El 14 de enero de 2020, apenas diez días después de configurarse el primer gobierno de coalición de la democracia, Pedro Sánchez se marcó como objetivo completar toda la legislatura para poner fin a la inestabilidad que caracterizó al anterior ciclo político, con cuatro elecciones generales en menos de cuatro años. Sánchez se atrevió incluso a dar números: 1.400 días de mandato. Ya ha cumplido 721, poco más de la mitad.
Lo cierto es que, pese a los augurios catastrofistas de la oposición, el Gobierno de coalición sigue su hoja de ruta y en un mismo día ha aprobado la reforma laboral en el Consejo de Ministros y los Presupuestos del año 2022 en el Congreso. Todo ello a cuatro días de que acabe un año marcado por la recuperación postpandemia con la llegada de las vacunas y que ha finalizado con el desembolso de 10.000 millones de euros como parte del primer tramo de los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Todo ello con el añadido de que ningún gobierno ha tenido una mayoría parlamentaria tan exigua como el actual. La coalición, conformada por el PSOE y Unidas Podemos, cuenta con 155 escaños en el Congreso, lo que les obliga a negociar cada ley con sus aliados parlamentarios, entre los que se encuentran Esquerra Republicana (ERC), el PNV y EH Bildu, que suman 24 diputados. Son partidos que forman parte del bloque de la investidura y que tratan de hacer valer sus votos a cambio de contrapartidas.
Sin embargo, las negociaciones no siempre son fáciles. El Gobierno no contaba con volver al Congreso en estas fechas y preferiría haber solventado los Presupuestos la semana pasada con su aprobación en el Senado. Pero una enmienda de última hora sobre las lenguas minoritarias, presentada por Compromís y apoyada por el Partido Popular, frustró sus planes. Con todo, esta votación ha vuelto a salir de cara para el Ejecutivo: ha contado con 281 votos a favor, frente a 62 en contra y una abstención.
En ese contexto, Sánchez ha tomado la palabra para agradecer los apoyos de 15 grupos para impulsar las cuentas de 2022 y para sacar pecho de los 12 pactos labrados en este periodo con la patronal y los agentes sociales. Acabó pidiendo “serenidad” y “acuerdos lo más amplios posible” en 2022. Pero el líder de la oposición, Pablo Casado, ya le ha dejado claro que esa no va a ser su política, y sus socios también han aprovechado para lanzar algunas advertencias respecto a la reforma laboral.
El Gobierno ve margen para pactar la reforma sin que se descuelgue la patronal
Las declaraciones de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, y Mertxe Aizpurúa, su homóloga en EH Bildu, a la entrada del pleno ya auguran que la convalidación de la reforma laboral será una de las batallas del próximo año. El primero ha lamentado que el Ejecutivo haya dedicado “muchas horas” a negociar con la patronal y “cero horas” a hacerlo con su grupo. “Estamos en un no bastante claro”, ha asegurado.
Por su parte, Aizpurúa considera que la norma que ha aprobado el Gobierno no se puede considerar, siquiera, una “derogación parcial” porque “no da respuesta a las necesidades de los trabajadores". “Si se queda como está no contará con nuestro apoyo”, ha zanjado. Ambas formaciones demandan que prevalezca el sector autonómico sobre el estatal -un punto que también reivindica el PNV- el control judicial sobre los ERES, la recuperación de los salarios de tramitación y el aumento de las indemnizaciones sobre los despidos.
Fuentes de la dirección de Bildu aseguran a infoLibre que no se están marcando “ningún órdago” y que no van a tener “ningún remordimiento” en votar en contra de la normativa, que llegará al Congreso en el plazo de un mes, si no se introducen cambios. En Esquerra Republicana trasladan que participarán en un “frente común” junto a los abertzales y el BNG.
El temor de estos grupos es que el Gobierno trate de buscar mayoría con el PNV y Ciudadanos, que cuenta con 9 diputados. Su portavoz, Edmundo Bal, ha destacado que el texto tiene “cosas buenas y malas” y ha manifestado su voluntad de analizarlo en profundidad. Fuentes de la formación trasladan su predisposición a dar su apoyo y ponen el foco en la mochila austríaca.
Las advertencias de los socios no desinflan los ánimos del Gobierno. Según ha podido saber infoLibre, en Moncloa creen que hay “margen” para el acuerdo y estarían dispuestos a ceder en la primacía de los sectores autonómicos en algunos supuestos y tampoco descartan mejorar las indemnizaciones por despido. Todo ello sin que la patronal se descuelgue, pese a las contundentes palabras de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que ha exigido que no se cambie “ni una coma” del texto pactado.
El que no se mueve de sus posiciones es el Partido Popular, aunque algunos de sus barones, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, ha demandado a Casado que reconsidere su posición. Para el líder popular la reforma laboral es, a la vez, “muy mala” y “humo” porque “no se deroga nada”. En la máxima dirección del partido se plantean, incluso, llevarla al Tribunal Constitucional si finalmente se convalida como real decreto-ley en lugar de hacerlo como Proyecto de Ley, tal y como demandan los socios.
Próxima parada electoral: Castilla y León
La primera cita con las urnas de 2022 será en Castilla y León. La decisión de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de disolver su acuerdo de gobierno con Ciudadanos y convocar elecciones anticipadas para el próximo 13 de marzo busca relanzar el perfil de Casado. Un calendario electoral en el que Génova lleva meses trabajando con el fin de devolver protagonismo al líder del PP, al que las últimas encuestas situaban en horas bajas.
En la dirección popular se muestran seguros de la victoria, pero hay quien no lo acaba de ver claro en el propio partido. “Mañueco no es Ayuso”, resumen fuentes populares, que tachan de “arriesgada” la “jugada” del presidente de Castilla y León. En ese sentido no creen que su “relato” sea tan claro como el de Ayuso, aunque sí que ven una oportunidad porque la izquierda “está un poco perdida” en el territorio.
En el PSOE tratarán de potenciar el perfil de Luis Tudanca como alternativa a Mañueco, aunque admiten que no será una campaña fácil. Tampoco para Unidas Podemos, al que las últimas encuestas dejan con representación mínima. El que ya ha desvelado que no participará es Íñigo Errejón, y ha manifestado que será un buen momento para ver si el problema es “el número de candidaturas”.
El 14 de enero de 2020, apenas diez días después de configurarse el primer gobierno de coalición de la democracia, Pedro Sánchez se marcó como objetivo completar toda la legislatura para poner fin a la inestabilidad que caracterizó al anterior ciclo político, con cuatro elecciones generales en menos de cuatro años. Sánchez se atrevió incluso a dar números: 1.400 días de mandato. Ya ha cumplido 721, poco más de la mitad.