Presiones, purgas e información privilegiada al PP: las acusaciones que el fiscal general debe aclarar en el Congreso

El Congreso de los Diputados acoge este miércoles una comparecencia poco frecuente. El fiscal general del Estado acude a la Comisión de Justicia para hacer frente a sendas peticiones de comparecencia de PSOE y Ciudadanos. Los socialistas quieren que José Manuel Maza rinda cuentas de los criterios de su departamento "respecto a la persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos". La formación naranja pretende, por su parte, que explique cómo mantiene "los principios de legalidad, imparcialidad y defensa del interés público, para hacerlos compatibles con los de unidad de actuación y dependencia jerárquica".

El Partido Popular, con su presidente y el titular de Justicia a la cabeza, ha negado cualquier tipo de injerencias políticas en la instrucción de los casos de corrupción –muchos de ellos afectan al PP–, pero las formaciones de la oposición consideran que una vez se supere el trámite del fiscal general del Estado, deberá rendir cuentas el ministro Rafael Catalá.

A continuación, infoLibre repasa las cuestiones a las que José Manuel Maza deberá dar respuesta. Van desde la actuación de su departamento en el caso que afecta al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a la forma en la que su antecesora, Consuelo Madrigal, dejó el cargo.

  Investigación al presidente de Murcia

El PP siempre ha hecho una defensa cerrada de Pedro Antonio Sánchez, independientemente de que los casos que le afectan –Púnica y Auditorio– se han complicado para él a medida que avanzan las investigaciones judiciales. Pero hay un hecho que está en el origen de la comparecencia de Maza de este miércoles, que disparó las alarmas de los partidos de oposición y de las asociaciones profesionales. Todo arrancó el lunes 13 de febrero, cuando el instructor del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, dictó un auto en el que conformaba la pieza relacionada con las actividades de la trama en Murcia y atribuía la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada a Pedro Antonio Sánchez, y otros cinco a la senadora del PP Pilar Barreiro.

Según Velasco, Sánchez se habría concertado con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación on line para reformar su imagen en su carrera para presidir la Región de Murcia. En este momento, la maquinaria de argumentarios del Partido Popular empezó a funcionar a pleno rendimiento. Sánchez nunca había contratado con la trama de De Pedro y, por tanto, no se podían juzgar intenciones o supuestas intenciones que no cuajaron, defendían desde Génova. También recordaban que su presidente regional –gracias al apoyo de Ciudadanos– sufría una verdadera persecución con origen en el Partido Socialista que se caía por su propio eso si se tenía en cuenta que de "15 o 16 denuncias" previas todas habían sido archivadas.

A medida que pasaban las horas, era el argumentario del PP el que se iba cayendo por su propio peso. Como demostró infoLibre, no existían las decenas de denuncias de las que habló hasta el propio Rajoy. También empezaron a crecer las incógnitas y, con ello, las sospechas de que Pedro Antonio Sánchez, miembro del partido del Gobierno, había contado con información privilegiada de los casos que le afectan en algún momento del proceso.

Un día después de que se conociese el auto de Velasco el presidente de Murcia concedió una entrevista a la Cope en la que aseguró conocer que, además de la Fiscalía Anticorrupción, también "cuatro fiscales jefe de las cuatro salas de lo Penal del Tribunal Supremo" se oponen a que se le investigue. ¿Se trataba de información privilegiada? ¿Había tratado este asunto con el ministro Catalá durante en el fin de semana en el encuentro que mantuvieron ambos en las instalaciones de la Caja Mágica de Madrid, donde el PP celebró su 18 Congreso Nacional? En su equipo respondieron de forma atropellada a las dudas. Primero respondieron a infoLibre que había tenido conocimiento de ello "por la prensa". Y horas después apelarían a una especie de secreto profesional para no aclarar nada.

El puzzle se iba completando. Dos días después del que Velasco dictase el citado auto se conoció que su anuncio se produjo pese al desacuerdo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, quienes se opusieron al informe suscrito por las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez. Las dos fiscales involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero la Fiscalía General ordenó no acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por Belén Suárez pero no por las dos fiscales.

La reacción del ministro de Justicia fue la de calificar de "anómalo" que las fiscales se negaran a firmar el escrito favorable de la Fiscalía Anticorrupción. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", dijo. También señaló que "la negativa" de las fiscales a seguir la orden del fiscal general "generará algún tipo de actuación interna", algo que llevó a las tres asociaciones de fiscales a reprochar al ministro sus palabras.

  El chalet del vicepresidente del Senado

Un día después de conocerse que la Fiscalía había impuesto no acusar al presidente de Murcia en el marco del caso Púnica, trascendía que no era un caso aislado. También llamaba la atención que no era el primer caso que afectaba a un dirigente del Partido Popular. El diario El Mundoinformaba de que la Fiscalía General había intervenido en la investigación del chalé del expresidente de La Rioja y vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz. 

La causa por presunta prevaricación urbanística fue archivada el pasado enero al considerar el fiscal del caso que no había indicios suficientes para ordenar la investigación penal. 

El caso se remonta a 1982. A partir de ese momento, relata el citado medio, Sanz fue transformando gracias a sucesivas licencias y a la permisividad del Ayuntamiento de Villamediana de la Iregua una caseta de labranza en un chalé de dos plantas. Se trataba de suelo no urbanizable.

El hecho de que esta información saltara a la luz condujo a que las demandas de la oposición para que Maza se explicase en el Congreso fuesen más insistentes. El tema salió incluso en la sesión de control al Gobierno del miércoles pasado, cuando el líder de Podemos, Pablo Iglesias, incluyó este caso entre los escándalos de corrupción que afectan al PP en una pregunta formulada al presidente del Gobierno.

  ¿Purgas en la Fiscalía?

Como broche de todas estas polémicas actuaciones, el pasado miércoles se conoció la propuesta de Maza al Consejo de Ministros para designar al fiscal del Tribunal Supremo Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción. La jefatura estaba vacante desde que Antonio Salinas se jubiló el pasado mes de octubre. Para fiscal jefe de la Audiencia Nacional propuso al actual teniente fiscal en este departamento, Jesús Alonso.

Los relevos vinieron a alterar la investigación de los principales casos de corrupción, afectando, por ejemplo a la Fiscalía de Murcia, donde se instruyen las causas que afectan a Pedro Antonio Sánchez.

Moix era fiscal superior de Madrid cuando este departamento presentó la querella por la que se inició la causa por el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

La Fiscalía de Madrid, durante la etapa de Moix como jefe, tuvo también un papel clave en la causa contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. La ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid se vio inmersa en un proceso judicial por un incidente de tráfico con unos agentes de movilidad, en el que presuntamente se dio a la fuga mientras estaba siendo multada por aparcar en el carril bus de la madrileña Gran Vía. El Ministerio Público mantuvo en todo momento que este hecho se trataba de una falta y no de un delito.

Maza también apostó por relevar al hasta ahora fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Su sustituto será Jesús Alonso, hasta la fecha portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales.

Como se esperaba, el fiscal general tampoco renovó al fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal. Le sustituye uno de sus hombres de confianza, José Luis Díaz Manzanera, miembro de la conservadora Asociación de Fiscales.

Bernal se despidió de su cargo son serias acusaciones de presiones por luchar contra la corrupción. Y Catalá le reprochó que no lo hubiera denunciado con anterioridad. "Puedo asegurar que hablé con el fiscal de Anticorrupción, Antonio Salinas, para que lo pusiera en conocimiento de la fiscal general Consuelo Madrigal", dijo en declaraciones a infoLibre, al tiempo que reiteró que los ataques también fueron denunciados a la Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional.

El PSOE ya avanzó la semana pasada que exigirá la dimisión del fiscal general del Estado si este no explica "suficientemente" en su comparecencia su "purga masiva de más de 30 fiscales que han luchado contra la corrupción".

  El relevo de Consuelo Madrigal

Esta crisis ha servido, además, para que muchas de las miradas se dirijan a la forma en la que la antecesora de Maza dejó el puesto. Fue el pasado noviembre cuando se conoció que Consuelo Madrigal no iba a ser renovada y que Mariano Rajoy había optado por dejar en manos de este juez conservador la renovación de la Fiscalía. En sectores judiciales, Maza era considerado "más cómodo" para el Ejecutivo que la propia Consuelo Madrigal y su antecesor, Eduardo Torres-Dulce.

Fuentes del Consejo Fiscal, el organismo asesor del fiscal general del Estado, confirmaron a infoLibre que desde el Ministerio de Justicia se sugirió a Consuelo Madrigal que llevara a cabo algunos de los movimientos que ha acabado poniendo en marcha su sucesor. A saber: relevar a Javier Zaragoza de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, colocar a Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción o cesar al fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal.

Las mismas fuentes destacan el hecho "prácticamente inédito" "prácticamente inédito"de que el nuevo fiscal general "ni siquiera ha argumentado o motivado" esos nombramientos ante el propio Consejo Fiscal, como siempre se ha hecho". Al parecer, Maza simplemente dijo que lo haría esta semana.

La oposición ve insuficientes las explicaciones del fiscal general, que niega "seguidismo" al Gobierno

Ver más

En el entorno de Madrigal confirmaron a este diario que ella misma ha verbalizado su malestar por el hecho de que la negativa a acatar estas directrices le acabara costando el puesto. Dentro del propio Consejo Fiscal varios de sus miembros, como el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, considerado conservador, expresaron por ejemplo su desacuerdo con el relevo de Javier Zaragoza en la Audiencia Nacional, cuya valía no es cuestionada en círculos judiciales.

Maza tendrá también la oportunidad de explicar este episodio en la comparecencia parlamentaria de este miércoles.

Hasta la fecha, ha habido un pronunciamiento al respecto del ministro de Justicia. "No es cierto que la causa de que Madrigal continúe o no tenga que ver con un nombramiento concreto", defendió Catalá este mismo lunes al tiempo que añadió que "el ministro no le dice al fiscal general del Estado a quién tiene que nombrar".