El Gobierno intentó minimizar ante Bruselas el alcance del fraude de Acuamed al retirar los primeros fondos

El informe del Ministerio de Agricultura enviado el 18 de mayo de 2016 a la Comisión Europea y en el que se notificaba la retirada de los primeros 7,9 millones de fondos europeos por el escándalo de Acuamed intentó minimizar el alcance del fraude. Meses más tarde, el Gobierno retiró otros 17,7 millones de proyectos de Acuamed no mencionados en la resolución del juez Velasco. 

La primera notificación de retirada se produjo cuatro meses después de que un demoledor auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco alertase del presunto y sistemático amaño de adjudicaciones y pago de sobrecostes ficticios en Acuamed y cuando la Comisión Europea ya había expresado al Gobierno su "preocupación". Fue entonces, después también de que la Oficina Antifraude de la UE hubiera requerido documentación a España, cuando el Gobierno trasladó a Bruselas su decisión. Pero lo hizo enviando simultáneamente un mensaje que cabría resumir así: el Ejecutivo había decidido retirar en total 7,9 millones de fondos europeos a cuatro de las siete obras investigadas por Velasco aunque solo por "precaución" o "prudencia" y no porque hubiese detectado irregularidades. 

El informe abunda una y otra vez en esa línea. Un ejemplo: la resolución judicial de Velasco que el 20 de enero de 2016 hizo estallar el caso relataba cómo en el proyecto de descontaminación física del pantano de Flix (Tarragona), y ante una "reclamación ilegal de 30 millones" planteada por los adjudicatarios –dos filiales de FCC– y "apoyada por los directivos de Acuamed pero negada por los técnicos", se pretendía "pasar de una facturación debida de 3,5 millones" a una ficticia de 40 millones. La facturación ficticia, proseguía el magistrado, se intentaba justificar "certificando unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos, creándolas con para meter conceptos extraordinarios que no existían con documentación falsa".

Ese apartado del auto lo reproduce el Ministerio en su informe. Pero su conclusión es la de que ningún daño se ha causado a los fondos comunitarios solicitados como ayuda, que en este caso ascienden a nada menos que 99,76 millones. "En nuestra opinión, ningún gasto certificado al Fondo de Cohesión es ilegal ni se ha destinado a otros fines que la ejecución de la obra, por lo que no existe ninguna irregularidad en los gastos certificados". "No procede -apostilla Agricultura- a nuestro juicio aplicar ninguna corrección". Es decir, retirar ni un euro.

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La idea de no había indicios de irregularidades pese a las "verificaciones" efectuadas se repite en el informe. Otro ejemplo: según el juez, también en el caso de la desaladora del Bajo Almanzora (Almería) se concertaron los directivos de Acuamed y los adjudicatarios de la obra, FCC y Abengoa, para que, después de que una inundación dejara "inservible" la infraestructura, los costes de reparar el fiasco se repartieran entre la administración pública y el contratista privado pese a que el contrato señalaba la obligación de este último de correr con los gastos.

¿Y qué dice al respecto el Ministerio de Agricultura en el informe enviado a la UE el 18 de mayo de 2016? Lo que viene a continuación: "El auto [del juez Eloy Velasco] no pone en cuestión la obra (ni la contratación ni la ejecución) ni los fondos cobrados de Feder por ella. Solo pone de manifiesto la posible existencia de un acuerdo presuntamente fraudulento para valorar los desperfectos ocasionados por una inundación. No tiene fondos Feder en el periodo 2007/2013". Y la consecuencia final sustentada en todo lo anterior es esta: "No consideramos que exista ninguna irregularidad que afecte al presupuesto comunitario".