Casi el 60% del gasto militar en España figura en partidas presupuestarias ajenas al Ministerio de Defensa. Varias organizaciones denuncian que se trata de una táctica de los sucesivos Gobiernos para ocultar el verdadero desembolso en esta materia. Estas mimas fuentes aseguran que, mientras que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 contemplan un gasto de algo más de 5.700 millones, esa cantidad acabará disparándose por encima de los 13.600, unas dos veces y media más.
La diferencia, explica Pere Ortega, investigador del Centro de Estudios por la Paz JM Delàs, se debe a un verdadero ejercicio de contabilidad creativa. El experto resume en una frase la situación: “Las cifras son las cifras, pero el Gobierno hace las cuentas según sus intereses”. A los gastos que oficialmente corresponden a Defensa hay que añadir varios conceptos para obtener la cantidad final. A saber: organismos autónomos del Ministerio de Defensa, las clases pasivas militares, la Guardia Civil (que sufraga Interior) y los créditos para I+D que Industria concede a las empresas de armamento.
No son los únicos conceptos que no se incluyen en el presupuesto oficial de Defensa. En 2013 Fomento pagará 280.000 euros para la coordinación de efectivos militares y civiles que trabajan en la seguridad aérea; Exteriores, 51 millones como contribución a organismos militares internacionales y Presidencia, 203 millones para el CNI. Preguntado sobre la pertinencia de contabilizar todos estos conceptos como “gasto militar”, Pere Ortega defiende que no se trata de una suma arbitraria, ya que el cálculo se basa en los criterios que la OTAN tiene establecidos para hacer posibles comparaciones de gasto entre países. Documentos de la organización internacional refrendan esta versión y muestran que el gasto que la OTAN atribuye a España supera ampliamente las magnitudes del presupuesto del Ministerio de Defensa.
Por la puerta de atrás
No es lo único que preocupa a los expertos. Los mecanismos por los que el Gobierno concede más presupuesto a Defensa escapan con frecuencia al control parlamentario y consiguen, de paso, esquivar la atención de la opinión pública. Este hecho deriva de la escasa dotación que recogen las cuentas del Estado para partidas que se sabe que requerirán de mayores desembolsos, sostiene Ortega. Los casos más claros son el de las misiones en el exterior y el del pago de programas de armamento.
En el primero, pese a que el coste de desplazamiento de militares españoles a otros países nunca ha bajado de los 500 millones de euros desde 2006, los Presupuestos Generales del Estado siempre han reservado para ello cantidades inferiores a los 20 millones. ¿El resultado? El Gobierno decreta a mitad de ejercicio la ampliación de la capacidad de gasto por procedimientos de urgencia. Lo mismo ocurre con el pago de armamento. Aunque el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, ha reconocido que los abonos superarán en 2014 los 900 millones de euros, el proyecto de los presupuestos apenas les destina 6,8 millones, explica Ortega.
Así, a lo largo 2012 el presupuesto de Defensa fue aumentado en varias ocasiones. De los 6.316 millones de euros inicialmente presupuestados, se pasó a 9.142 millones, una desviación del 44,7%. Para lograrlo, el Ejecutivo aprobó créditos extraordinarios por valor de 1.827 millones, amplíó partidas por importe de 763 millones, transfirió otros 3 millones desde otros organismos e hizo uso de los 243 millones que Defensa generó por sus propios ingresos. Total: 2.826 millones extra para el gasto en defensa.
No es un fenómeno novedoso. Si se comparan los datos del presupuesto del Ministerio de Defensa de los últimos años y las cifras de ejecución presupuestaria, es decir, lo que finalmente se gastó, hay amplios márgenes en todos los ejercicios. La diferencia entre 2004 y 2011 siempre superó los 1.000 millones de euros, y en 2012 se disparó, por primera vez, hasta los mencionados 2.826 millones.
El Gobierno reclama galones en la UE como pago a la creciente actividad militar de España
El coste de la deuda
Finalmente, los expertos ponen el foco sobre el enorme endeudamiento asumido por el Ministerio de Defensa. En gran medida, este pasivo es consecuencia de los Programas Especiales de Armamento, los conocidos como PEAS. Se trata de grandes adquisiciones pactadas, en su mayoría, a finales de los años 90 y durante la segunda legislatura de Aznar, aunque también hay acuerdos posteriores. Con un coste inicial conjunto de 19.275 millones de euros, los sucesivos aplazamientos de los pagos han elevado esa cifra hasta los 30.728 millones, dice Ortega.
El centro JM Delàs, a partir de datos oficiales, sostiene que la deuda total contraída por la adquisición de armamento supera los 32.000 millones de euros. La consecuencia más directa es que, además del retorno de los capitales, España asume cada año una carga financiera de unos 1.300 millones de euros en concepto de intereses. Además, los investigadores de la institución critican que la gran mayoría de equipos apenas se utilizarán, y que pasarán su vida útil aparcados al tiempo que exigen un costoso mantenimiento por si llegaran a emplearse en un conflicto bélico.
Casi el 60% del gasto militar en España figura en partidas presupuestarias ajenas al Ministerio de Defensa. Varias organizaciones denuncian que se trata de una táctica de los sucesivos Gobiernos para ocultar el verdadero desembolso en esta materia. Estas mimas fuentes aseguran que, mientras que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 contemplan un gasto de algo más de 5.700 millones, esa cantidad acabará disparándose por encima de los 13.600, unas dos veces y media más.