Dos semanas después de que tuviera lugar en nuestro país la inundación más grave de Europa desde 1973, que ha dejado hasta ahora 223 víctimas mortales, 215 de ellas en la provincia de València, el Partido Popular —que gobierna bajo el liderazgo de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana— no termina de encontrar su estrategia para hacer frente a lo ocurrido. Las diferencias entre la dirección de Alberto Núñez Feijóo y el Gobierno valenciano son públicas y notorias, pero también existen en el seno de la cúpula popular, entre los barones populares e incluso los alcaldes valencianos y Mazón.
Sobre el papel del Gobierno central
Si en un primer momento el presidente valenciano daba las gracias a su homólogo en el Gobierno central, Pedro Sánchez, por su "cercanía" y "rápida respuesta" en los últimos días ha arremetido en público contra la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y justificado ante unos vecinos de Torrent que "no les avisaron" —desde el Ejecutivo central— de lo que podría ocurrir el pasado martes 29 de octubre. Los cambios de versión y las mentiras del valenciano le están granjeando no pocas críticas, tanto dentro como fuera del partido, especialmente por sus destacadas ausencias durante el día de la tragedia.
En el caso del PP nacional sucede lo opuesto. En un primer momento Feijóo se mostró duro con el Ejecutivo de Sánchez, al que hizo responsable del fallo de prevención, después le tendió la mano para aprobar cualquier tipo de ayuda directa y afirmó que "la única respuesta posible" ante lo ocurrido era "la unidad" para este martes, de nuevo, calificar de "lamentable" la gestión de Sánchez, al que acusó de liderar un "Gobierno fallido" en una entrevista en Antena 3. En esa entrevista, Feijóo también ha afirmado que Ribera cometió una "negligencia" por no haber informado adecuadamente, según su criterio, de la crecida en el Barranco del Poyo.
Las declaraciones de Feijóo —que van en la línea del tono duro que llevan exhibiendo estas semanas figuras como el portavoz del Congreso, Miguel Tellado— contrastan, sin embargo, con las de su portavoz nacional, Borja Sémper. Menos de 24 horas antes de la entrevista de Feijóo, en la sede nacional de Génova, Sémper rechazaba cuestionar la actuación de la vicepresidenta Ribera bajo el argumento de que "no tocaba" y que ahora no es momento de "entrar en el barro ni contribuir a que la política española se emponzoñe más" y afirmaba que su partido no iba a "practicar el acoso y derribo" contra sus adversarios y el actual Gobierno.
Las acusaciones de Feijóo contra el ministerio de Ribera también son rebatidas por los propios alcaldes de su partido afectados por el río Magro. Según ha asegurado este martes Laura Sáez, alcaldesa del PP en Carlet, a la Cadena Ser, ella y su equipo estuvieron en contacto personalmente y en tiempo real con el presidente de la Confederación Hidrográfica, Miguel Polo, "por la mañana, por la tarde y por la noche muchísimas veces" y que todas las veces que le llamó por teléfono, éste contestó. Un testimonio que comparten también otros alcaldes.
Sobre el apoyo a Carlos Mazón
El president de la Generalitat, asegura sentirse "respaldado" por su partido pero este lunes Sémper evitaba hacerlo ante las preguntas expresas de la prensa, como ya hizo días atrás la número dos del partido, Cuca Gamarra. "Esas cuestiones tendrán su hueco futuro. Ya habrá tiempo para todo tipo de análisis", respondía el portavoz nacional en la sede Génova. Fuentes del PP confirmaron después que ningún miembro de la dirección le acompañará en ese pleno del jueves y cuestionaron la decisión de Mazón de quedarse con el mando tras la dana.
Tampoco los dirigentes autonómicos del PP están dando la cara por el presidente valenciano. Ninguno de ellos —ni siquiera la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que aprovecha cada oportunidad para confrontar con el Gobierno central— le ha acompañado durante en las últimas semanas y tampoco han defendido de manera contundente su gestión, más bien lo contrario, ya que han pedido que sea Pedro Sánchez el que asuma el mando. El andaluz Juanma Moreno se ha escudado en que "la responsabilidad es compartida" entre Gobierno central y Generalitat para salir del paso, añadiendo que "ya habrá tiempo de pedir dimisiones".
Feijóo, por su parte, ha afirmado en Antena 3 que Mazón "ha dado la cara y es el único que ha hecho autocrítica": "Es el primer político que va a comparecer para ver lo que ha pasado", ha argumentado. Aunque en Génova restan importancia a la comida y la encuadran "en el contexto de que la dana iba a acabar a las seis de la tarde", según fuentes de la organización, voces del partido sí reclaman que reaccione con cambios en su Consell y "explicaciones convincentes"
Sobre la declaración de emergencia nacional
Una de las principales reclamaciones de Feijóo al Ejecutivo central es la de elevar el nivel de emergencia al nivel tres, lo que en la práctica implicaría que el ministerio del Interior asumiera el mando de la Generalitat para gestionar la dana. El líder del PP ha reclamado en varias ocasiones, pero Mazón se ha negado a ceder ese mando convencido de que eso implicaría asumir que él ha fracasado. La formación conservadora no ha conseguido dar con una explicación convincente de por qué Sánchez debería hacerse con ese control si ni su propio barón quiere que lo haga.
Desde el PP también sostienen que con la información proporcionada por la Aemet y otros organismos del Estado disponible el martes a primera hora, el Gobierno central debería haberse anticipado el pasado 29 de octubre. Sin embargo, esa misma información no fue, según ellos, lo suficientemente alarmante y por eso la Generalitat no envió la alerta ciudadana hasta pasadas las ocho de la tarde, cuando las riadas ya anegaban buena parte de València.
Con esa premisa los conservadores están intentando eximir a Mazón de su responsabilidad al frente del dispositivo de emergencias. Sin embargo, según la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo valenciano es el máximo órgano encargado de dirigir y coordinar la protección civil en su territorio.
Sobre las ayudas del Gobierno para la reconstrucción
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El pasado martes el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley con medidas urgentes de ayudas directas a los afectados por la dana cifradas en 10.600 millones de euros a los que se le sumo este lunes un segundo real decreto ley con 110 medidas adicionales con una inversión agregada de 3.765 millones de euros. Unas medidas que tienen como objetivo dar respuesta inmediata a la catástrofe y reconstruir las zonas afectadas y que se aprueban con carácter de urgencia.
En un primer momento el PP acusó a Pedro Sánchez de lanzar un "chantaje" a los valencianos a cambio de la aprobación de unos Presupuestos, vinculando falsamente los reales decretos con las cuentas públicas. "Las medidas económicas extraordinarias no pueden vincularse a presupuestos”, dijo en X el propio Carlos Mazón, pese a que el PSPV anunció poco después que daría su apoyo al PP para aprobar los presupuestos de la Generalitat Valenciana. También la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso entró de lleno en esa polémica al exigirle al Gobierno un "decreto urgente" de ayudas cinco horas después de que el Consejo de Ministros lo aprobara.
Más tarde la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, aseguró en rueda de prensa en Génova que su formación iba a "apoyar y convalidar" el primer Real Decreto Ley pero aseguró también que el PP lo consideraba "insuficiente", al ser 5.000 de estas ayudas en línea directa y otros 5.000 en calidad de préstamo: "Se necesita mucho más", dijo.
Dos semanas después de que tuviera lugar en nuestro país la inundación más grave de Europa desde 1973, que ha dejado hasta ahora 223 víctimas mortales, 215 de ellas en la provincia de València, el Partido Popular —que gobierna bajo el liderazgo de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana— no termina de encontrar su estrategia para hacer frente a lo ocurrido. Las diferencias entre la dirección de Alberto Núñez Feijóo y el Gobierno valenciano son públicas y notorias, pero también existen en el seno de la cúpula popular, entre los barones populares e incluso los alcaldes valencianos y Mazón.