importante de los últimos dos años. La operación organizada por los barones para forzar un congreso extraordinario y reemplazar a su actual líder, Pablo Casado, por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha consumido las energías del Partido Popular hasta el punto de dejar en un segundo plano su habitual tarea de oposición.
Casado y quien hasta hace poco era su brazo derecho dentro del partido, Teodoro García Egea, así como dirigentes muy próximos a él como el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, eran quienes desde hace casi cuatro años se encargaban de fijar públicamente la posición del PP. Día a día y semana a semana. Con declaraciones públicas, ruedas de prensa, mensajes, argumentarios y hasta tuits.
La penúltima vez que el PP alzó claramente la voz contra las decisiones del Ejecutivo fue el pasado 15 de enero, dos días después de las elecciones en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco, su candidato, ganó, aunque por la mínima y muy por debajo de sus expectativas, y ahora negocia una complicada investidura en la que tiene que conseguir la abstención del PSOE o permitir la entrada en el gobierno a Vox.
Aquel día Casado dedicó buena parte de su intervención a trasladar a sus compañeros, los mismos que unos días después decidieron poner fin de manera abrupta a su mandato, “un mensaje de optimismo” a su modo de ver “incontestable”, porque “ningún otro partido de centro derecha en Europa está a la cabeza de las encuestas y recuperando gobiernos autonómicos y locales cada vez que se llama a las urnas”.
En ese discurso, el todavía líder del PP volvió a defender el programa con el que se proponía gobernar a partir del año que viene: “bajar impuestos y flexibilizar el mercado de trabajo”, planes en materia de sanidad y pensiones, “un paquete de actuaciones para garantizar el agua y la vivienda para todos”, una “estrategia nacional de natalidad y contra la despoblación”, una “reforma educativa y energética”, un pacto de Estado por “una Justicia independiente” y “la unidad nacional” y una agenda para “reforzar la seguridad ciudadana y la política exterior”.
Y recuperó las críticas que había venido dedicando al Gobierno de coalición y a Pedro Sánchez en la fase final de la campaña de Castilla y León. Un ejecutivo “preso de la radicalidad de los herederos de ETA, los independentistas y los comunistas” que “miente sobre la recuperación económica” y sobre “el cómputo de las víctimas del coronavirus”. Que “discrimina a los territorios dependiendo de si le apoyan o no” y que son “incapaces de ayudar a los españoles asfixiados por la inflación, el precio de la luz, el paro, la deuda, el déficit, las colas del hambre”. Un Gobierno “atrapado, voluntariamente, con las peores compañías incapaz de gestionar la salida de este callejón”.
Sánchez, insistía Casado ante los suyos, “ha usado el CIS para cambiar la tendencia electoral”, el Congreso de los Diputados para “hacer oposición” a Alfonso Fernández Mañueco, la Mesa del Parlamento para“ retorcer la voluntad de un diputado”, el BOE para “comprar votos”, el Consejo de Ministros para “patrocinar alianzas,” los fondos europeos para “hacer propaganda” y hasta la Fiscalía General del Estado para “señalar adversarios”.
Al día siguiente, miércoles, Casado volvió a la sesión de control para enarbolar, de nuevo, el argumento de ETA contra Sánchez. Le acusó de usar a Instituciones Penitenciarias para “negociar con un asesino a cambio de los votos de Bildu para permanecer en la Moncloa” y “le emplazó a decir si estaba “con las víctimas o los verdugos”.
Fue la última vez que hizo oposición. Ese día estalló la guerra con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta del dinero que se embolsó su hermano gracias a los contratos de la Comunidad de Madrid para traer mascarillas del extranjero en lo peor de la pandemia.
Desde entonces tanto Casado como su equipo han dedicado todas sus energías primero a tratar de poner fin a la carrera política de Ayuso y después a defenderse de la ofensiva de los barones. No lo consiguieron. En apenas dos días, el lunes y el martes de la semana pasada, Feijóo y sus aliados disolvieron el casadismo y pusieron fin a sus casi cuatro años de estrategia para intentar recuperar el poder.
Con el partido descabezado, aunque Casado siga siendo formalmente el presidente, y sin haber cerrado del todo un modelo de gobierno provisional hasta el congreso extraordinario que se celebrará los días 2 y 3 de abril, el PP lleva casi dos semanas a la deriva.
El papel de Gamarra
El papel de Egea, incapaz de controlar un partido que apenas unas horas antes aseguraba tener firmemente sometido a su voluntad, será asumido por la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, por acuerdo de los barones y Casado. Pero se desconoce si es ella quien desde entonces toma las decisiones y fija la postura del PP en tanto no se produzca el relevo al que está siendo llamado Núñez Feijóo.
En cualquier caso, nunca en los más de dos años que van de legislatura PSOE y Unidas Podemos han disfrutado de un periodo menos intenso de oposición por parte del PP. Más allá de las iniciativas puntuales en tramitación en la Cámara, y sus debates asociados, la ausencia de un líder que dirija la fiscalización del Ejecutivo ha difuminado a los conservadores.
En su turno de palabra durante la sesión de control de la semana pasada, Casado se limitó a despedirse del Congreso. Ni siquiera llegó a formular algún reproche a Pedro Sánchez. Esta semana vuelve el control a la Cámara Baja y todavía no se sabe quién asumirá ese papel, si bien todo apunta que será Gamarra, ya investida coordinadora general por la Junta Directiva Nacional que se reúne este martes para convocar oficialmente el congreso extraordinario del partido.
Entretanto, los esfuerzos de la portavoz parlamentaria y de algunos diputados hasta hace poco próximos a Casado se han limitado a tratar de mantener vivas algunas críticas al Gobierno que apenas si han logrado hacerse hueco en un debate público dominado por la crisis interna.
Este lunes, la elevada cifra de inflación permitió a la responsable de Economía de la ejecutiva saliente, la exministra Elvira Rodríguez, y al diputado Jaime de Olano difundir mensajes por Twitter. Y en los últimos días apenas algunas referencias contra el independentismo catalán, retuits de informaciones de medios conservadores y muchos mensajes tomados de sus dirigentes territoriales. Y poco más.
El enigma Feijóo: el PP se entrega a la política sin identidad
Los grupos parlamentarios, dirigidos por Gamarra en el Congreso, por Javier Maroto en el Senado y por Dolors Montserrat en Estrasburgo se han mantenido vivos gracias a la inercia acumulada pero ya sin una dirección reconocible desde la calle Génova.
El problema no tiene fácil solución. Alberto Núñez Feijóo mi siquiera ha confirmado todavía su candidatura y, cuando lo haga, todavía tendrá que esperar entre dos y tres semanas, depende de si es el único candidato, antes de poder empezar a tomar decisiones.
Al menos formalmente, porque algunas de las que se adoptaron el pasado miércoles durante la reunión de los barones con Casado están claramente inspiradas por él, como el nombramiento de Esteban González Pons para organizar el congreso. Pons es muy del agrado de Feijóo, hasta el punto de que ya hay quien especula con su nombre para ocupar el puesto clave de secretario general.
La crisis del PP ha regalado al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez las dos semanas más plácidas de la legislatura apenas unos días después de haber estado a punto de perder la votación más importante de los últimos dos años. La operación organizada por los barones para forzar un congreso extraordinario y reemplazar a su actual líder, Pablo Casado, por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha consumido las energías del Partido Popular hasta el punto de dejar en un segundo plano su habitual tarea de oposición.