El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha defendido la actuación "coordinada y conjunta" con el Ministerio del Interior ante un "problema de Estado" que afecta de forma excepcional al territorio ceutí donde los menores no acompañados que llegaron los días 17 y 18 de mayo viven en "condiciones de precariedad" desde hace ya tres meses.
Vivas ha manifestado en declaraciones a la Cadena COPE recogidas por Europa Press que para hacer una evaluación de la situación actual se debe partir de los días vividos el 17 y 18 de mayo, cuando Ceuta "sufrió un episodio que desbordó todas" las capacidades de actuación ya que entraron en la ciudad autónoma, que representa el 0,2 por ciento de la población española, el 10 por ciento de todos los menores no acompañados que hay en España.
Por ello, ha insistido en que este volumen de migrantes ha puesto a la ciudad en una situación "excepcional y de emergencia que requiere una respuesta de los poderes públicos" y, en ese sentido, ha asegurado que la actuación con el Ministerio del Interior ha sido "conjunta y de forma coordinada" para activar un instrumento legal que se aprobó en marzo de 2007 y que se publicó en marzo de 2013.
Vivas ha defendido la activación del acuerdo con Marruecos y asegura que se trata de un instrumento jurídico "adecuado" para atender a esta situación excepcional y de emergencia, al tiempo que ha subrayado que se está actuando "en interés" de los menores que, donde "mejor está es con su familia, su gente y su entorno".
Sin embargo, ha admitido que en la actualidad las condiciones en las que estos menores se encuentran tres meses después de su llegada a Ceuta, debido a las posibilidades de acogida de la Ciudad Autónoma "son de precariedad".
Vivas ha resumido que un tercio de ellos están en la calle, sin techo; otro tercio en un polideportivo y otros en barracones en un campamento. "Como usted comprenderá no son condiciones aceptables y esta es la solución que la ley contempla y que tiene amparo legal", ha defendido.
Respecto a este instrumento jurídico opina que "lo fundamental" es que se están estableciendo las "garantías necesarias" para que se produzca la reunificación familiar de los menores y que en caso de que esto no sea posible queden al amparo de entidades de acogida en su país de origen. "No olvidemos nunca que esto no se puede prolongar más en el tiempo", insiste.
Preguntado por si la administración ceutí ha emitido expedientes individualizados de los menores, Vivas ha afirmado que colaborará "en todo lo que sea necesario con la justicia" aunque sin aclarar si efectivamente estos informes se han realizado. Sin embargo, ha admitido que esta es "la primera vez" que se pone en marcha este convenio y que "el camino se hace también al andar" por lo que "si ha habido algún defecto, se subsanará".
Respecto a la posibilidad de situación de vulnerabilidad de algunos de estos menores ha afirmado que todos han estado "debidamente atendidos" durante estos tres por un equipo de psicólogos y de trabajadores sociales que han detectado algunas de estas situaciones en ciertos menores.
"Los vulnerables están siendo debidamente atendidos", ha sentenciado, de modo que garantiza en los casos que sea posible se producirá una reunificación con sus familias y los que no quedarán "a cargo de una institución de acogida". No obstante, considera que "Ceuta no puede pagar los platos rotos de algún defecto de índole jurídica que se pueda dar" en una situación "insostenible" de emergencia humanitaria para estos menores y de emergencia social para la ciudad autónoma.
Por eso, si la justicia dictamina que estas devoluciones deben paralizarse el presidente Ceutí se tendrá que "reunir sin dilación y de forma inmediata" con el Gobierno aunque, a continuación, ha asegurado que habla "frecuentemente" con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. "Esto se está haciendo de forma conjunta", ha apostillado porque "cualquiera entiende" la "desproporción que representa que Ceuta, con el 0,2 por ciento de la población española tenga el 10 por ciento de todos los menores no acompañados en el conjunto del país.
En todo caso, ha defendido la actuación del gobierno ceutí "en un tiempo absolutamente récord" y con medios "limitados" para atender a los menores cuando llegaron a mediados de mayo para que tuvieran un techo, pero que les podía servir para "15 días o un mes pero no para tres meses". En ese sentido, ha elogiado la "sensibilidad y solidaridad" del pueblo de Ceuta al que "no se le pueden dar lecciones". Interrogado asimismo por el hecho de que este convenio no se haya puesto en marcha con anterioridad ha explicado que se debe a "distintas circunstancias" y porque las "relaciones diplomáticas con Marruecos atraviesan por distintas circunstancias".
De ese modo, ha justificado el acuerdo de 2007 con Marruecos porque Ceuta es "fronteriza", porque esta frontera es terrestre y porque tiene una singularidad que no tienen otros países.
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A nivel político, Vivas no ve "ninguna contradicción" con el Partido socialista a nivel nacional con el que manifiesta una "coincidencia plena" y ha manifestado que tanto él como Grande Marlaska buscan "el cumplimiento de la ley", aunque a las cuestiones jurídicas tendrá que dar solución el juez.
Por último, ha solicitado una "actuación conjunta y una estrategia compartida" para lograr la sostenibilidad de Ceuta cuyo día a día es distinto al del resto de España. "Creemos que es fundamental una estrategia que refuerce la idea con más medidas políticas para que Ceuta sea más España y más Europa en niveles de prosperidad, creación de empleo o servicios públicos" ha reclamado el presidente de la Ciudad Autónoma que, al mismo tiempo quiere "mejores relaciones con el país vecino".
Sobre la postura de Marruecos ha elogiado su "actitud muy colaboradora y comprometida" y ve positivo que ambos países se hayan puesto de acuerdo, después de 14 años, para activar el mecanismo para devolver a estos menores no acompañados.
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha defendido la actuación "coordinada y conjunta" con el Ministerio del Interior ante un "problema de Estado" que afecta de forma excepcional al territorio ceutí donde los menores no acompañados que llegaron los días 17 y 18 de mayo viven en "condiciones de precariedad" desde hace ya tres meses.