Este miércoles entrará en vigor el decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno que busca ahorrar un 7% del consumo de gas de cara al 2023. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo ha dejado claro tras reunirse con las autonomías este lunes: el Ejecutivo central no se plantea ni retirar ni aplazar el decreto. En consecuencia, el Partido Popular ha intensificado su oposición al plan, hasta el punto de que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la limitación al aire acondicionado y la obligación de apagar los comercios y los edificios públicos a partir de las 22 horas.
La razón esgrimida por la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, es que el Gobierno de Sánchez “pone en cuestión competencias que son propias”, concretamente aquellas “ligadas al comercio”. “El decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad”, ha acompañado Díaz Ayuso en su cuenta de Twitter, en línea con lo que escribió el pasado 1 de agosto, antes de que el propio decreto se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Entonces añadió que la Comunidad de Madrid no iba a aplicar dicha normativa: “Madrid no se apaga”, alegó. Un día después su propio vicepresidente, Enrique Ossorio, admitió que tendrían que acatar.
Pese al malestar generalizado de varias autonomías, especialmente las del PP, la Comunidad de Madrid es la única región que ha anunciado que recurrirá el decreto ante la justicia. Un recurso que también ha reclamado Vox en Castilla y León a través de su vicepresidente, Juan García Gallardo. Por el momento, el presidente de la región, el conservador Alfonso Fernández Mañueco, solo se ha comprometido a cumplir con el decreto.
Minutos antes de este anuncio, el vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado, avaló que las autonomías acudan a los tribunales para recurrir el decreto y calificó las medidas como “incongruentes e inútiles". En rueda de prensa desde la sede de Génova, Tellado exigió al Gobierno la “retirada inmediata” del decreto de ahorro energético y definió la normativa impulsada por el Ejecutivo como el “real decreto de Pedro Sánchez”.
Esto forma parte de una estrategia de comunicación muy meditada por parte del PP, que pasa por personalizar en el presidente del Gobierno cualquier decisión, incluso una como la del plan de ahorro, que deriva de un acuerdo de la Unión Europea. Un acuerdo que se alcanzó entre 26 de los 27 estados miembros —sólo Hungría votó en contra— para prevenir los efectos letales de un hipotético corte de suministro de gas ruso el próximo invierno.
Un PP sin alternativas a corto plazo se enroca con las nucleares
Con todo, ni en la dirección nacional del PP ni en los gobiernos autonómicos son capaces de proponer medidas a corto plazo para alcanzar el compromiso pactado con Bruselas el próximo año. Tellado no ha sido capaz de definir ninguna medida concreta y se ha limitado únicamente a pedir que “se escuche a todos los sectores”. En los últimos días, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la creación de nuevas rebajas fiscales como reducir al 5% el IVA del gas, el suministro de calefacción y refrigeración urbana y el biogás, así como que se incrementen todas las energías disponibles al máximo de su capacidad para disminuir los precios.
Ese es, en realidad, el núcleo de la propuesta de Feijóo para hacer frente a los precios de la energía: prolongar la vida de las centrales nucleares aún en funcionamiento en España y reabrir centrales térmicas quemando carbón. De acuerdo con el calendario previsto, todas las centrales españolas en activo, que aún generan el 20% de la energía que usamos, seguirán funcionando hasta el 1 de noviembre de 2027, por lo que su situación difícilmente puede afectar a los precios actuales de la energía. El parón será paulatino, no comenzará hasta dentro de cinco años y no terminará hasta dentro de trece.
La defensa de la prolongación de estas centrales cuenta con el apoyo de Vox y Ciudadanos. La ultraderecha incluso defiende la apertura de nuevas centrales nucleares, una idea que choca frontalmente con la transición energética prevista en Europa porque su puesta en marcha requeriría entre 10 y 20 años y para entonces Bruselas espera que las renovables sean el núcleo de la producción de energía en el continente.
Sin embargo, la posición de los populares no es compartida por su máxima referencia a nivel europeo, Ursula Von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea ha dejado claro que el ahorro energético es una prioridad para Bruselas y desmontó, sin mencionarlas directamente, las críticas que Feijóo ha estado dirigiendo a la política energética del Gobierno de coalición por su “improvisación” y acción exterior “disparatada”.
En el Gobierno especifican que la política energética española no ha variado y pasa por aprovechar los fondos europeos para acelerar la transición hacia las renovables, incluidas la solar, la eólica y el hidrógeno verde, y por abandonar cuando antes los combustibles fósiles.
Los argumentos del PP: falta de consenso, peligro para las mujeres y mala redacción jurídica
La ausencia de medidas a corto plazo no ha impedido al PP enumerar una serie de pretextos para oponerse a la norma. Argumentos como que el Gobierno no ha contado con las autonomías a la hora de aprobar el real decreto ley, que en el plazo de un mes deberá ser convalidado por el Congreso o decaerá. Esa es la posición que ha defendido el PP este lunes y que desde el Gobierno niegan.
En el Ejecutivo recuerdan que la ministra Teresa Ribera se reunió con los consejeros autonómicos responsables del tema energético el 28 de julio, días antes de la aprobación del decreto. La ministra de Transición Ecológica también mantuvo dos encuentros con los portavoces parlamentarios para informarles de cuál era la situación los días 19 y el 27 de julio. El Ejecutivo afea al PP que en esas reuniones no presentaron alternativas y tampoco hicieron patentes sus críticas, mientras que los populares alegan que Ribera no les explicó con detalle el paquete de medidas.
Otra de las excusas que ha proporcionado el PP para oponerse a las medidas es, por ejemplo, la mala redacción del texto. Es lo que sostuvo el vicepresidente madrileño al defender que los locales podían apagar la luz durante diez segundos. “Si la ley no dice cuánto tiempo se tienen que mantener apagados los escaparates y un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado”, argumentó Ossorio. Pese a las palabras del consejero, el artículo 29 del decreto señala que el alumbrado de escaparates debe “mantenerse apagado” desde las 22 horas.
Feijóo, en tierra de nadie por los bandazos entre Ayuso y Von der Leyen sobre el ahorro de energía
La formación conservadora, a través de la coordinadora de Políticas Sociales del PP en el Congreso, Marta González, también defendió la pasada semana que las medidas de ahorro energético podrían tener consecuencias negativas “para las mujeres”. Gónzalez señaló concretamente que la falta de alumbrado podría provocar un aumento de casos de “violencia de género y violencia sexual” ante el hecho de que “las calles estuviesen apagadas prácticamente de manera completa”.
Sin embargo, las medidas del Gobierno solo requieren apagar escaparates y edificios públicos que permanecen iluminados por la noche, pero no el alumbrado callejero, que seguirá como hasta ahora. “El cacao maravillao del PP con medidas energéticas: critica apagar escaparates por poner en riesgo ‘la seguridad de las mujeres’, aunque Feijóo pidió limitar el alumbrado por la noche”, recordó la exdiputada socialista, Carla Antonelli, a través de su cuenta de Twitter.
Desde el Ejecutivo recuerdan que el plan de ahorro energético español no difiere en exceso de los que van a implementar el resto de socios europeos, donde habitan distintas tradiciones ideológicas: desde gobiernos socialdemócratas, liberales, democristianos, hasta de la ultraderecha.
Este miércoles entrará en vigor el decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno que busca ahorrar un 7% del consumo de gas de cara al 2023. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo ha dejado claro tras reunirse con las autonomías este lunes: el Ejecutivo central no se plantea ni retirar ni aplazar el decreto. En consecuencia, el Partido Popular ha intensificado su oposición al plan, hasta el punto de que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la limitación al aire acondicionado y la obligación de apagar los comercios y los edificios públicos a partir de las 22 horas.