Parecería un castigo a un niño si no fuera porque lo que está en juego es algo tan serio como los límites de la democracia. Y esa frontera es la que tanto PSOE como Izquierda Unida creen que ha traspasado el presidente del Parlamento de Extremadura, el conservador Fernando Manzano. Él mismo decidió que tenían prohibida totalmente la entrada a la Cámara, a cualquier dependencia (y no sólo al hemiciclo), siete personas, siete, "identificadas" con "nombre y apellido". Hasta tal punto ha impuesto a rajatabla el veto que esta mañana socialistas e IU tuvieron que sacar las sillas a la calle y reunirse con esas siete personas fuera de la Asamblea.
Para buscar el preámbulo de lo ocurrido hoy hace falta recordar qué pasó este pasado lunes, 8 de abril: unas 20 personas irrumpieron en la Sala de Autonomía del Parlamento al término del acto institucional de conmemoración del Día del Pueblo Gitano para reclamar la puesta en marcha de la renta básica en la región. "¡El pueblo unido jamás será vencido!", "¡En Extremadura, renta básica!", gritaron los manifestantes, pertenecientes a la Plataforma por la Renta Básica. El personal de la Cámara y la Policía los desalojó y ahí se quedó todo.
O esa fue la impresión. Ayer, cuando finalizaba la Junta de Portavoces, Manzano informó a los grupos de que iba a poner todos los medios a su alcance para vetar el acceso a siete activistas que participaron en las protestas del lunes. Hoy, el presidente confirmó su "decisión de prohibir la entrada, de momento" a esas siete personas "identificadas", y "con nombre y apellido", por el Policía, "que insultaron dentro de la casa de todos los extremeños" y procuraron "reventar el día que se conmemoraba".
Hoy PSOE e IU tenían prevista una reunión con el colectivo. Y se encontraron con que no podían. Un cordón policial bloqueaba la entrada de los miembros de la plataforma a las instalaciones de la Cámara. Ni siquiera podían penetrar en la plazuela que está a los pies del Parlamento.
"Impiden a los grupos desarrollar su labor"
Visto el veto, Guillermo Fernández Vara, líder de los socialistas extremeños; Valentín García, el portavoz del grupo, e Isabel Gil Rosiña, la responsable de Política Social, sacaron las sillas a la calle y se reunieron con los ciudadanos a plena luz del día. Eso era hacia las doce de la mañana. Una hora después, los diputados de IU Pedro Escobar y Víctor Casco hicieron lo mismo. Sentarse con los integrantes de la plataforma en la calle.
Los activistas y la oposición clamaron contra el gesto insólito de Manzano. Vara tachó de "inaudito" que los diputados no puedan reunirse "en su despacho" con quien ellos quieran, "un paso adelante en algo que no tiene la mínima justificación". "En un atropello. Ya no sólo impiden a los ciudadanos entrar en la casa de todos los extremeños, sino que impiden a los grupos parlamentarios desarrollar su labor", protestaba García en declaraciones a infoLibre.
Escobar, coordinador regional de IU, calificó de "gravísimo error" la decisión de Manzano. "Se ha extralimitado y ha hecho una intervención excesiva y abusiva de las competencias que, por desgracia, le da un Reglamento que queremos cambiar de una vez". El diputado puso el ejemplo de lo que sucede con las legaciones diplomáticas: "Los espacios de los despachos [de los grupos] son como una embajada en un país extranjero. Estás en otro país, pero es tu soberanía". "En la Francia del siglo XVIII –terció su compañero Casco–, Luis XIV dijo que el Estado era él y Manzano debe haberse puesto la peluca de Luis XIV y ha decidido que la Asamblea es él, y no sólo la Asamblea, sino que también ha decidido que él es el Poder Judicial". A su vez, María Luisa Prudencio, miembro de la Plataforma por la Renta Básica en Extremadura, tildó de "cacicada impresionante" el veto del PP, puñetazo en el estómago de la democracia para el que los conservadores no han dado, adujo, "ninguna razón", informa Europa Press.
El PP les acusa de montar "un circo"
Reglamento de la Asamblea de Extremadura vigente (2011)
En respuesta de todos ellos salió la vicepresidenta primera del Parlamento, Consuelo Rodríguez Píriz (PP). PSOE e IU, criticó, montaron "un circo" en sus respectivas reuniones con los miembros del colectivo, porque "conocían perfectamente que estaba limitado el acceso".
Los socialistas reclamaron a los servicios jurídicos de la Cámara si hay posibilidad de revertir la decisión de Manzano, de forma que ellos e IU –juntos, suman mayoría– la logren revocar. Fuentes de IU señalaron que están de acuerdo al cien por cien con el PSOE, pero también dudan de que se pueda hacer. Estiman que lo que lo impide es el artículo 42 del Reglamento, que hace recaer en el presidente del Parlamento la potestad de velar "por el mantenimiento del orden en el recinto de la Asamblea y en todas sus dependencias", para lo que puede "adoptar cuantas medidas considere oportunas". "Como tantas otras cosas, este Reglamento [aprobado en 2011, bajo el Gobierno de Vara] está hecho para que haya sólo dos grupos en la Cámara", advertían.
Y como telón de fondo, la lucha por la renta mínima de inserción. Mañana jueves el pleno debatirá la totalidad del proyecto de Ley de Renta Básica impulsado por el Gobierno de José Antonio Monago. Un compromiso que tenía pendiente desde su investidura como presidente y una de las condiciones que le puso IU, fuerza gracias a la cual el PP logró las llaves de la Junta y puso fin a 28 años de ejecutivos socialistas.
Parecería un castigo a un niño si no fuera porque lo que está en juego es algo tan serio como los límites de la democracia. Y esa frontera es la que tanto PSOE como Izquierda Unida creen que ha traspasado el presidente del Parlamento de Extremadura, el conservador Fernando Manzano. Él mismo decidió que tenían prohibida totalmente la entrada a la Cámara, a cualquier dependencia (y no sólo al hemiciclo), siete personas, siete, "identificadas" con "nombre y apellido". Hasta tal punto ha impuesto a rajatabla el veto que esta mañana socialistas e IU tuvieron que sacar las sillas a la calle y reunirse con esas siete personas fuera de la Asamblea.