Hace un par de semanas, en pleno sobresalto por la imputación del ex secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, la solicitud de Rodrigo Rato de baja voluntaria por su implicación en el escándalo de las tarjetas de Caja Madrid y cuando se conocieron nuevos datos sobre los pagos en B de las obras de la sede nacional del partido, los conservadores anunciaron para este viernes y sábado unas jornadas de "estabilidad y buen gobierno en comunidades autónomas". Una forma de desviar el foco de los escándalos de corrupción que sorprenden a la formación de Gobierno casi a diario y de ponerlo en la gestión en aquellos territorios en los que gobiernan. En lo que ellos llaman "buenas prácticas". Tras el terremoto del barómetro del CIS, el partido de Mariano Rajoy parece dispuesto a no cambiar de estrategia y fiarlo todo al discurso de la recuperación económica y a movilizar a sus votantes tradicionales que ahora están instalados en la abstención apelando a otro discurso: el del miedo a Podemos, el partido revelación desde su brillante estreno en las elecciones europeas. Es una opinión que no todos sus compañeros comparten.
En este contexto, el presidente del Gobierno y del PP llegará este sábado a Cáceres a clausurar las mencionadas jornadas. El equipo de Génova, sede nacional del PP, que lleva días trabajando sobre la organización y las mesas de debate, asegura que la intención de estos dos días no es la de flagelarse y dejar que los escándalos de corrupción sean el "monotema". Otra, cosa es, admiten, que la avalancha de escándalos y de novedades judiciales sobre los casos de corrupción que rodean al PP nublen el objetivo con el que se concibió este cónclave: "Vender a los conservadores como garantía de estabilidad, de las cosas bien hechas y de poder sacar a España de los errores cometidos por los socialistas", resume un miembro de la dirección nacional del PP. Así, pese a que es imposible que el tema de la corrupción no se ponga sobre la mesa aunque sea de pasada, ninguno de los tres foros de debate previstos toca de forma directa el tema.
¿Tiene sentido un cónclave de este tipo cuando un importante número de los participantes está en el punto de mira, bien por casos de corrupción, o bien por la gestión que en sus respectivas comunidades han hecho de los mismos? Las fuentes consultadas no las tienen todas consigo. Admiten que estos actos son buenos para levantar el ánimo de la militancia y contar qué se ha hecho donde gobiernan –"Hay cosas que sí hemos hecho bien y no tenemos que esconder", relata un dirigente autonómico–, pero que surten más efecto cuando se llega a ellos con "todos los deberes hechos".
En este sentido, echan de menos un mensaje más contundente de Rajoy y de la dirección nacional del partido en lo que se refiere a la corrupción. No son pocos los dirigentes que este mismo lunes exhibían su malestar después de escuchar a la secretaria general del PP decir en rueda de prensa que el partido había hecho ya todo lo que podía contra la corrupción. "Si queremos recuperar el terreno perdido de aquí a las autonómicas y municipales tenemos que hacer algo más. No vale con más códigos éticos, con más paquetes de regeneración ni con pactos anticorrupción. La gente quiere hechos. Está harta de discursos. Hay que reaccionar cuando no sea todavía más tarde", apunta un veterano diputado.
Las buenas prácticas según el PP
"Garantía para el crecimiento y la creación de empleo. Garantía de buen gobierno y garantía para la cohesión social". Estos son los títulos de las tres mesas de debate en torno a las que giró la jornada inaugural de este viernes. Pese a la intención de los conservadores de dejar en un segundo plano los casos de corrupción, por el escenario desfilaron, bien barones, o bien dirigentes de gobiernos regionales cuyas prácticas de gobierno están en el punto de mira de la justicia o bajo la lupa.
A continuación, se ofrece un repaso de estos temas por comunidades autónomas:
Extremadura
A José Antonio Monago el escándalo de sus viajes a Canarias en su etapa de senador le ha pillado en un momento delicado. El PP fue muy cuidadoso a la hora de elegir un emplazamiento para evitar fotos incómodas y comunidades especialmente salpicadas por la corrupción. Por ello, apostó por Extremadura y la ciudad de Cáceres fue la elegida. Pero dos días antes de la cita, el diario Público desveló que, en su etapa en el Senado había realizado una treintena de viajes a Canarias de carácter personal a cuenta de los presupuestos de la Cámara. Es decir, a costa de los ciudadanos. Las jornadas quedaban ya tocadas antes de comenzar.
Para evitar una situación incómoda a su jefe de filas este sábado, Monago compareció a primera hora del viernes para dar "explicaciones", según habían anunciado fuentes del Gobierno regional. Pero dio pocas. Ni un solo papel, ni una sola prueba. Negó que estos desplazamientos fueran privados, apuntó a una venganza como origen de esta filtración y anunció acciones legales ante un caso, que según sostuvo, ha herido a lo que más quiere: su mujer y sus hijos. "No me van a parar y no me van a callar. A cada golpe que me den voy a ser más fuerte y contundente en la respuesta", añadió.
La inauguración se convirtió en un cierre de filas total. En un momento en el que Mariano Rajoy no ha anunciado ni una sola candidatura autonómica, sus compañeros del PP extremeño dieron por hecho que Monago iba a repetir. Este sábado habrá foto entre el presidente del Gobierno y el presidente extremeño. Otra foto incómoda más para Rajoy.
Además de la gravedad de los hechos denunciados en la información original, Monago queda muy tocado. Su discurso de mano dura contra la corrupción, uno de los más contundentes en las filas conservadoras, se derrumba.
Castilla-La Mancha
La comunidad está representada por la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y por su consejero de Presidencia, Leandro Esteban. La última semana de octubre, el juez Ruz llamó a declarar como imputado en el caso de los papeles de Bárcenas al exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP), por la supuesta donación de 200.000 euros de Sacyr para la campaña de las autonómicas de 2007 –Cospedal fue la cabeza de lista– a cambio de un contrato público. Perofue más allá. El magistrado advirtió de que no cesará hasta dar con “el grado de participación" que en estos hechos hubieran podido tener "persona o personas aforadas”.
¿A quién puede referirse el juez? En el relato que sobre esa donación hizo Luis Bárcenas ante Ruz sólo aparecen dos personas que reúnen la condición de aforados: Vicente Tirado, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y quien según el extesorero asistió junto con él mismo a una reunión con los responsables de Sacyr –Luis del Rivero y Manuel Manrique, quienes han negado el pago de cualquier comisión– para abordar su contribución a la campaña; y la propia Cospedal, quien, según Bárcenas, fue quien le comunicó que sería Tirado el que acudiría a la reunión con Sacyr.
Castilla y León
Junto a la Comunidad de Madrid, Castilla y León ha sido uno de los territorios más golpeados por la operación Púnica. No en vano, esta red de conseguidores se ha llevado por delante al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón. Benito, que llegó a esta institución tras el asesinato de Isabel Carrasco, está encarcelado. El juez decretó para él prisión incondicional.
Este mismo vienes, el Grupo Socialista en la Diputación de León exigió la celebración de un pleno extraordinario para analizar la trama corrupta presuntamente existente en la Institución provincial que está siendo investigada por la Guardia Civil en el marco de esta operación. El portavoz del Grupo Socialista en la institución provincial, Luis Rodríguez Aller, reclamó una comisión de investigación pública y abierta a la ciudadanía para "conocer de una vez por todas" lo que ha ocurrido en la Diputación y "saber lo que se han llevado". Hasta la fecha, el equipo de Gobierno de la Diputación de León ha hecho públicos tres contratos, dos de ellos relativos a la estación de esquí de San Isidro y uno a la Feria Intur de 2014. A juicio del PP, los únicos requeridos por la Guardia Civil durante su registro en la institución provincial, y que ya han sido anulados.
El presidente de la Junta de Castilla y Léon, Juan Vicente Herrera, uno de los barones de más peso dentro de las filas conservadoras, fue uno de los moderadores de la primera jornada de este cónclave centrado en las buenas prácticas de gobierno. Hasta la fecha, su continuidad como candidato no ha estado nada clara. Ahora surgen voces en el PP que creen que prescindir de él sería un error. De ser así, sería la segunda vez que concurre a una cita electoral habiendo anunciado antes que no lo haría.
Madrid
El epicentro de la trama Púnica está en la Comunidad de Madrid, feudo de Ignacio González, que este sábado estará en Cáceres. Pero no es la primera vez que el PP de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, se ve salpicado por escándalos de este tipo. En 2009, cuando estalló el caso Gürtel, las filas de los conservadores madrileños ya sufrieron considerables bajas.
En esta ocasión, el cerco se estrecha sobre Aguirre que hasta la fecha ha entendido que asumir responsabilidades políticas era pedir perdón. "En absoluto", respondió el mismo día que estalló este caso que se ha llevado por delante a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad. Pero todo no quedó ahí. Cuatro alcaldes de pueblos madrileños gobernados por el PP han tenido que dejar su puesto tras ser detenidos. Es el caso de los regidores de Valdemoro, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco y Collado Villalba.
A Rajoy la situación de esta comunidad le preocupa especialmente. Las encuestas hablan de una pérdida de la mayoría absoluta y el partido no tiene nada claro el candidato. Paralelamente, crecen las voces que exigen al presidente del Gobierno un golpe de efecto que liquide el aguirrismo.
Comunidad Valenciana
Es junto a Madrid una de las comunidades en manos del PP más salpicadas por la corrupción. De hecho, en un momento de esta legislatura llegaron a coincidir una decena de diputados imputados en la cámara regional. Alberto Fabra, presidente regional de los conservadores de la Comunidad Valenciana y presidente autonómico no tiene muy claro que Mariano Rajoy vaya a apostar por él. Por ello, el hombre que llegó a sustituir a Francisco Camps cuando este decidió apartarse por su implicación el caso de los trajescaso de los trajes ha hecho de la lucha contra la corrupción una sus banderas. Es lo que él llama la "línea roja". Y significa que ningún imputado en este tipo de escándalos irá en listas electorales.
En la última semana, esta "línea roja" se ha tambaleado cuando Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante e imputada, la ha puesto en duda. Y no sólo Castedo. Génova se vio obligada a rectificar a Carlos Floriano, vicesecretario de Organización y Electoral, después de que este asegurarse que se le había abierto un expediente de expulsión. Lo cierto es que el expediente fue sólo "informativo". Los conservadores no se muestran de forma unánime a la hora de dar respuesta a estos casos si se tiene en cuenta que los imputados en la Púnica ya no conservan el carné de militante.
Galicia
Alberto Núñez Feijóo también ha viajado a Cáceres. El presidente de la Xunta de Galicia es otro de los barones conservadores con un discurso más contundente contra la corrupción. Un mensaje que ha chirriado en las últimas semanas a cuenta de la trama de cursos El Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE) le exigió este lunes que aclare la relación que tiene con su amigo el empresario Pachi Lucas, calificado como “abrepuertas” de contactos políticos por Gerardo Crespo, imputado como principal responsable de la trama de cursos falsas destapada por la Operación Zeta. A día de hoy todavía no ha dado ninguna explicación. Como tampoco ha explicado la presencia de imputados por corrupción en algunas listas de su partido para las municipales.
Hace menos de un mes, el PP gallego presentó a sus candidatos para las comarcas de O Caballiño (Ourense) y O Barbanza (A Coruña). Entre ellos, el presidente permitió que figurasen algunos candidatos imputados en diferentes escándalos de corrupción, como el caso del cabeza de lista por Mazaricos (A Coruña), el actual alcalde José Manuel Santos, imputado en la Operación Orquesta; o el regidor de O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes, imputado en la Operación Pokémon, que también repite como candidato.
La Rioja
Esta misma semana ha habido avances judiciales sobre el caso de la sede del PP de La Rioja. Según avanzó infoLibre, Pedro Sanz, presidente de La Rioja desde 1995, designó en 2008 a dos miembros de su Gobierno regional, el consejero de Hacienda y el director general de Presupuestos, como “interlocutores” ante el Banco de Santander para negociar el préstamo de 900.000 euros con que afrontar la compra de una sede para el PP en Logroño.
Así consta en un documento aportado por el banco al juez Pablo Ruz e incorporado a la pieza separada donde se investiga el supuesto uso de 180.000 euros de dinero negro de la caja B del partido para la adquisición de uno de los locales comerciales que terminarían integrándose en la nueva sede.
Por motivos de agenda, Pedro Sanz no tiene previsto acudir a la clausura de este acto del PP. En representación de su comunidad asiste Javier Ureña, director de la Agencia de Desarrollo Económico.
Dirección nacional
En medio de todos estos escándalos, salpicados por prácticamente toda la geografía nacional, el juez Ruz reveló en un auto dictado hace un par de semanas que el PP pagó otros 750.000 euros con dinero negro en las obras de reforma de su sede central. Se suman a los descuadres de 960.347 euros que fueron descubiertos en junio pasado. En total, 1,7 millones de euros.
Rajoy anuncia que va a “tomar la iniciativa” contra la corrupción cinco años después de estallar el 'caso Gürtel'
A partir de un informe de la Agencia Tributaria, el juez añade que las obras de reforma de la planta baja, que se llevaron a cabo en 2006 –el delito fiscal podría haber prescrito– presentan un desfase de 750.095 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica "con fondos ajenos al circuito económico legal".
Según el auto, sólo una parte de estos fondos, 184.000 euros, "habrían tenido reflejo" en la contabilidad B que gestionaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
Sobre este asunto, lo único que señalan desde la dirección nacional del PP es que no puede hablarse de pagos en negro porque en el partido sólo existe una contabilidad, la oficial, que está depositada en el Tribunal de Cuentas.
Hace un par de semanas, en pleno sobresalto por la imputación del ex secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, la solicitud de Rodrigo Rato de baja voluntaria por su implicación en el escándalo de las tarjetas de Caja Madrid y cuando se conocieron nuevos datos sobre los pagos en B de las obras de la sede nacional del partido, los conservadores anunciaron para este viernes y sábado unas jornadas de "estabilidad y buen gobierno en comunidades autónomas". Una forma de desviar el foco de los escándalos de corrupción que sorprenden a la formación de Gobierno casi a diario y de ponerlo en la gestión en aquellos territorios en los que gobiernan. En lo que ellos llaman "buenas prácticas". Tras el terremoto del barómetro del CIS, el partido de Mariano Rajoy parece dispuesto a no cambiar de estrategia y fiarlo todo al discurso de la recuperación económica y a movilizar a sus votantes tradicionales que ahora están instalados en la abstención apelando a otro discurso: el del miedo a Podemos, el partido revelación desde su brillante estreno en las elecciones europeas. Es una opinión que no todos sus compañeros comparten.