Las presuntas irregularidades en un contrato de más de 3 millones obligan a la empresa pública de basuras de Alcorcón a investigar

El PP de Madrid vuelve a tener problemas con las adjudicaciones de contratos públicos. Según ha podido saber infoLibre, la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa), dependiente del consistorio gobernado por el conservador David Pérez, decidió este miércoles abrir una investigación interna al identificar la existencia de posibles irregularidades en el contrato de alquiler de los camiones utilizados para la recogida de basuras del municipio. Dicho contrato se licitó en 2014 y acabó en manos de una empresa llamada Transtel S.A. El problema es que nadie dentro de la empresa puede identificar quién, cuándo ni por qué motivo se encargó el informe técnico que avaló y recomendó la contratación de Transtel, ni tampoco su precio, y ningún documento prueba –al menos por el momento– ni siquiera que Esmasa solicitase este informe.

En 2014, la empresa pública Esmasa –que se encarga de la limpieza y el mantenimiento viario y la recogida de basuras en Alcorcón– puso en marcha un concurso para adjudicar un contrato destinado a alquilar vehículos para la recogida de basuras en el municipio de Alcorcón, valorado en más de tres millones de euros. Para ello, y según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, Esmasa contrató en mayo de ese año a la consultora RK Consultants únicamente para que redactase los pliegos a los que debían adaptarse las compañías que optaran a conseguir la adjudicación. Por este servicio, la empresa pública pagó a RK Consultants unos honorarios de 2.200 euros.

Dichos pliegos se entregaron a Esmasa, y la empresa pública los utilizó para iniciar el concurso. Al mismo sólo concurrió Transtel, una compañía especializada en el "alquiler y renting de vehículos industriales". El 25 de agosto de 2014 se reunió la Mesa de Contratación de Esmasa, y allí se admitió la documentación técnica presentada por Transtel, cuya oferta pasó a quedar pendiente de ser valorada mediante "los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor". Apenas tres días más tarde, el 28 de agosto, volvió a reunirse este mismo órgano y allí –según recoge el acta de la reunión– se propuso formalmente "adjudicar a Transtel el suministro, tipo renting"renting, de los vehículos de recogida de basuras.

Pero esta recomendación no solo se hizo porque la de Transtel fuera la oferta "económicamente más ventajosa". En esta segunda reunión de la Mesa de Contratación también se leyó un informe fechado el 25 de agosto y redactado por Nuria Gómez Vendrell, jefa del área técnica de Esmasa. En dicho informe se explicaba que la documentación presentada por Transtel para hacerse con la adjudicación había sido valorada positivamente "por la empresa RK Consultants, designada por Esmasa para la elaboración del pliego de prescripciones técnicas".

Es decir: el mismo día en el que se admitió la documentación técnica aportada por Transtel para hacerse con la adjudicación (el 25 de agosto), Esmasa ya contaba con un informe técnico que avalaba esta oferta redactado por RK Consultants. Según este informe, si se eligió a esta compañía para evaluar la idoneidad con la que Transtel podía desempeñar los servicios de alquiler de vehículos fue porque se entendía que los mismos consultores que habían redactado los pliegos eran los "mejores conocedores de los aspectos que afectan a su cumplimiento, para el estudio y comprobación de toda la documentación técnica presentada al concurso, de forma que se determine que es correcta y que las condiciones técnicas se ajustan al pliego y a las necesidades determinadas por Esmasa".

"No consta" que se encargara a RK ningún informe

El problema es que a RK Consultants no se la había contratado para evaluar la oferta de Transtel –una evaluación entregada con una celeridad inusitada: el mismo día que se admitió la documentación técnica aportada por la empresa de renting–, sino solo para elaborar los pliegos del concurso. Así lo admite a preguntas de infoLibre un miembro del equipo jurídico de Esmasa, que explica que "no consta en ningún documento que el informe técnico, como tal, fuera encargado" por la empresa dependiente del Ayuntamiento de Alcorcón.

Por ello, explica este asesor jurídico, la empresa pública ha abierto este miércoles un "proceso indagatorio" con el fin de descubrir de dónde salió ese informe que, en última instancia, se utilizó para avalar la contratación de Transtel. "A RK Consultants se le encargó la redacción de los pliegos, y no sabemos –y para eso se va a abrir un proceso indagatorio– si en algún momento alguien dentro de la empresa estaba comprometido con la emisión del informe técnico o no", apuntan estas fuentes jurídicas de Esmasa, que señalan que en la documentación reunida hasta el momento "solo estaba presupuestada la redacción y comprobación de los pliegos" por parte de RK Consultants.

"Lo que se va a indagar es por qué RK Consultants realizó el informe técnico" que avaló la contratación de Transtel y "cómo llega RK Consultants a [trabajar con] Esmasa, es decir, quién le solicita presupuesto", resume este miembro del equipo jurídico de Esmasa, que sostiene que "si ha habido algún tipo de irregularidad, nace de quien ha solicitado ese informe que, según la documentación que obra [en poder de la empresa], RK Consultants no tenía que haber emitido". En esta investigación interna, afirman estas fuentes, se consultará "a todas las personas que intervinieron: desde la técnica que pidió el informe hasta el técnico que colaboró con la empresa cuando se emitieron los pliegos, así como la jefa de Administración: todos los trabajadores de Esmasa que han tenido participación en la adjudicación de este contrato".

La Cámara de Cuentas no encontró irregularidades

infoLibre se puso en contacto con el Ayuntamiento de Alcorcón el pasado martes para pedirle detalles sobre este asunto. En concreto, este diario preguntó al consistorio de David Pérez cuándo y mediante qué procedimiento se encargó a RK Consultants que evaluase la oferta de Transtel, cuál fue el precio de dicho servicio y cuándo se abonó, en qué fecha Esmasa entregó la documentación necesaria sobre Transtel a RK Consultant para la elaboración del informe y qué responsable de la empresa pública fue el encargado de hacer estas gestiones.

El Ayuntamiento se limitó a responder este miércoles que no podía resolver estas dudas porque carecía de la información dado que Esmasa es una empresa que opera de forma independiente, además de asegurar que no existe "ninguna irregularidad" en el encargo de la redacción de los pliegos para este concurso y recordar que nadie ha "impugnado" la adjudicación. Asimismo, la corporación municipal sostuvo que es "habitual" que si una empresa redacta los pliegos para un concurso público de Esmasa sea esa misma empresa la que evalúe las ofertas dado que es quien mejor conoce dichos pliegos, una interpretación que otras fuentes consultadas rechazan.

Este viernes, el Ayuntamiento de Alcorcón se puso de nuevo en contacto con infoLibre para explicar que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid –el equivalente regional al Tribunal de Cuentas– revisó la adjudicación de Esmasa a Transtel sin encontrar ninguna irregularidad en la misma. En un informe hecho público en 2016, la institución incluyó los resultados de la fiscalización de parte de los contratos realizados por los ayuntamientos y entes públicos en el año 2014. Entre ellos, se analizó la adjudicación que ahora investiga Esmasa, y en sus conclusiones la Cámara de Cuentas no denunció ninguna mala práctica con respecto a ese contrato.

Ganar Alcorcón presentará una moción de censura

No obstante, no todo el mundo ha quedado satisfecho con las explicaciones dadas por el momento. Ganar Alcorcón –la marca de Podemos en el municipio, que es la tercera fuerza en número de concejales tras PP y PSOE– ha anunciado que presentará una moción de censura contra el alcalde David Pérez "tras el último escándalo de corrupción" de los conservadores. "La contratación de Trasntel por parte de Esmasa, bajo la gestión del PP en 2014, podría haberse realizado de manera ilícita, incluyendo falsedad documental, para adjudicarle un contrato de 3,5 millones de euros a esta empresa", denuncia el grupo, cuya concejala Raquel Rodríguez (también consejera de Esmasa) criticó "el perjuicio que ha causado para beneficiar y proteger los intereses de Transtel".

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Por su parte Jesús Santos, portavoz de Ganar Alcorcón, afirmó que "el PP no puede seguir gobernando" porque "está más atento a beneficiar a empresas amigas y a su propio partido" que a "resolver los problemas de la ciudad". Además de la moción de censura, fuentes de la formación explican que Ganar Alcorcón tiene previsto presentar la semana que viene una querella por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación y cohecho contra Javier Rodríguez Luengo y Susana Mozo, que en 2014 eran consejero y presidenta, respectivamente, de Esmasa y que actualmente son concejales del PP –Mozo, además, sigue estando en el Consejo de Administración de Esmasa–.

Sin embargo, esta no es la única polémica que ha salpicado el contrato de Esmasa con Transtel. El pasado abril, la Cadena Ser hizo pública la existencia de un informe interno de la empresa pública que concluía que Transtel suministró con hasta 223 días de demora los vehículos contratados en 2014. Según el contrato, este incumplimiento debería haber supuesto la aplicación de una penalización de más de 81.000 euros–que fuentes de la empresa rebajan a algo más de 40.000 euros–, si bien Esmasa evitó reclamar ese dinero a Transtel.

Además, Ganar Alcorcón relaciona este contrato con el suscrito por Esmasa con la empresa de reparación de vehículos Jotrinsa, cuyo nombre aparece en el sumario del caso Lezo. Ese contrato se encuentra actualmente bajo investigación judicial, y en el caso están imputados varios responsables de la empresa pública, entre ellos Nuria Gómez Vendrell, la misma persona que redactó el informe en el que se anunciaba que RK Consultants había sido la encargada de evaluar la oferta de Transtel. Según publicó El Confidencial en febrero, un informe interno de Esmasa denunció que la empresa pública pagó en 2012, 2013 y 2014 facturas por valor de 1,1 millones de euros euros a Jotrinsa, cuando los contratos oficialmente suscritos con esa mercantil solo alcanzaron los 285.194,33 euros.