El escándalo de Acuamed, la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura que desde hace un año investiga la Audiencia Nacional por el presunto amaño sistemático de adjudicaciones y el pago de sobrecostes ficticios, ya ha tenido consecuencias. A lo largo de 2016, y así lo han confirmado a infoLibre fuentes del Ministerio de Hacienda, el Gobierno ha comunicado a la Comisión Europea su decisión de “retirar” nada menos que 25,6 millones de euros de fondos comunitarios que habían sido asignados a 17 proyectos hidráulicos impulsados por Acuamed. Hacienda insiste en que solo hay “retirada” y no “renuncia” porque el dinero “se reasignará a otros proyectos”. La primera “retirada” se efectuó en mayo. La segunda, tras un segundo informe interno de Agricultura fechado en julio.
Documentos oficiales a los que infoLibre ha tenido acceso constatan que la primera retirada de fondos, por 7,9 milllones, fue notificada a la UE mediante una carta que salió del Ministerio de Hacienda hacia Bruselas el 18 de mayo, aunque aparece fechada el día 5 de ese mes y adjunta un informe de Agricultura datado el 13.
Un mes antes, y así lo especifica el texto, la Comisión había cursado una misiva a Hacienda en la que expresaba su "preocupación" por la situación de Acuamed al tiempo que requería datos sobre “el estado de la investigación y el resultado de las medidas” que se estuvieran llevando a cabo.
La víspera de que la carta de Hacienda a la UE fuera sellada en el registro de salida del Ministerio, dos altos cargos de Agricultura habían señalado en su declaración ante el juez al exministro y hoy eurocomisario Miguel Arias Cañete como el principal mentor de Arcadio Mateo, exdirector general de Acuamed y a quien los investigadores consideran jefe de la trama corrupta. En el auto judicial que exoneró en octubre a esos dos altos cargos -Federico Ramos, que había dimitido meses atrás como número 3 de Soraya Sáenz de Santamaría, y Liana Ardiles, directora general del Agua-, el juez Eloy Velasco escribió lo siguiente: que Arcadio Mateo era "persona de mayor confianza del entonces ministro" que Ramos y Ardiles. De hecho, añade el magistrado, Arcadio Mateo "consiguió que [el ministro] quitara a Liana Sandra Ardiles la presidencia de Acuamed mientras que Federico Ramos no consiguió la destitución de Arcadio Mateo cuando se lo pidió".
En las 17 infraestructuras afectadas la retirada es en todos los casos parcial. Es decir, al menos de momento siguen beneficiándose de gran parte de los fondos originalmente dotados por Europa. Y el dinero se retira “por precaución”, remachan fuentes del ministerio que dirige Cristóbal Montoro. “No se pierde porque se reasignará a otros proyectos”, reiteran los portavoces ministeriales.
Sin noticias de la Oficina Antifraude de la UE
Pero no solo las infraestructuras de la lista negra sujeta a esa retirada de fondos quedan tocadas sino que en las instituciones comunitarias persiste la sospecha de que los fondos se han usado sin control y de manera fraudulenta. De hecho, Hacienda confirma que la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) no ha comunicado todavía a España a qué punto le han conducido sus averiguaciones tras el requerimiento de documentación lanzado, y cumplimentado, en cuanto estalló el caso.
Las fuentes consultadas en Hacienda han corroborado a este diario que posteriormente hubo una segunda retirada de fondos europeos por 17,7 millones. Esa segunda decisión se produjo igualmente de manera precautoria -remarca el Ministerio- una vez conocidos los resultados de un programa de verificación de proyectos de Acuamed ajenos a la causa judicial y desarrollado por técnicos de Agricultura en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP).
Según el Ministerio, ese segundo informe ofrece reparos a 13 infraestructuras analizadas, “pero eso no significa que haya irregularidades penales sino administrativas, como que falte por ejemplo una factura”. Fechado en julio de 2016, ese segundo informe fue difundido dos meses más tarde por la plataforma filtrala.org, que facilitó el documento a tres medios digitales: eldiario.es, lamarea.com y diagonalperiodico.net
Los 25,6 millones retirados habían sido otorgados por la UE para las 17 infraestructuras ya aludidas. De ellas, cuatro figuran entre las siete que a comienzos de año, el 20 de enero de 2016, había incluido el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el auto que destapó la envergadura de las supuestas ilegalidades detectadas en Acuamed. Esas cuatro obras pierden 7,9 millones de fondos europeos. Las otras 13 son ajenas al contenido de la citada resolución judicial y se quedan sin 17,7 millones de ayudas europeas.
El Gobierno intentó minimizar ante Bruselas el alcance del fraude de Acuamed al retirar los primeros fondos
Los cuatro proyectos incluidos en el auto inicial del juez Velasco y que se ven afectados por la retirada parcial de fondos son la presa avenida Rambla Gallinera (Valencia), la desaladora de Campello-Campello-Mutxamel (Alicante), las tuberías de Cerro Colorado (Murcia) y la presa de antiavenidas del río Serpis en Valencia.
Entre los 13 proyectos no mencionados en ese auto judicial y a los que Hacienda retiró fondos europeos tras el informe de julio efectuado por Agricultura en colaboración con el Colegio de Ingenieros figuran, por ejemplo, el acometido en cuanto a la desalación y obras complementarias para el Campo de Dalias (Almería), las obras de abastecimiento del área metropolitana de Sagunto (Valencia), y la desaladora de Oropesa (Castellón).
El escándalo de Acuamed, la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura que desde hace un año investiga la Audiencia Nacional por el presunto amaño sistemático de adjudicaciones y el pago de sobrecostes ficticios, ya ha tenido consecuencias. A lo largo de 2016, y así lo han confirmado a infoLibre fuentes del Ministerio de Hacienda, el Gobierno ha comunicado a la Comisión Europea su decisión de “retirar” nada menos que 25,6 millones de euros de fondos comunitarios que habían sido asignados a 17 proyectos hidráulicos impulsados por Acuamed. Hacienda insiste en que solo hay “retirada” y no “renuncia” porque el dinero “se reasignará a otros proyectos”. La primera “retirada” se efectuó en mayo. La segunda, tras un segundo informe interno de Agricultura fechado en julio.