Presentan una querella criminal contra la presidenta del PP cántabro por irregularidades en el congreso

Tres afiliados del PP de Cantabria han presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria  una querella criminal contra la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga; la secretaria autonómica, María José González Revuelta, y la gerente, Jesusa Sánchez, por irregularidades en el proceso congresual.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press la presentación de la querella, que según ha señalado la dirección del PP, todavía no ha sido notificada al partido. La querella se presenta en el TSJC por la condición de aforada de Buruaga, que es diputada regional. Ahora le corresponde a la Sala de lo Civil y Penal decidir o no su admisión a trámite.

La dirección del PP señala en un comunicado que los querellantes aluden a unos hechos que ya fueron objeto de una denuncia y, por lo tanto, juzgados tanto en primera instancia como ante la Audiencia Provincial de Cantabria, que decretó el archivo y sobreseimiento al no ser constitutivos de infracción penal alguna. Fuentes del sector crítico han confirmado a Europa Press que en los fundamentos de la querella se habla de "financiación ilegal" por el pago de cuotas de afiliados del PP de Laredo.

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Desde la cúpula del PP de Cantabria entienden que la querella "responde a una estrategia de acoso judicial diseñada al día siguiente del Congreso regional por quienes se niegan a asumir el resultado democrático" del cónclave. "Sus promotores saben que no va a prosperar y utilizan los tribunales al servicio de una estrategia política de desgaste de la dirección regional", sostiene la dirección del PP.

A su entender, se confirma de esta forma que los promotores de esta estrategia "no quieren la reconciliación, sino dinamitar la confianza y destruir a la organización". "Ni quieren ni han querido nunca al Partido Popular, que han utilizado en su propio beneficio", añade.

Por último, la dirección regional pide "que se ponga fin a esta estrategia de acoso político, judicial y personal, que la inmensa mayoría de los integrantes de la organización rechazan por completo".